María Renée Estrada
Entre tantas prioridades pendientes que tenemos como país, el manejo integral de la basura (o la gestión de residuos) es uno que, como consecuencia de la coyuntura, nuevamente nos obliga voltear a ver. Un gran elefante en la habitación.
Según datos citados en una publicación de la Data Export en 2018, de acuerdo al Banco Mundial (BM), cada guatemalteco genera un promedio de 0.47 kilogramos de desechos sólidos diariamente. Si somos aproximadamente 17 millones, estamos produciendo 7 mil 990 toneladas diarias de desechos sólidos, lo cual implica que anualmente producimos 2 millones 916 mil 350 toneladas de basura que se acumula en los vertederos municipales autorizados (que en su mayoría no cuentan con infraestructura alguna), en basureros clandestinos y en cuerpos de agua. Un reporte del BM (What a Waste 2.0, 2018), establece que para el 2050 se espera que haya un incremento del 70 por ciento de las cifras actuales de desechos.
La problemática, para solucionarse de fondo, debe plantearse desde el enfoque de los distintos actores involucrados. Por un lado, las instituciones estatales involucradas con la gestión de residuos, tales como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, las administraciones municipalidades, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Por otro lado el sector productivo, quienes, según el giro de negocio de cada industria, deben establecer los mecanismos necesarios para aportar significativamente al manejo integral de los residuos y desechos que generan como productores; y finalmente los ciudadanos, en donde también entran las asociaciones y agrupaciones de sociedad civil, quienes debemos cultivar el interés por la reducción, segregación, recolección, tratamiento y disposición final de todo lo que se produce y todo lo que como usuarios consumimos.
La falta de voluntad y acción conjunta de los actores mencionados anteriormente genera impactos que nos sobrepasan como sociedad y como país a nivel medioambiental, de salud pública y económico. La reciente situación del incendio en el vertedero de AMSA, sumando considerablemente a la crisis del Covid-19 y el contiguo Hospital de Villanueva, nos lo confirma. Es fundamental trazar un plan estratégico y una hoja de ruta clara, con el objetivo de lograr avances reales a nivel local, municipal y nacional en la materia. No podemos seguir postergando la implementación de herramientas concretas para reducir, reciclar, reutilizar, tratar y disponer de los residuos, con base en una reglamentación y legislación técnica, efectiva, viable, con incentivos y sanciones claras para todos los involucrados.
Pero aún más importante es preguntarnos, ¿Quién se apunta a liderar este abismal reto que tenemos como país? ¿El presidente? ¿La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso o el Ministerio de Ambiente? ¿El Ministerio de Salud Pública? ¿El sector empresarial y productivo? ¿La ciudadanía organizada? ¿Quién?
He ahí la pregunta del millón. Mientras tanto, el tiempo y la crisis siguen caminando.
