El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó hace dos semanas el artículo IV, el informe más importante de las multilaterales para los países. Se llama así debido a que es un reporte que deviene de dicho artículo en los estatutos del FMI, y es una parte fundamental del marco de trabajo para la supervisión de la economía de sus países miembros. Tal y como lo establece el FMI, “en estas consultas, se discuten las políticas económicas y las perspectivas del país con sus autoridades”.

Redacción Perspectiva

Para el caso de Guatemala, las prioridades están sumamente claras: mejorar la calidad del gasto público y continuar las reformas estructurales que le permitan al país mejorar su gobernabilidad, así como un mejor clima de negocios. El artículo IV establece que se reconoce la resiliencia del sistema financiero y recomendaron a las autoridades fortalecer la regulación y supervisión bancaria, algo que ya ha sido también remarcado por varios actores de la banca, al promover la nueva ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, que ya está en discusión en el Congreso de la República.

Claramente se hace una alerta importante de los riesgos que existen a la corrupción en la inversión municipal por los proyectos que se ejecutan a través de los Codedes, así como la necesidad de fortalecer la capacidad del Gobierno de mejorar el seguimiento a los proyectos y las capacidades de ejecución.

Un dato que llama la atención es que el país está en claro crecimiento, de ser una economía de US$120.9 millardos al finalizar 2025, se estima que va a crecer a US$176.4 millardos para finales del 2030. Sin embargo, también es evidente que la agenda de infraestructura debe mejorar, el análisis detalla la mala calidad de la infraestructura vial, el país está en la posición 114 de 116 países en cuanto a calidad de la infraestructura vial, según el Foro Económico Mundial (solo mejor que Yemen y la República Democrática del Congo).

El país debe implementar los estudios presentados de infraestructura.

Mejorar la infraestructura, especialmente la infraestructura vial es clave, con lo cual se recomienda implementar de forma eficiente, ágil y transparente la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que fue aprobada el año pasado por el Congreso de la República y cuya institución la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (Dipp) carece, a la fecha, de recursos para poder operar. Por el tamaño de la brecha que tiene Guatemala para contar con más y mejores carreteras, el FMI también recomiendan aprobar la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas, que ya está también en el Congreso.

Si bien las autoridades de Gobierno reconocen que tienen una agenda importante y ambiciosa de proyectos estratégicos, como lo que se está haciendo en puerto Quetzal con la ampliación de las operaciones, trabajando de la mano con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, también se menciona la construcción del Metro de la Ciudad de Guatemala, algo que todavía está lejos de concretarse al no existir claridad de la unidad ejecutora o un cronograma establecido para su ejecución. Además, la recomendación del estudio presentado por Koica la semana pasada, junto al CIV y la Anadie, está más que clara: “El apoyo financiero del Gobierno de Guatemala resulta indispensable para desarrollar el sistema de transporte público integral en el Área Metropolitana de Guatemala”.

Guatemala está en su mejor momento para apostarle a una agenda agresiva de infraestructura que fomente el desarrollo productivo, pero la prioridad debe ser un enfoque claro hacia mejorar el sistema de ejecución y la operación de la infraestructura productiva.

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Tradicionalmente los bancos han mantenido la información de sus clientes bajo confidencialidad por razones de seguridad. Es bien sabido que Suiza siempre ha estado a la vanguardia en esta materia, de hecho, desde 1934 reguló el secreto bancario en su sistema jurídico promoviendo serias sanciones a quien violara la confidencialidad. Por esta razón, durante muchos años las grandes fortunas estuvieron bajo su resguardo, pero también las mafias utilizaban sin restricción sus bancos y no había nada que se pudiera hacer al respecto.

Por Elmer Vargas
Abogado, Gerente del área corporativa en EY Law Guatemala

Es hasta la crisis financiera de 2008, que el mundo comenzó a ver al sistema bancario suizo como un problema, pues mientras los gobiernos gastaban miles de millones de dólares para rescatar a sus bancos, la banca suiza seguía recibiendo recursos a diestra y siniestra sin pagar impuestos en sus países de origen. 

Es en este contexto, la OCDE se vio en la necesidad de presionar al gobierno suizo para que firmara un convenio que obligara a su banca a compartir la información de sus clientes con el fin de evitar la fuga de capitales y la defraudación tributaria. Es así, que actualmente, Suiza se encuentra sujeta a varios convenios internaciones que la obligan a, en ciertos casos, dar acceso a la información de sus clientes.

Es así como se inició una tendencia a nivel internacional de presionar a los países poco transparentes a implementar mecanismos para que las autoridades tributarias cuenten con acceso directo a la información bancaria de los contribuyentes. 

Es en este contexto que Guatemala se ha visto en la necesidad de firmar varios convenios internacionales en esta materia, incluyendo el Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal desarrollado por la OCDE y el Consejo de Europa, el cual permite la cooperación entre países para combatir la evasión y elusión fiscal, lo que implica el compromiso de intercambiar información tributaria con otros países; los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (TIEA), suscrito con varios países para el intercambio de información fiscal, lo que facilita la transparencia y ayuda a prevenir la evasión de impuestos; y Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), aunque no es un acuerdo internacional per se, Guatemala ha acordado cumplir con el FATCA de Estados Unidos que requiere que instituciones financieras extranjeras informen sobre cuentas financieras mantenidas por ciudadanos estadounidenses.

