De forma recurrente, cada cuatro años, los diputados inician la legislatura con entusiasmo. Sin embargo, recurrentes son también la precipitación el poco análisis y el desconocimiento de las funciones del Congreso. Entre ellas, las medulares son emitir, modificar y derogar leyes en estricto apego a la Constitución Política de la República y demás decretos que el mismo Congreso ha creado. Sin temor a equivocarme, estoy seguro de que muchos de los señores diputados no han leído la Constitución y no se preocupan por hacer un análisis y velar por la creación de buenas leyes para el país, ni por derogar aquellas que ya no son de utilidad. No podemos negar que existen algunos buenos diputados, que toman con responsabilidad sus funciones y velan por un mejor país. Lastimosamente la gran mayoría vela por sus propios intereses y busca figurar en las noticias y aparentar que trabaja, creyendo que su desempeño se mide por la cantidad de iniciativas que proponen, aunque estas resulten absurdas y no sean provechosas para el país.
Tenemos un país sobre-legislado y no podemos caer en el error de pensar que dentro de la frustración que genera que no se cumplan las leyes o que no se vean los cambios deseados, se caiga en la tentación de tratar de arreglar los problemas que nos aquejan por decreto. Encontramos iniciativas de todo tipo que van de lo risible hasta padecimientos sociales de gran envergadura, a manera de ejemplo pueden mencionarse algunas que evidencian lo que pongo de manifiesto. La propuesta para encarcelar a los ministros que no lleguen a las citaciones del Congreso, demuestra un desconocimiento total de Derecho Penal. Una ley de tarjetas de crédito que pretende tutelar la irresponsabilidad del mal uso de la misma, limitando el monto del crédito al que una persona puede acceder e imponiendo precios tope a los intereses que puedan cobrarse, tergiversa totalmente una operación que se maneja universalmente de otra forma. Una Ley de la Juventud que, entre otras cosas, pretende incrementar impuestos, impulsar derechos y obligaciones que deberían ser para todos los guatemaltecos, adiciona más burocracia y corrupción; basta con mirar los desfalcos suscitados en el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE). Resulta evidente que vía decreto no se resuelven los problemas. No se obliga a los ministros a asistir a las citaciones, ni se vuelve más responsable a aquellos que gastan más allá de sus responsabilidades, ni se evitan los abusos y violaciones a menores de edad. Lo anterior pone de manifiesto la importancia del análisis antes de legislar, de reconocer las instituciones existentes, entender las instituciones jurídicas reconocidas en el país, conocer el funcionamiento de ellas y de nuestra legislación. Esperemos que los diputados fortalezcan su coherencia legislativa, hagan un análisis profundo de las instituciones y enfoquen bien esa euforia legislativa para que haya un efectivo cumplimiento de la ley y el Estado de derecho que tanto necesita esta país.
