La posibilidad de que las autoridades guatemaltecas emitan orden de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo Garzón, provocó roces entre los gobiernos de Guatemala y Colombia, además de reacciones encontradas entre los que celebran la posibilidad y quienes defienden con todo al ex comisionado de la CICIG.
Roxana Orantes Córdova
Iván Velásquez siempre motiva polémica. El lunes, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunció la orden de captura emitida por un juzgado competente contra cuatro involucrados en negociar los acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht: David Gaitán, ex mandatario de la CICIG; Mayra Véliz, ex secretaria del Ministerio Público (MP); Juan Pablo Carrasco de Groote, representante legal de Odebrecht y Thelma Aldana, ex fiscal general de Guatemala.
La orden se basó en que ninguno de los mencionados tenía competencias para realizar esta clase de acuerdos en nombre del estado guatemalteco, y en el caso de Aldana y Véliz, autorizaron el viaje de dos fiscales para que realizaran la negociación con la firma constructora brasileña.
Esta acción tuvo como consecuencia que Guatemala perdiera US$34 millones y los tramos carreteros que supuestamente Odebrecht debía construir, quedaran inconclusos.
En el procedimiento para lograr los convenios de colaborador eficaz con brasileños ex personeros de Odebrecht hubo más de un delito, han dicho repetidamente varios abogados y los querellantes adhesivos, Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
En el video donde informó sobre las órdenes de captura, Curruchiche también aludió a la posibilidad de que la investigación podría extenderse a Iván Velásquez y la ex funcionaria de la CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón.
Sin embargo, por el momento no se emitió ninguna orden de captura, lo que convierte en desmesurada la reacción por parte de Gustavo Petro, quien inmediatamente llamó a su embajador para consultas.
Igual de excesiva fue la respuesta de Alejandro Giammattei, quien incluso descalificó a Petro llamándolo “guerrillero”, aludiendo a su pasado en el M-19, organización muy conocida por sus vínculos con el capo Pablo Escobar Gaviria y por diversas acciones terroristas en las décadas 80-90 en Colombia.
Congratulaciones y cuestionamientos
Como ya se mencionó, las órdenes de captura contra los funcionarios colombianos no fueron emitidas, pero la sola posibilidad de que pudieran llevarse a cabo, alborotó las redes y el ruido llegó a las más altas esferas.
Curiosamente, Luz Adriana Camargo Garzón, mano derecha de Velásquez desde sus tiempos de magistrado en Colombia, no es mencionada aunque Curruchiche informó que ella también deberá responder por sus extralimitaciones en este caso.
Camargo Garzón, según un medio colombiano, sigue de la mano de Velázquez, quien la habría llevado al Ministerio de la Defensa para encargarse de la sección Veteranos y Grupo Empresarial.
La ex funcionaria de CICIG fue autora de correos en los que evidentemente interactúa como superior del abogado Carrasco, a quien incluso le indica la forma en que el convenio debía ser redactado. Esta es una innegable extralimitación y abuso en sus funciones, coinciden quienes aplauden la posibilidad de que Velásquez sea investigado.
Por otra parte, quienes defienden al ex comisionado, enfatizan en que la forma en que se está manejando el caso permitirá quedar impunes a ex funcionarios guatemaltecos implicados y más de cien diputados que recibieron soborno de Odebrecht.
Ante esta posibilidad, cabe preguntarse si la forma precipitada y con injerencia del querellante adhesivo (CICIG), no fue la principal responsable del gran desbarajuste que es el caso Odebrecht en Guatemala.
Y en último caso, la realidad es que los cuatro personajes contra quienes existe orden de captura actualmente son prófugos, aparte de que hasta el momento, las órdenes contra Velásquez y Camargo todavía están en la fase de «leyenda urbana».