En Guatemala el secreto bancario en materia tributaria se encuentra regulado en el Código Tributario en su artículo 30 literal “C”, en el cual se establece el procedimiento para que la autoridad tributaria (SAT), pueda solicitar ante juez competente la autorización para la revelación de la información, siempre y cuando la misma sea utilizada única y exclusivamente para fines tributarios y exista una duda razonable probada por parte de SAT.

Recientemente, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), hizo unas declaraciones que suscitaron una serie de reacciones a nivel local pues indicó que actualmente están fiscalizando a ciegas necesitan contrastar la información bancaria con las declaraciones fiscales, por lo tanto, es necesario que el ente fiscalizador cuente con acceso directo a la información bancaria de los contribuyentes, es decir, sin la necesidad de gestionar una autorización judicial. Como era de esperarse la Asociación Bancaria de Guatemala y el CACIF, declararon que al darle esta facultad a SAT se estaría poniendo en riesgo la confianza de los usuarios en el sistema bancario. 

Desde el punto de vista legal, algunos analistas consideran que, para poder tener acceso directo a la información bancaria de los contribuyentes sin contar con la autorización judicial, sería necesario reformar algunas leyes, entre ellas el Código Tributario y la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 del Congreso de la República. Otros analistas consideran que la información bancaria es parte de la información personal y por lo tanto se encuentra protegida por la Constitución, ya que su artículo 24 establece que la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables, y que los mismos sólo podrán revisarse o incautarse, en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales.

Indistintamente de la corriente que tome el secreto bancario en Guatemala, lo cierto es que a nivel mundial existe una tendencia fuerte en legislar apropiada y explícitamente el procedimiento que deba seguirse y las premisas que activan que el secreto bancario se libere o no, a petición de una autoridad competente, indistintamente si se trata el fisco u otro tipo de autoridades como podrían ser fiscalías de investigación penal, juzgados, autoridades responsables de la prevención del lavado de dinero y/o el financiamiento al terrorismo, autoridades de competencia, entre otros, por lo que puede preverse que Guatemala, tarde o temprano tendrá que fortalecer la normativa aplicable a este tema tan sensible. 

SOBRE EL AUTOR DE ESTA COLUMNA DE OPINIÓN
Además de ser abogado, Vargas es actualmente es gerente del área corporativa en EY Law Guatemala, cuenta con más de 20 años de experiencia, es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con estudios de Maestría de Derecho Corporativo de la Universidad Rafael Landívar, además de postgrados en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Civil. Se ha enfocado en la atención de clientes con presencia nacional y regional, especializado principalmente en las industrias de consumo, farmacéutica e inmobiliaria. 

El autor asume la total responsabilidad por el contenido de este artículo de opinión. 

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El ENADE 2024, habiéndose centrado sustancialmente en los temas de la gobernanza eficaz, concluyó exitosamente. Como viene haciendo desde los años noventa, el sector privado enfatizó los temas de gobernanza como factores que constituyen factores determinantes para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

Por Nicholas Virzi

Instituciones, Reglas y Desarrollo

Douglass North, premio Nobel de la Nueva Economía Institucional (NEI), señalaba que las instituciones son las «reglas del juego» en una sociedad. Las instituciones formales, como leyes y regulaciones, y las informales, como normas sociales, establecen cómo se toman decisiones y distribuyen los recursos. 

North estableció que la calidad institucional era esencial para el desarrollo. La certeza jurídica permite a los empresarios operar con confianza, sabiendo que sus derechos estarán protegidos y que podrán hacer cumplir sus acuerdos. Cuando las empresas enfrentan un entorno de incertidumbre, se desincentiva la inversión a largo plazo. La falta de protección de los derechos de propiedad y de cumplimiento de contratos genera imprevisibilidad. Esto frena la inversión y el crecimiento. 

Oliver Williamson, otro influyente académico, se centró en cómo las instituciones fuertes reducen los costos de transacción—costos asociados con la falta de información, la corrupción y el incumplimiento de contratos—los cuales suelen ser elevados en países con gobernanza deficiente.

Para los países en desarrollo (PED), reducir estos costos mediante la certeza jurídica y una mejor gobernanza transforma su capacidad de crecimiento. Cuando las personas confían en que sus contratos serán cumplidos y que sus derechos de propiedad estarán protegidos, están más dispuestas a participar en actividades comerciales y a invertir, lo que impulsa el crecimiento económico.

En este contexto, la inversión en infraestructura vial, portuaria y aérea también se vuelve esencial. Son inversiones grandes que requieren confianza en el futuro. Estas mejoras no solo facilitan el comercio y reducen los costos logísticos, sino que permiten a los países como Guatemala capitalizar al máximo las oportunidades presentadas por las estrategias de Nearshoring y Friendshoring promovidas, facilitando la integración en cadenas de suministro globales.

Iniciativa del Entorno Favorable para los Negocios de USAID y la Certeza Jurídica

La Iniciativa del Entorno Favorable para los Negocios (BEE, por sus siglas en inglés) de USAID se alinea con los principios básicos del sector privado guatemalteco al centrarse en mejorar el entorno legal y regulatorio para las empresas en los PED. El proyecto BEE tiene cuatro componentes clave:

1. Mejora del Entorno Regulatorio: Este componente mejora el marco regulatorio para fomentar la inversión, simplificando los procedimientos para la Inversión Extranjera Directa (IED) y mejorando el entorno empresarial para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) mediante reformas políticas y el desarrollo de capacidades.
2. Inversión Extranjera Directa (IED): BEE promueve a países como Guatemala como destinos de inversión, proporcionando servicios de asesoría para atraer IED y crear oportunidades de empleo en sectores de alto potencial y cadenas de valor.
3. Asistencia Técnica para Ciudades Secundarias: La iniciativa apoya la planificación urbana en ciudades intermedias para promover un crecimiento sostenible, el uso eficiente de la tierra y acomodar la expansión de la población.
4. Mayor Acceso del Sector Privado al Capital: También mejora el acceso a financiamiento para MIPYMES identificando firmas de alto potencial (las «gacelas») y ayudándolas a obtener el capital necesario para inversiones productivas.

