Julio Abdel Aziz Valdez
Hace unos días trascendieron dos noticias que parece que nos regresa hasta hace más de 23 años en la historia a los guatemaltecos. Por un lado, está la captura de varios implicados en el caso Diario Militar o Dossier de la Muerte que se refiere a un documento apócrifo que tenía la foto e información de varios militantes guerrilleros que fueron secuestrados, asesinados o capturados ilegalmente durante el conflicto armado interno, y por otro lado está la iniciativa de ley 5920, presentada por el partido VALOR, que busca la amnistía para todos los procesados por crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Los tribunales se han convertido en el nuevo campo de batalla del post conflicto, algo que los suscriptores de los acuerdos de paz al parecer no pensaron o supusieron erróneamente que nunca sucedería. Incluyo en esta falta de previsión a los mismos comandantes de la URNG ya que para 1996 muchas de sus organizaciones de quinta columna, u Ongs, ya se había desmarcado del esfuerzo unitario y habían alcanzado su propia independencia, una de estas instancias fue la misma Iglesia católica que a través de su Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado llevó a cabo una investigación multimillonaria para medir los impactos del conflicto armado con el fin único de llevar a juicio a los militares, la mayor paradoja de esta investigación no fueron sus resultados sino que uno de los perpetradores institucionales como fue la misma iglesia católica se exculpó a si misma y se convierten en testigos, fiscales y jueces.
El mantener vivo el conflicto hace tiempo dejo de ser un tema de justicia, con los millones de dólares entregados en resarcimientos y ceremonias deslucidas y artistas a paga, el tema es netamente político, la tan acudida memoria no es más que la repetición hasta el cansancio de la narrativa dominante, el perpetuar a la víctima en su victimismo y hacer de él un discurso.
Es necesario entender que la narrativa victimista del conflicto que prontamente adquirió la identidad de genocidio, y con ello los supuestos perpetradores no deberían tener descanso en su persecución judicial, de pronto los crímenes de la guerrilla dejaron de ser considerados en tanto que ello implicaría el problema de admitir que hubo un conflicto y no un genocidio, los excomandantes, oficiales y entidades que proporcionaron cobijo, propaganda y apoyo al esfuerzo de guerra de la guerrilla se auto califico también de víctima y por lo tanto se auto exculparon, una iglesia que pone los nombres de miles de víctimas en su frontispicio como un monumento en metal en un plaza en la Universidad estatal.
¿Era viable la paz de haber habido indicios de procesos legales posteriores? La respuesta es sencilla: NO, y es interesante recordar que era la comandancia de la guerrilla la que más temía a procesos legales encauzados por personas “de poder” que quisieran cobrárselas por perdidas y atentados, por otro lado hacia 1996 la narrativa del genocidio aún no se había instalado y la lógica dictaba que la serie de crímenes cometidos por ellos eran visibles, terrorismo, asesinatos, secuestros y extorsiones contra la población civil eran punibles, al menos en un sistema político y legal que no había desaparecido con los acuerdos de Paz, aun así el gobierno de turno junto con jueces y diputados, que aún no formaban parte de la estructura de la venganza comprendieron que el punto final debería de aplicarse.
El rompimiento de la izquierda armada y el inicio de la venganza
Entre 1978 y 1985 se produjo la mayor cantidad de exilios de intelectuales adscritos como activistas, militantes, propagandistas, inteligencia y hasta apoyo logístico, producto en parte por las embestidas de las fuerzas del Estado que en muchos casos no tomo prisioneros, pero por otro lado por incapacidad de las organizaciones que prontamente se vieron superadas militarmente hablando.
La huida estrepitosa llevó a centenares de esos intelectuales que mantenían viva el discurso revolucionario a vivir en la marginalidad o en la clandestinidad en México, Nicaragua y hasta en la misma Costa Rica, los pocos fueron llevados a Estados Unidos o a Europa, estos hombres y mujeres comenzaron a ser contratados en universidades donde autoridades solidarias con las guerrillas dieron trabajo y otros prontamente fundaron ongs o se involucraron con algunas locales que estuvieran apoyando la organización revolucionaria.
