En medio de una escalada en el costo de los hidrocarburos que sitúa el galón de diésel rozando la barrera de los Q50.00 (Q49.39), el presidente Bernardo Arévalo instó al Congreso de la República a agilizar el traslado del Decreto 21-2026.
Redacción Perspectiva
La propuesta gubernamental busca fijar precios tope a los combustibles —Q39 para el diésel y la gasolina regular, y Q41 para la superior— hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, la estrategia oficial apuesta por un techo tarifario como respuesta inmediata ante un fenómeno de origen externo, mientras las reformas de fondo continúan congeladas en el debate político.
El Ejecutivo justifica la prisa en la aplicación del decreto por su facilidad de implementación frente al impacto directo en el bolsillo de los consumidores. Aunque el mandatario reconoció durante la conferencia La Ronda que un límite de precios no representa una solución estructural y dejó abierta la puerta a medidas complementarias como fondos de compensación, por ahora la apuesta gubernamental descansa en un control temporal de precios.
Dicha medida trasladará la responsabilidad de contención a las estaciones de servicio, bajo la supervisión del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).
Freno legislativo e incertidumbre de mercado La urgencia manifestada por la Presidencia contrasta con el estancamiento del trámite en el Organismo Legislativo. El envío del documento al Ejecutivo para su eventual sanción se encuentra detenido debido a recursos de objeción presentados por bloques de oposición, encabezados por la bancada VAMOS.
La revisión de estos recursos se ha complicado por errores técnicos y procedimentales dentro de los expedientes presentados, lo que ha llevado a la Junta Directiva del Congreso a pausar el proceso para determinar la viabilidad legal de los reclamos antes de remitir la ley.
Mientras la pugna política retarda la entrada en vigor de la norma, la administración central busca contrarrestar simultáneamente otros focos de presión económica, como el impacto de la sequía en la seguridad alimentaria, mediante la liberación de contingentes de granos básicos a arancel cero.
No obstante, en el sector energético, la efectividad del Decreto 21-2026 dependerá no solo del destrabe parlamentario, sino de la capacidad real del Estado para fiscalizar el mercado sin generar distorsiones en la cadena de abastecimiento antes de que termine el año.