Digitalización y Mayor Transparencia

Una iniciativa clave que complementa estos esfuerzos es la digitalización de los servicios públicos, un factor que aumenta considerablemente la transparencia y la rendición de cuentas. Al utilizar plataformas digitales para trámites gubernamentales, la burocracia se reduce y los procesos se vuelven más accesibles y eficientes. Esto, a su vez, disminuye las oportunidades para la corrupción, ya que los procesos automatizados y monitoreados dejan menos espacio para la manipulación arbitraria.

La digitalización también contribuye a generar mayor confianza en las instituciones, lo que fomenta tanto el ahorro como la inversión, tanto nacional como extranjera. Los inversionistas están más dispuestos a destinar recursos cuando perciben un entorno transparente y confiable, donde las regulaciones son claras y los derechos están protegidos de manera efectiva.

Factores Clave para Generar Confianza en las Instituciones

Varios factores clave contribuyen a generar mayor confianza en las instituciones:

1. Derechos de Propiedad Claros: La protección de los derechos de propiedad reduce la incertidumbre y fomenta la inversión y la innovación.
2. Marcos Legales Transparentes y Predecibles: Cuando las leyes y regulaciones son claras y se aplican de manera coherente, las empresas operan con mayor seguridad, reduciendo los riesgos asociados con la toma de decisiones arbitraria.
3. Cumplimiento Ede Contratos: La capacidad de resolver disputas de manera justa y eficiente es crucial para generar confianza en el sistema y reducir los costos de transacción.
4. Reducción de la Corrupción: Los esfuerzos por combatir la corrupción aumentan la confianza pública en las instituciones gubernamentales, asegurando que sirvan al interés público.
5. Digitalización de Servicios Públicos: La transparencia y la rendición de cuentas mejoradas mediante la digitalización fortalecen la confianza en las instituciones .
6. Infraestructura Moderna: La inversión en infraestructura vial, portuaria y aérea es clave para reducir costos logísticos y facilitar el acceso a los mercados internacionales.

Conclusiones

Los temas centrales del ENADE 2024 no pudieron haber sido más acertados. Se respaldan en las lecciones aprendidas del acervo de conocimiento acumulado en materia de crecimiento y desarrollo. 

El fortalecimiento de las instituciones, la digitalización de los servicios públicos y la modernización de la infraestructura no solo impulsan el crecimiento de grandes empresas, sino que son esenciales para que los países puedan superar los desafíos del desarrollo.

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El viernes, 20 de septiembre, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) celebró su décimo novena edición del Congreso Industrial, con el lema “Industrialización: contribuyendo a fortalecer el futuro de Guatemala”.

Por Nicholas Virzi
Director de Análisis Estratégico
Cámara de Industria de Guatemala

Más de 2,000 participantes asistieron a la jornada de conferencias que fueron distribuidas a través de los 10 módulos simultáneos que conformaron el Congreso. El presidente de la República, Bernardo Arévalo, se hizo presente en la inauguración del Congreso para afirmar que la ruta hacia el desarrollo requiere mayor inversión en infraestructura, el fortalecimiento de las capacidades productivas del país, la expansión del empleo y el apoyo a todos los empresarios, especialmente a los pequeños y medianos. Todos estos temas son congruentes con las prioridades de CIG y del sector privado organizado de Guatemala en general. Por ejemplo, Fundesa viene haciendo eco a la recomendación de la CEPAL que la Formación Bruta de Capital del Estado sea 6.2% del PIB. Guatemala nunca se supera el 2%, lo cual explica el mal estado de las carreteras y puertos del país.

Las primeras palabras de bienvenida fueron realizadas por Stephanie Melville, secretaria de la junta directiva de CIG y presidente del comité organizador del Congreso. Melville es la primera mujer en ejercer el cargo de presidente de la cementera Progreso, una importante empresa guatemalteca con presencia en varios países, como los son Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia.

Melville aseveró que el objetivo del Congreso Industrial fue ser un espacio de inspiración a la acción, recalcando el potencial del país y la capacidad de los guatemaltecos de superar los obstáculos a la industrialización, el crecimiento económico y el desarrollo. Melville llamó a los guatemaltecos de todos los sectores de la sociedad para trabajar conjuntamente, enfatizando la importancia del trabajo interinstitucional enfocado, articulado y unido. Es un mensaje duradero que el país haría bien en ponerlo en práctica.

Raúl Bouscayrol, presidente de la Junta Directiva de CIG, en su discurso de apertura complementó el mensaje de Melville. Bouscayrol enfatizó que el país se encontraba en un momento crucial, donde se debería aprovechar la ventana de oportunidad para marcar la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro: 

“El Congreso Industrial de este año busca especialmente ser un espacio de integración en el que representantes de distintos sectores se reúnan para abordar y encontrar soluciones a las necesidades urgentes para crecer como país y trabajar de manera coordinada”.

Bouscayrol acertó con el mensaje clave que la industrialización y crecimiento es la única vía al desarrollo integral que aspiramos tener como país.