Esos intelectuales aprendieron el noble oficio de construir un discurso y luego de extender la mano literalmente ente entidades financieras internacionales, muchas de ellas movidas por una enfermiza culpa debido a los relatos de dolor y muerte que aquellos profesionales del dolor desarrollaron y difundieron, incluso en diferentes idiomas.
Prontamente decenas de esos cuadros comenzaron a formar organizaciones paralelas que en principio ayudaban a mantenerlos y luego hacer campaña de desprestigio o desgaste político del régimen que les había expulsado de Guatemala, según ellos, pero que en realidad sus propias organizaciones no supieron sostener, el gran mal que hubo para el país, en este sentido, fue tener como vecino a México el cual se convirtió en la gran canal de conexión con el mundo de las Ongs y agencias internacionales, el trampolín para que decenas de aquellos revolucionarios profesionales se terminaran de formar.
El poder de las ongs de quinta columna se mostró con la enorme campaña a favor de la adjudicación del premio Nobel de la Paz a una militante del EGP en 1992 pero más temprano entre 1982 y 1983 cuando se produce la debacle del movimiento revolucionario militar en todos los frentes, se producen las escisiones del Partido Guatemalteco del Trabajo en una facción denominada 6 de Enero y del EGP en lo que posteriormente se convertiría en Octubre Revolucionario, ambas se originaron en México y nunca llegaron a despegar organizativamente en Guatemala, esto demostró no solo el quiebre de la estrategia revolucionaria sino los enormes problemas que habían en el reparto de utilidades producto no solo de la rapiña que se producía con las extorsiones sino de los contactos y accesos a fuentes de financiamientos que para ese entonces prácticamente eran sin condiciones.
Es en ese año 1982 que inicia la idea de una venganza política, no para quienes en su infinita estupidez y parsimonia organizativa no lograron escalar en el desarrollo del movimiento revolucionario sino en contra de quienes ante la incapacidad de poder enfrentar militarmente se empeñaron en hacer pagar algún día con la evocación de un Nuremberg a la inversa a aquellos que impidieron una victoria que concebían cercana, el hito del genocidio nació como un bebe prematuro porque aún habían combatientes en las montañas y selvas guatemaltecas pero en términos numéricos no superaban en número a unas cuantas bandas de forajidos, claro con un vigoroso cuerpo de diplomáticos, al menos al final del conflicto.
El desligue de los revolucionarios profesionales que vivían del dinero de la cooperación y ya no de las extorsiones o impuesto de guerra, fue el despegue político que sirvió para el cuestionamiento a la incapacidad de las organizaciones guerrilleras que prácticamente, y en palabras de Mario Payeras ex comandante del EGP, fueron derrotadas estratégicamente. En fin, no quedaba mas que el discurso victimista que significaba el ganarse un espacio en el espectro político, el hacer la guerra por otro medio como bien afirmaba Clausewitz.
Bámaca y el antecedente legal del Dossier
La estrategia legal de los herederos de la guerrilla fue sustituir la narrativa de conflicto armado por la de genocidio y finalmente llevar a cabo procesos legales contra aquellos que en su discurso solo pudieron ganarles usando la estrategia de la “tierra arrasada” que contradictoriamente se asemeja más la lógica de los soviéticos en retroceso frente a los alemanes que avanzaban en la invasión a Rusia en 1942.
Efraín Bámaca un oficial de alto rango de la ORPA fue supuestamente secuestrado por el ejército en 1992 y luego de una serie de torturas finalmente es ejecutado y su cuerpo desaparecido, ¿Por qué decimos que este es el antecedente del actual proceso legal del llamado Dossier? Pues dos razones, se culpa al Estado por el manejo inapropiado de un enemigo, lo cual puede ser cierto, y no hubo encauzamiento legal que le permitiera, a juicio de sus posibles captores aquello hubiera servido para hacer un show mediático, pero por otro lado aquel personaje era un hombre que era responsable de decenas de muertes, amenazas, extorsiones y destrucción de infraestructura[1] todo esto quedo en un segundo plano y hasta tercer plano cuando su esposa, una activista norteamericana hacía performances en pleno Parque Central de la ciudad de Guatemala denunciando la desaparición de su esposo, con quien además había contraído nupcias en Texas, el mismo gobierno de Estados Unidos había permitido la entrada de este y me imagino que de muchos más como el a su propio territorio, bueno, hay que recordar que esto se produjo muchísimo tiempo antes del 11 de septiembre del 2001 y seguro las leyes migratorias eran mucho más flexibles que ahora.
