El presidente Jimmy Morales dijo hoy que su Gobierno facilita la acción coordinada del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para la investigación de posibles anomalías en la adjudicación de contratos en administraciones pasadas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
El mandatario aludió al tema durante una entrevista en radio Nuevo Mundo en la que comentó sobre la suspensión de los trabajos de mejoramiento y ampliación de la carretera que conduce de Cocales, Suchitepéquez, a Tecún Umán, San Marcos, en la frontera con México, y que representa una ruta estratégica para facilitar el comercio terrestre del país centroamericano. El gobernante resaltó que la adjudicación se hizo “dentro de la ley”, pero que no cumple con aspectos “éticos”, y lamentó que esta situación ahora se traduzca en el impedimento del país para tener acceso a créditos con organismos internacionales.
“La obra es estratégica para Guatemala”, defendió Morales, sin embargo, dijo que no se entorpecerá la investigación criminal, para individualizar a los “responsables”, para los cuales pidió “castigo” y catalogó de “corruptos”.
Este proyecto, con un costo total de 384,3 millones de dólares, fue uno de los más publicitados por el gobierno del presidente Otto Pérez. Su adjudicación a la empresa de origen brasileño Norberto Odebrecht es motivo de dudas por posibles anomalías por parte del entonces ministro del CIV Alejandro Sinibaldi, actualmente prófugo de la justicia por el caso “Cooptación del Estado”. “La empresa está ligada a todo un proceso en Brasil y tiene señalamientos de corrupción”, detalló el Presidente en la entrevista con radio Nuevo Mundo.
Odebrecht tiene relación con la paraestatal Petrobas, la cual permanece en el ojo de los escándalos en Sudamérica por actos anómalos que han llevado a varios funcionarios ante la justicia brasileña, desatando otras investigaciones, una de ellas contra la presidenta Dilma Rousseff, quien está a un paso de ser separada del cargo.
Morales también explicó que se analiza “demandar” a todos los involucrados en la adjudicación anómala, pero reiteró que buscarán una “solución” para que la obra “no se detenga”. En mayo, de acuerdo con el diario elPeriódico, la compañía anunció su decisión de suspender los trabajos de rehabilitación y ampliación de la carretera, con apenas 46 de los 140 kilómetros contratados, ejecutando unos 275,7 millones de dólares de los 384,3 millones de dólares disponibles, financiados con dos préstamos con bancos internacionales.
La detención se debió al aumento en el costo de la obra y la incapacidad de Guatemala para pagarla, entre otros problemas no contemplados en el diseño de la carretera. Con respecto a ese caso y otros que podrían evidenciarse en las investigaciones, Morales dijo que la lucha contra la corrupción en su gobierno “es constante” y que se mantendrá hasta conseguir los resultados que la “población exige”.
Fuente: Gobierno de Guatemala