La primera conferencia del Congreso fue la el Dr. Ernesto Stein, titulada “Política Industrial y Colaboración Público-Privada: Marco Conceptual y Experiencia en América Latina”. La presencia del Dr. Stein le brindo una alta calidad académica al Congreso Industrial, siendo el Dr. Stein profesor universitario distinguido de políticas públicas del Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Entre sus destacadas obras, Stein es conocido por insistir que la obcecación ideológica que engloba el debate “Estado vs. Mercado” a menudo impide que argumentos con sustento empírico permitan diferencias entre las buenas y las malas políticas industriales.

El Congreso incluyó a un panel innovador sobre la migración, en el cual líderes clave discutieron el impacto de la migración en las mujeres guatemaltecas. Los panelistas abordaron los retos y oportunidades asociados con este fenómeno transnacional. En este panel participaron Karin Herrera, vicepresidenta de la República, Carmen María Torrebiarte, presidente CACIF, Stephanie Melville, María Tuyuc, presidente de la Red de Empresarios Indígenas (REI), un aliado clave de CIG. También participaron Stephanie Daviot, la jefe de misión de la Organización Internacional de la Migración (OIM) y María Teresa Villanueva, especialista del BID. El abordaje de parte de CIG del tema migratorio fue oportuno, dado que la fuga de mano de obra calificada afecta negativamente a la economía del país. 

Raúl Bouscayrol cerró el evento con el mensaje central de CIG: 

“La industria está lista y dispuesta para enfrentar los desafíos que Guatemala debe superar para alcanzar el desarrollo y el tema de infraestructura ha sido uno de especial énfasis en este Congreso Industrial”.

Asimismo, Stephanie Melville concluyó: 

“Una vez más el Congreso Industrial demostró que la industrialización es el camino para el desarrollo de nuestro país, a todo nivel. Pero, específicamente, el éxito de esta edición nos corrobora que el trabajo integral, desde todos los sectores, es la colaboración que necesitamos para que vayamos más rápido por ese camino”.

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Este 1 de octubre la Asociación Internacional de Estibadores (ILA, en inglés) se ha declarado en huelga, afectando a todos los puertos de EE.UU. desde Maine a Texas.

Por Nicholas Virzi

Las negociaciones entre la ILA y la Alianza Marítima Estadunidense (USMX, en inglés) se habían estancado meses antes. USMX representa a las navieras y operadoras de terminales marítimos. Según CNN es completamente extranjera. La ILA dice que representa 85 mil miembros, que son nacionales. Los temas en disputa son el aumento salarial de 77% en 6 años y la mitigación de la automatización. 

No se sabe cuánto durará la huelga. USMX presentó caso por práctica laboral injusta ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB en inglés), alegando que ILA no está negociando de buena fe. La NLRB afirma que necesita entre 7-14 semanas para decidir sobre los méritos del caso.

La Associated Press reporta avances recientes podrían evitar una huelga prolongada. Se estima que esta huelga portuaria podría generar $5 millardos diarios de pérdidas económicas (USA Today), y una recuperación estimada de 3-5 días por cada día que dure la huelga (CNN). 

Es importante recalcar que una huelga prolongada en el Atlántico y el Golfo colapsaría los puertos del Pacífico. Los envíos desviados generarían:

• amontonamiento de contenedores
• escasez de chasis
• congestión ferroviaria
• mayores costos de transporte terrestre y aéreo

Hay indicios que la huelga fue calculada para tomar efecto en el momento que más favorecía a la ILA, en época de campaña electoral presidencial de cara a la época navideña. El presidente de la ILA, Harold Daggett, ha declarado que está dispuesto a paralizar la economía si la USMX no accede a sus demandas. 

«Esta gente hoy no sabe lo que es una huelga», dijo Harold Daggett. «Te paralizaré. Te paralizaré». (Reuters)

La huelga viene en el peor momento para el gobierno de Biden-Harris. La ILA es uno de los sindicatos más icónicos de EEUU, junto con los Teamsters. Este año, ambos no han endosado a la candidata presidencial Kamala Harris del partido Demócrata, el cual tradicionalmente puede contar con el apoyo de ambos importantes sindicatos.

En la recta final de la campaña, Harris persigue el voto de los trabajadores, especialmente los hombres blancos, que figuran prominentemente entre los miembros de la ILA y los Teamsters. De hecho, Harris escogió su candidato a vicepresidente, el gobernador Tim Walz de Minnesota, precisamente con la intención de atraer el voto del obrero blanco (NBC).

En este momento, la campaña electoral presidencial se concentra en los estados bisagra. Harris apunta a tener el peor desempeño entre sindicalistas de todos los candidatos Demócratas en las últimas décadas (según CNN). Además, la huelga portuaria afectaría directamente a 4 de los más importantes estados bisagra. Georgia, Carolina del Norte y Virginia tienen puertos marítimos en el Atlántico. Pensilvania, por su parte, es quizás el estado más clave de todos. Pensilvania goza de importantes puertos en Filadelfia, Pittsburgh y Erie, y se conecta al Atlántico por medio de ríos importantes y bahías. Por los que dudan que si Pensilvania se debe considerar un estado portuario, cabe mencionar que tanto los Marines como la Navy de EEUU nacieron en Filadelfia. 