Entrando a la década de los noventa el ensayo Bámaca rendía frutos para lo que sucedería años después, procesos legales no conducidos por estructuras organizativas de URNG sino por quinta columnistas y/o ongs contra miembros de la alta jerarquía del ejército que valga la aclaración mostraron poca consistencia para defensas institucionales, es más, la oficialidad que no participó del conflicto o que lo hizo en forma marginal, estos voltearon la mirada cuándo las acusaciones afloraron y, le dejaron esto a las organizaciones de veteranos que surgieron después pero este es otro tema.
Y los comandantes ¿para cuándo?
En un genocidio no cabe la corresponsabilidad, el Estado ha sido endilgado como único responsable tanto material como intelectual, por arte de magia la guerrilla desapareció como fue repetido durante decenas de veces por los testigos durante el juicio contra el Gral. Efraín Ríos Montt, la muestra más palpable de que todas, absolutamente todas las organizaciones que sirvieron para el peritaje forense, querellantes y propagandistas acusatorios contra los generales no encauzaron una sola denuncia contra los comandantes guerrilleros por lo que el tema de la justicia no tiene cabida, por otro lado, todas absolutamente todas estas organizaciones cobraron miles de millones de dólares para construir la narrativa e instalarla, el reconocer hoy que hubo violencia criminal de parte de la guerrilla daría argumento a la defensa de los militares de que su accionar se produjo en medio de una agresión interna y externa hacia el orden constitucional, o sea, que estos solo reaccionaron.
El secuestro de la fiscalía general en dos mandatos y el entramado de la fiscalía de derechos humanos que surge en medio de las presiones políticas de los Estados Unidos y Unión Europea vaya, después de haber dado otros miles de millones para armar los casos judiciales reafirman que la narrativa no tiene sentido sola sino no se repite millones de veces.
Los juicios contra comandantes guerrilleros no se llevarán a cabo si no existe presión política ni inversión de dinero en generar argumentos y pruebas, que las hay, pero nadie estará dispuesto a invertir en procesos que demostrarían no solo la culpabilidad de aquellos que han sido desvanecidos de la historia sino además en salvar a personas de la tercera edad que se han desligado de la institución armada, lo que constituye una paradoja interesante al final de este relato.
La amnistía finalmente solo beneficio a los guerrilleros y a la institución del ejercito que borro de sus registros a varios de sus miembros activos.
Regresando a la pregunta original, ¿debería haber amnistía a los militares? Esta una pregunta que más allá de la afirmación o la negación es necesario recordar que esta se planteó como un recurso necesario e imprescindible para facilitar la negociación del conflicto y el hecho de que los comandantes guerrilleros hayan tenido la comodidad y amparo legal para constituir su estructura partidaria, con todos los muertos y demás crímenes en su haber, confirma la mitad de la intención, no así con el Estado que como afirmamos antes fueron perseguidos por un lado por la disidencia de la guerrilla por un lado, pero por otro, con la serie de financistas extranjeros, que además de haber sostenido el aparato diplomático de la guerrilla, también eran los titiriteros ideológicos de estos nuevos rumbos de la coyuntura internacional post caída del bloque soviético, no se encontraban ni en Rusia ni en Alemania Oriental sino en tendencias más light, universidades norteamericanas y europeas, en agencias gubernamentales de países como Noruega que imploraban por el reconocimiento de su músculo diplomático en la Guerra Fría, en fin.
El conflicto se resiste a finalizar mientras haya quien financie el recuerdo y la narrativa, y eso es lo que estamos presenciando en tribunales.
[1] El caso es similar al de la ejecución de un guerrillero del vietcong por parte de un oficial del ejercito survietnamita en plena ofensiva del Tet, el asesinato se produce frente a las cámaras y se viraliza en termino de unos meses y sirvió para propaganda contra la presencia norteamericana en aquel lugar y contra la guerra, se condenó moralmente a dicho oficial, pero no trascendió quien era el ejecutado, la cantidad de ejecuciones que había llevado a cabo y el contexto de guerra que se vivía en ese entonces en Vietnam.