El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, cuenta con los suficientes medios de convicción que serán presentadas durante la audiencia de primera declaración en contra de los 15 implicados en el caso denominado Caso Caja de Pandora.
La diligencia estaba programada para este día en el Juzgado “D” de Mayor Riesgo, pero debido a la falta de espacio necesario en la sala y uno de los sindicados no contaba con defensa técnica, la audiencia fue reprogramada por la judicatura para el próximo jueves 19 de octubre a la 9:00 de la mañana.
Entre los medios de convicción que cuenta la Fiscalía, hay información que ha proveído el sistema penitenciario, declaraciones testimoniales con información que proviene de allanamientos realizados en el año 2014, extracción de dispositivos de comunicación e información de interceptación de comunicaciones telefónicas.
La investigación
Durante la investigación se determinó que la cooperativa Torre Fuerte, que su dueño el excapitán del Ejército Byron Lima Oliva reo muerto en 2016, tenía una relación comercial con la Municipalidad Capitalina, dirigida por el jefe edil Álvaro Arzú.
De acuerdo con la investigación, la cooperativa Torre Fuerte que funcionada desde el Centro Preventivo Pavoncito a cargo de Lima, se detectó la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido político Unionista y de algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Lima Oliva.
Entre los artículos que la Municipalidad Capitalina pagó a la empresa de Lima Oliva se encuentran: mantas vinílicas y mantas con imán que fueron utilizadas en actividades políticas.
De igual forma se pudo documentar la existencia de plazas fantasma en la Municipalidad de Guatemala, tanto para Alejandra Reyes, compañera sentimental de Lima Oliva, así como para su madre Elizabeth Ochoa Barrios y para Andrea Monzón Ramos de Villanueva, esposa de Obdulio Villanueva, quien fue condenado junto con Lima por la muerte del obispo, Juan José Gerardi Conedera en 1998; el reo falleció durante un motín en el Preventivo para Hombres de la zona 18.
Las plazas fueron otorgadas en la Empresa Metropolitana de Transportes (EMETRA), dirigida por Howard Yang, en 2007.
Durante las pesquisas se estableció que Lima Oliva le solicitó por medio de una carta apoyo económico al alcalde Arzú, el cual consistió en Q727 mil para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados. Esta información la proporcionó la compañera sentimental de Byron Lima Oliva. Asimismo, por la información que facilitó, la cual estaba contenida en su teléfono móvil.
De igual forma también se explicó el involucramiento de más personas de la red de corrupción que dirigía el excapitán, Lima Oliva desde la prisión. En contubernio con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el entonces director del Sistema Penitenciario, Luis Alberto González Pérez, que negociaron junto a Byron Lima autorizar traslados de reos de un centro carcelario a otro.
De acuerdo con la declaración de Alejandra Reyes, colaboradora eficaz del Ministerio Público, López Bonilla le envió un mensaje, el cual consistía en un “regalo” que era de autorizar el traslado de 150 reos, pero sólo logró ejecutar 127 cambios.
Uno de los traslados fue el caso de Kevin Overdick, la forma de pago a Lima Oliva fue otorgándole un automóvil de reciente modelo y de una marca reconocida mundialmente. Para lograr esa situación, el entonces Director de Presidios, por medio de un oficio autorizó el traslado. Posteriormente, Lima Oliva trasladó ese vehículo al abogado Moisés Galindo.
Igualmente, los hermanos Silverio Otto y Edgar Enrique Chicas de León, ambos aceptaron haber entregado un vehículo a Lima Oliva. Luego que Lima Oliva se lo traslada al abogado Rossell Orozco.
Por este caso el MP presentó un antejuicio en contra del Alcalde Capitalino Álvaro Arzú, por los delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito.
Fuente: MP
Fuente Fotográfica: MP