Bajo la ley Taft-Hartley de 1948, el presidente Biden tiene el poder de bloquear la huelga y obligar a las partes seguir negociando, pero Biden ya declaró tajantemente que no lo hará. Eso ocasiona otro dilema para el gobierno de Biden-Harris y la campaña de Harris. Una huelga en todos los puertos marítimos de la costa Atlántica y del Golfo paralizaría el comercio internacional de EEUU, afectando también a los puertos del Pacífico, que colapsarían ante una repentina subida de la carga esperada. Los efectos de la huelga se transmitirían rápidamente a todo tipo de transporte, el ferroviario, camionero, y aéreo. Esto ocasionaría escasez de productos y un fuerte aumento de precios de todo tipo de bienes para una población ya tremendamente afectada por la inflación acumulada que se generó bajo el gobierno de Biden-Harris.

Por si esto fuera poco, una paralización de los puertos afectaría las operaciones de rescate y recuperación que se hicieron urgentemente necesarios por los catastróficos daños causados por el huracán Helene en la zona oriental de EEUU, desde Florida a Virginia, afectando particularmente a Carolina del Norte. 

A final de cuentas, la huelga podría ser corta o prolongada, pero se puede tomar lecciones del pasado.

La última huelga importante de estibadores ocurrió en California en 2015. El conflicto involucró negociaciones entre el Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenes (ILWU) y la Asociación Marítima del Pacífico (PMA). Se resolvió tras varios meses, y solo con mediación federal. El acuerdo final abordó salarios, condiciones laborales, automatización portuaria y seguridad laboral. La paralización causó grandes interrupciones en los puertos de Long Beach y Los Ángeles, afectando las cadenas de suministro y el comercio internacional. 

Igual que ahora, la administración Obama enfrentó presión política para equilibrar los intereses laborales y el impacto económico. Mientras los estibadores reclamaban condiciones laborales, grupos empresariales exigían una solución rápida para evitar más interrupciones en la cadena de suministro. 

A final de cuentas, la intervención federal logró mitigar el conflicto y restaurar las operaciones portuarias. En esta ocasión, el gobierno de Biden-Harris ha fijado la postura de no intervención. Esto genera tremenda incertidumbre y riesgo que afecta negativamente a las perspectivas económicas de EEUU y el mundo.

El potencial impacto en países como Guatemala es tema de otro artículo.

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Cuando en 2009 Guatemala se adhirió al Foro Global de Transparencia en el Intercambio de Información con Fines Tributarios (Foro Global), se abrió la posibilidad de transitar por una calle muy ancha para que tanto Guatemala como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) formalmente ingresaran al universo de la fiscalidad internacional.

Por MANUEL RAMÍREZ ARCHILA
Country Managing Partner, EY Guatemala

El Congreso aprobó la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (o MAAC -por las siglas del nombre en inglés-), así como las reformas a la legislación local en materia de acciones al portador y el acceso de la SAT -con aprobación judicial- a la información bancaria. También se suscribieron acuerdos (i) de intercambio de información fiscal (TIEA -por sus siglas en inglés-), con países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Australia, Groenlandia e Islas Feroe; o, (ii) para evitar la Doble Tributación Internacional con México, aunque aún no han sido ratificados por el Congreso.

Por presiones internacionales o por política fiscal estructurada del país, se lograron importantes herramientas jurídicas de la tributación internacional que, a mí criterio, fueron apareciendo frente a cierta indiferencia de ambos: recaudador y contribuyentes.

¿Indiferencia o de repente?
Mientras lo anterior estaba ocurriendo a nivel de política fiscal, gracias a la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta del año 2013, los equipos de fiscalización y recaudación de la SAT también estaban teniendo acceso a nuevas posibilidades en su día-a-día: la legislación fiscal guatemalteca introdujo formalmente el concepto de precios de transferencia (PT).
En términos muy amplios, se creó la obligación de (i) informar a la SAT de las transacciones con partes relacionadas en el exterior; y, (ii) demostrar que se hacen bajo las condiciones en las que partes totalmente independientes las estarían realizando (principio de libre competencia o arm’s length).

La posibilidad de informarse -desde documentación generada por el mismo contribuyente- qué propósito válido tenía un gasto con las afiliadas en el exterior, si estaba o no bien documentado según la naturaleza de la transacción y la posibilidad de reclasificar esas operaciones para que tributaran conforme su realidad económica eran atribuciones que por primera vez tenía la SAT.

La aplicación completa de la legislación de PT se postpuso al año 2015, aunque se reservó el derecho de la SAT para solicitar información con propósitos estadísticos. En la práctica, la SAT exigió a varios contribuyentes presentar la documentación relativa a 2013 sobre la base que existieron algunos meses entre que la norma entro en vigor y se dictó la prórroga al 2015 (1 de enero al 21 de diciembre de 2013). Nunca compartí este enfoque; sin embargo, evidenciaba algo que naturalmente sucedería: el acelerado interés de los equipos de fiscalización de la SAT por tener mucha más información de los contribuyentes y sus transacciones con partes vinculadas en el exterior.

El concepto y principios para la aplicación de PT no era nuevo. Entre las grandes economías globales que, además, aplicaban el principio de renta global para establecer la tributación de sus contribuyentes, destaca que en1930 el Internal Revenue Code de Estados Unidos ya contenía normas buscando conocer de mejor forma las operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Aunque podríamos decir que fueron las Guías emitidas en 1979 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) las que dan una aplicación global a las mismas.

La legislación de PT sí había estado adoptándose a ritmo más lento por los países centroamericanos con principio territorial de tributación, con legislación fiscal enfocada en la “importación” de capitales y con poco (o ningún) enfoque de la fiscalidad en la “exportación” de los mismos. De hecho, es un esfuerzo prácticamente “reciente” si repasamos los años en que los distintos países de la Región han ido adoptando PT (El Salvador 2010; República Dominicana 2011; Panamá 2011-2012; Costa Rica 2013; Honduras 2014 y Nicaragua 2017).

