Julio Abdel Aziz Valdez
Advertencia: recalco mi apoyo a todos los ciudadanos que asumen responsablemente su derecho a la autodefensa y a la de los suyos, este derecho es inalienable como el de la propiedad y el de opinión, una vez dicho esto…
Feministas se han apresurado en apoyar y justificar el homicidio cometido por Carmela Jolomma bajo la versión dada por ella en cuanto a que su marido, en estado de ebriedad, la violó y amenazó de muerte, circunstancias que al parecer el juzgado influenciado por el principio de la autodefensa dicto la libertad. Digamos que hasta ahí el caso parece fácil de entender, y difícil de no sentir necesidad de solidaridad, pero en realidad muestra complejidades que no solo contradicen a las feministas sino a la misma justicia, a saber:
¿Autodefensa con saña?
Entiendo que una persona defienda su vida y la de los suyos, pero en este caso la acusada no solo asesinó a quien fuera su marido sino que lo decapitó, dicho en otras palabras lo asesinó con saña, claro el argumento usado es que esta fue la muestra de emoción extrema que ella tenía cuando percibió que su muerte era inminente pero la verdad es que cualquier criminólogo podría asegurar que aquel hombre había muerto mucho antes de que su cabeza hubiera sido desprendida, es más, esta saña lo único que muestra es que hubo una suerte de venganza contra su víctima ¿es posible entonces asumir autodefensa cuando existe un sentimiento de venganza de por medio?
Asesinato y pena de muerte
Por años las feministas han sostenido que su lucha contra el femicidio se traduce en penas mayores de cárcel para hombres, aun cuando esto contraviene el principio de igualdad ante la ley, la destrucción de vidas bajo el argumento de que toda acción violenta, física y psicológica, contra una mujer en realidad encierra el odio hacia todas por el hecho de serlo, no más. Además, estas mismas feministas han parado iniciativas para la aplicación de castigos como la castración química para violadores y la pena de muerte para los homicidas, la razón es simple, esto no forma parte de la agenda de los financistas que las mantienen. Regresando al caso que nos ocupa, las feministas celebraron la ejecución extrajudicial de un hombre, y es que eso fue, no fue un homicidio en legítima defensa, muy probablemente el hombre intoxicado de licor se vio incapacitado de defenderse y su esposa procedió a darle muerte con extrema crueldad. El feminismo al aplaudir esto tuerce su postura original y plantea que finalmente es buena la pena de muerte siempre y cuando la que la aplique sea una mujer agredida y obviamente el ejecutado sea un hombre, no importa su adscripción étnica.
¿Debido proceso desde una comunidad indígena?
Hay dos versiones de este hecho, y una de ellas ahora está enterrada, la familia de la victima e incluso la comunidad tienen la sensación de que la puesta en libertad de la responsable ha conllevado impunidad, esto no es invento mío, lo afirman quienes hoy exigen que la señora abandone la aldea ante la incapacidad de poder juzgar ellos mismos lo sucedido. Esto me lleva a la tercera contradicción, y es que esta mujer, hoy elevada al rango de heroína, también es indígena lo que significó un plus en el ideario feminista, a ver, no es un secreto que en las aldeas indígenas que tienen los mayores índices de exclusión y de ostracismo subyace no solo el verdadero patriarcado sino que este no es denunciado por las feministas que al mismo tiempo que no exigen pena de muerte, tampoco señalan a los indígenas para no entrar en contradicción con la interseccionalidad, o sea, contradecir la agenda de los financistas.
Este terrible acto de violencia paso por los medios sin que uno solo señalara la pertenencia étnica de víctima y victimaria, un acto que perfectamente podría catalogarse de misándrico por la forma no por el móvil, pero eso ha quedado perdonado en tanto es indígena.
Como cierre la organización feminista Casa Artesana que defiende a mujeres privadas de libertad desde el argumento de que las mujeres son víctimas solo por el hecho de ser mujeres ha solicitado o más exigido a las autoridades comunitarias que depongan la decisión tomada en colectivo en relación a su expulsión, además del posicionamiento de superioridad moral que tristemente asumen estas activistas resulta ser que exigen, que la ahora homicida, sea reconocida por la comunidad como ellas en su postura ideológica definen, esto es claramente una desfachatez y por supuesto los medios no lo califican como actitud discriminatoria y racista.