Tanto a nivel de política fiscal como al de las auditorías rutinarias, estábamos ante un nuevo y amplio ecosistema de la tributación internacional. Supongo que tanto en tan poco tiempo dejó a la SAT frente a una enorme (pero realmente enorme) curva de aprendizaje y, a mi forma de ver, algunos grandes contribuyentes… esperando a ver si la SAT finalmente lograría una estructura donde predominaran los procesos, normatividad técnicamente preparada y decisiones estructuradas con enfoque en mediano-largo plazo.

BEPS y tecnología: algunas de las fuerzas que aceleraron los ciclos
En 2013, la OCDE había lanzado un total de 15 acciones dentro del proyecto para combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de las grandes compañías multinacionales (BEPS).

Al exponerse las justificaciones de un proyecto como BEPS, se abordaban términos como “planeación fiscal agresiva” o el “traslado artificial de beneficios” a países de baja o nula tributación. BEPS ha evolucionado (ahora estamos envueltos en BEPS 2.0) y la adhesión de múltiples países a sus principios (aunque no sean formalmente miembros OCDE), han generado una línea transversal de comunicación y entendimiento respecto de la tributación internacional. Aunque Guatemala no es miembro OCDE ni ha adoptado formalmente BEPS, sus funcionarios conocen y han estudiado la terminología, principios y suelen referirse a ella con mucha fluidez en distintas mesas de discusión técnica.

La tecnología también ha jugado un papel fundamental acelerando las capacidades de transitar por la calle ancha. Modelos de madurez de transformación digital, manejo del big data y las posibilidades de modelos analíticos se adoptaron en los planes de acción de la SAT; gracias al compromiso, enfoque y disciplina de los líderes y todas las áreas de la institución, he percibido que hoy es una realidad que la SAT cuenta con altas capacidades para procesar grandes cantidades de información fiscal -casi- inmediatamente.

Retos y preocupaciones
Las posibilidades de acceso a información que hoy tiene la SAT le permiten considerarse una administración tributaria de vanguardia. Sin embargo, los límites al ejercicio del poder tributario siguen como principios vivos en la Constitución Política de la República y los contribuyentes deben constantemente insistir en que la SAT siga respetándolos.

Trabajar en construir proactivamente un mejor modelo de tributación internacional (adaptado para una realidad “propia” como la que afrontan los buenos empresarios guatemaltecos dentro de la economía regional), podría ser una opción para los contribuyentes que con decencia y honradez invierten en la Región. Adoptar un Convenio para Evitar la Doble Tributación entre los países centroamericanos, por ejemplo; definir procedimientos que permitan transparentar requerimientos de información que la SAT haga a terceros o al exterior; o, incrementar las garantías de confidencialidad de manejo de la información fiscal con el objetivo de dar certeza a los buenos empresarios e inversionistas de capital sano podrían ser algunas rutas de acción.

El contexto y alcance de la tributación internacional cambió; la SAT también se ha transformado digitalmente y fortalecido en casi todas sus áreas. Los buenos contribuyentes deben buscar un espacio donde las decisiones empresariales, la realidad económica o la sustancia de sus operaciones sean fielmente dimensionadas y valoradas por el recaudador según su contexto económico.

La realidad de la buena empresarialidad centroamericana demanda que el tránsito de la SAT por la calle ancha de la tributación internacional incluya límites de velocidad.

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En un mercado global competitivo, entender las dinámicas y tendencias de los productos puede ser un factor decisivo para el éxito de una empresa. En este contexto, «Product Intelligence», o inteligencia de producto, toma un papel fundamental, especialmente para los exportadores en economías emergentes como la de Guatemala.

Por José Valladares, Analista de mercados Senior AGEXPORT
jose.valladares@agexport.org.gt

¿Qué es Product Intelligence?
Product Intelligence se refiere al análisis de los productos más innovadores en el mercado internacional, incluyendo variables clave como afirmaciones o etiquetas del producto, tipo de empaque, país de lanzamiento, precio, tamaño, ingredientes, y sabores/fragancias. Este enfoque permite a las empresas adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del mercado y anticiparse a las necesidades de los consumidores mediante el ajuste de sus estrategias de producto y marketing.

Puntos clave de la importancia de Product Intelligence para los exportadores guatemaltecos

Adaptación a las preferencias locales: Al entender las preferencias específicas de los consumidores en diferentes países, los exportadores pueden adaptar sus productos para cumplir con estas expectativas locales, ya sea cambiando los ingredientes, sabores, o incluso el empaque del producto para mejorar su aceptación.

Posicionamiento competitivo: Al analizar cómo los productos similares son lanzados y promocionados en el mercado, los exportadores pueden posicionar sus productos de manera más estratégica, utilizando afirmaciones, etiquetas, y estrategias de precio que se alinean mejor con las expectativas del consumidor y las prácticas del mercado.

Optimización de la cadena de suministro y producción: Conocer las tendencias de tamaño y tipo de empaque puede ayudar a los exportadores a optimizar su producción y logística, reduciendo costos y aumentando la eficiencia.

Desarrollo de productos innovadores: El seguimiento de las innovaciones y lanzamientos de productos en el mercado global puede inspirar a los exportadores a desarrollar productos únicos o mejorar los existentes, asegurando que se mantengan relevantes y deseables para los consumidores internacionales.

Desde la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT, hemos desarrollado un servicio basado en Product Intelligence, diseñado para proporcionar análisis a través de herramientas digitales interactivas. Es una solución hecha a la medida para satisfacer las necesidades particulares de cada cliente, cubriendo un amplio espectro de mercados y sectores.

Nuestras herramientas ofrecen acceso a información de mercado abarcando más de 90 mercados distintos en cinco regiones: 

• Norteamérica
• Centro y Sudamérica
• Europa
• Medio Oriente y África
• Asia-Pacífico

Este servicio facilita una visión estratégica de los cambios en el mercado internacional resumiendo tendencias e innovación en consumo, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas y basadas en datos. La información se clasifica en cinco categorías principales, cada una con sus respectivas subcategorías, abarcando:

• Alimentos
• Bebidas
• Cuidado Personal
• Hogar
• Pet Care (Mascotas)

Este enfoque asegura que nuestros clientes puedan acceder fácilmente a información relevante, adaptada a sus intereses específicos, ayudándoles a identificar oportunidades de mercado, anticipar cambios en las preferencias de los consumidores y optimizar sus estrategias de producto para alcanzar efectivamente el mercado internacional.

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El Fondo Monetario Internacional publicó la semana pasada el Artículo IV para Guatemala.  En medio de lo que la BBC de Londres ha catalogado como una semana de incertidumbre, en la cual “las bolsas de Asia, Europa y el país norteamericano se desplomaron el lunes pasado”.

Por Juan Carlos Zapata

El reporte del FMI establece que “la economía guatemalteca continúa mostrando estabilidad y solidez gracias a un legado de políticas monetarias y fiscales prudentes, con la tasa de inflación dentro del objetivo, amplias reservas internacionales, déficits fiscales contenidos y una baja relación deuda pública/PIB.  Sin embargo, de acuerdo con los objetivos del país, la administración del presidente Arévalo debe avanzar en la agenda de reformas estructurales para seguir apoyando el crecimiento económico e incrementarlo en el mediano plazo.  La implementación de reformas urgentes en las áreas de infraestructura, inversión en capital humano y certeza jurídica no pueden esperar, si se quiere apoyar a los sectores productivos del país y asegurar una mayor sostenibilidad e inclusión y crecimiento. La desaceleración de las exportaciones y la limitada inversión extranjera subrayan la urgencia de reformas”.

Esto es importante, porque precisamente ha sido el enfoque de la iniciativa Guatemala No Se Detiene.  La urgente necesidad de aprobar iniciativas como la ley de infraestructura vial prioritaria, retomar la agenda de reformas de la ley de Anadie, para promover más alianzas público-privadas —especialmente urgente ahora que vemos los estragos que ocurren en la autopista Palín-Escuintla, en contraste con lo bien que se mantuvo durante 25 años mientras estaba concesionada— y una ley de la autoridad normativa portuaria hacen evidente que el país necesita avanzar hacia cambios estructurales en materia de infraestructura.

En el caso del eje de capital humano, se requiere seguir impulsando los programas de inglés, programación y habilidades gerenciales, con un fuerte apoyo por parte del Ministerio de Economía.  Estos programas han mostrado ser eficientes para acompañar de manera estratégica la agenda de atracción de inversión extranjera.

En cuanto a certeza jurídica y gobernanza, los esfuerzos que el Gobierno de Guatemala está trabajando en digitalizar al país son fundamentales; la agenda de gobierno abierto y electrónico debe continuar implementando la estrategia de interoperabilidad que logre que finalmente no se le pida al ciudadano copias de documentos que las mismas instituciones públicas emiten y quitar la cultura del sello y la discrecionalidad, como el famoso sello de Migración o la discrecionalidad de la SAT en el aeropuerto, e implementar los pagos digitales en todas las instituciones públicas, especialmente en los registros, eliminando la necesidad de llevar todo en papel.

Según el reporte de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico, la interoperabilidad, en un sentido amplio, “es la capacidad de las instituciones públicas para trabajar juntas. A nivel técnico, es la capacidad de dos o más sistemas o componentes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para intercambiar información y utilizar la información intercambiada para mejorar la gobernanza”.

La administración del presidente Arévalo tiene claro que es importante lograr una agenda de cambios que permitan que Guatemala sea grado de inversión.  Sin embargo, esto no será posible si queremos seguir usando las mismas herramientas de gobernanza que han usado todos los demás gobiernos. El impacto en la productividad no va a cambiar sin una agenda legislativa que impulse la inversión pública.

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El FMI publicó el mes pasado su informe sobre perspectivas de la economía mundial. “El crecimiento mundial proyectado, en línea con las previsiones de la edición de abril de 2024 de Perspectivas de la economía mundial, es del 3.2% en 2024 y del 3.3% en 2025. La inflación de los servicios lastra la desinflación y complica la normalización de la política monetaria. En consecuencia, aumenta el riesgo de una mayor inflación y se perfila un panorama de tasas de interés más altas durante más tiempo en medio de crecientes tensiones comerciales e incertidumbre al alza respecto de las políticas”, comenta en sus primeras páginas.

Por Juan Carlos Zapata

El reporte hace un muy buen análisis sobre la economía de los Estados Unidos “con un crecimiento proyectado revisado a la baja hasta 2.6% en 2024 (0.1 puntos porcentuales inferior a la proyección de abril), como consecuencia de un comienzo de año más lento de lo previsto. Se prevé que el crecimiento se ralentice hasta 1.9% en 2025, a medida que se enfríe el mercado laboral y se modere el consumo, mientras que la política fiscal comenzará a endurecerse gradualmente. Se proyecta que, para finales de 2025, el crecimiento se acerque a su potencial y cierre la brecha positiva del producto”. Con esto, la campaña en los Estados Unidos estará centrada en la inflación y los mecanismos que ambos candidatos puedan plantear para aumentar el empleo.

En el caso de América Latina y el Caribe, las proyecciones de crecimiento económico se estiman en 1.9% para 2024 y 2.7% para 2025. “El avance económico brasileño está basado en dos sectores claves, como la agricultura y la agropecuaria, en donde Brasil se ha consolidado como proveedor mundial de proteína animal y de soja, alcanzando cifras récord”, comentó el periodista Patricio de la Barra en una entrevista para Canal E. Mientras que para el caso de México, “los tres grandes sectores de la economía que exhibieron un menor ritmo, donde se incluye el comercio, los servicios, y el turismo creció 1.7 % anual”, reportó el diario El Financiero.

Para el caso de Guatemala, las proyecciones económicas se mantienen alrededor de 3.5% para el 2024 y 2025, con una inflación moderada alrededor del 3.6% y el crédito al sector privado creciendo por encima del 15% y una recaudación tributaria que a junio había crecido 7.3%. Sin embargo, el mayor reto para el país sigue siendo la inversión en infraestructura, especialmente infraestructura vial. La ejecución del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a finales de julio 2024 cerró en 34.42%, que sigue siendo el mayor reto para el Gobierno, debido a un sistema que no funciona y que necesita cambios estructurales para poder mejorar.

El esfuerzo más importante que se requiere para mejorar el crecimiento económico es aumentar la inversión en infraestructura pública, garantizando mejores servicios para la población que impacten positivamente en los esfuerzos de acelerar los procesos, digitalización de servicios y facilitación de trámites, para agilizar las licencias de construcción que pareciera que todavía tienen ciertos problemas por la falta de inversión en más personal desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Desde la iniciativa Guatemala No Se Detiene se ha visto una leve mejora en algunos proyectos de infraestructura y se espera que comience pronto la primera alianza público privada (APP) con la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que debería ser un incentivo para empezar a estructurar más proyectos bajo ese modelo, especialmente luego de ver los desastres de la carretera Palín-Escuintla.

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La reciente salida de la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda demuestra la importante necesidad de hacer cambios profundos y que el Congreso de la República apruebe la Ley General de Infraestructura Vial. Guatemala es el país del continente americano con la menor inversión en carreteras por persona (1 metro de red vial por habitante), esto además de la mala calidad de la infraestructura existente, donde 60% de toda nuestra red vial es de tierra, demuestra los grandes desafíos de un ministerio que no importa qué gobierno sea, no ha podido funcionar como se debe.

Por Juan Carlos Zapata

En los últimos 30 años, la red vial ha crecido apenas 201 kilómetros por año, cuando lo que el país necesita es aumentar las carreteras por lo menos a dos mil kilómetros por año. Los recientes cambios solo muestran la importancia de separar las decisiones técnicas de las arbitrariedades políticas.

Nuestro país carece de un servicio civil eficiente, una ley de contrataciones compleja, un sistema de adquisición de derecho de vía inservible y planes de infraestructura que no son vinculantes, por lo que este cambio va a impactar a todos los viceministros y a varios de los directores, el impacto en la inversión pública va a ser notoria. Esto va a tener un mayor impacto, dadas las condiciones en las que estamos donde el invierno parece que este año va a ser más copioso y debido a la falta de contratos de mantenimiento que ha existido todos los proyectos de Covial de por sí están paralizados, vamos a notar derrumbes, inundaciones y un mayor deterioro de nuestra ya frágil y débil infraestructura vial.

Si a esto le sumamos que el país necesita modelos más robustos para la contratación de obra pública, donde el Estado guatemalteco pueda contratar no solo diseño y construcción, sino la operación de las carreteras (incluido el mantenimiento) y generar sistemas de contratos por medio de pagos por indicadores, donde no se le paguen a los desarrolladores, sino hasta que una carretera esté en buenas condiciones, al país le va a costar salir adelante si no vemos que esto se vuelve una prioridad presidencial.

Hoy vimos la salida de una ministra, pero lo cierto es que se le van a pasar los siguientes tres años y medio a este gobierno y no va a cambiar en nada la situación del país en cuanto a inversión pública, mientras no se tenga un cambio de sistema, y eso precisamente es lo que ofrece la Ley General de Infraestructura Vial, que está ahora en la Comisión de Economía, pendiente de un nuevo dictamen para ser aprobada por el pleno del Congreso.

Sabemos de los cambios que los diputados le quieren realizar a la iniciativa, para acotarla a carreteras centroamericanas, algunas rutas nacionales, al anillo metropolitano y probablemente a ciertas infraestructuras estratégicas que necesita el país. Si con eso se pueden lograr los consensos dentro de la Comisión de Economía del Congreso de la República para un dictamen favorable que unifique a los políticos hacia la urgencia, bienvenidos los cambios.

Lo cierto es que mientras no se cambie el sistema, no importa quién esté en el Ministerio de Comunicaciones como ministro, será muy poco el impacto de la inversión y la frustración pública solo irá creciendo, con el agravante que ahora se supone que la lucha contra la corrupción debería ser una prioridad. El momento para realmente luchar contra la corrupción es ahora. Quitemos las decisiones políticas de una vez por todas de la inversión pública o sigamos en un sistema que solo fomenta la mediocridad, sin ningún impacto real.

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