Anhelamos vivir en un mundo mejor. Las necesidades globales, nacionales, municipales o comunitarias representan una larga lista de retos por resolver. Los cambios poblacionales, del entorno, geopolíticos y tecnológicos solo exacerban el tamaño de la lista.
Salvador Paiz
Con el afán de atender esas necesidades, los políticos y autoridades buscan implementar soluciones a través de políticas públicas. Dichas iniciativas representan medidas marginales para alterar el sistema de leyes y medidas regulatorias que deben ser evaluadas por sus efectos, no solo en atender la necesidad objetivo sino también por sus efectos colaterales hacia el resto del sistema.
Si bien partimos del supuesto que los políticos tienen una voluntad genuina por resolver problemas de fondo al prometer e implementar políticas públicas, la realidad es que las soluciones planteadas mayoritariamente se diseñan de forma apresurada y sin el análisis sistémico que se requiere para resolver estos problemas estructurales. Según la teoría, toda política pública debe tener tres elementos clave: la definición de un problema, las metas y/u objetivos que se quieren alcanzar, y los instrumentos y/o acciones que se utilizarán o llevarán a cabo para resolver el problema y alcanzar las metas. En caso, tras el debido monitoreo y revisión, se descubre que la política pública no “resuelve” el problema en cierto plazo, se regresa a la mesa de diseño para ofrecer un nuevo “parche”.
Exploremos un ejemplo de México, la iniciativa “Sembrando Vida”. El presidente de dicho país, Manuel López Obrador, lanzó este programa en 2019 como una de las políticas públicas más importantes de su gestión. Buscaba ayudar a más de 400,000 agricultores, reducir la pobreza en áreas rurales, combatir el cambio climático al estimular la reforestación y reactivar las economías locales. ¿Cómo iba a lograrlo? Incentivando la siembra de árboles con el ofrecimiento de un estipendio de 5,000 pesos mexicanos.
Hasta el momento, todo suena muy lindo, prometedor y positivo. Pero ¿qué fue lo que en realidad sucedió (y está sucediendo)? Como suele pasar en nuestros países, la implementación de “Sembrando Vida” no estableció métricas, criterios ni estrategias de monitoreo que lograran determinar el verdadero impacto que se tendría en el cambio climático. Tampoco se establecieron mecanismos de transparencia para fiscalizar el manejo del presupuesto del programa ni el manejo de la información sobre la identidad de los beneficiarios. En general, el programa no ha tenido una coordinación adecuada, las personas encargadas carecen de entrenamiento y habilidades necesarias para inspeccionar en el campo, mientras que a los agricultores no se les da un seguimiento adecuado para ayudarlos a asegurar la supervivencia de los árboles.
Lo más alarmante de todo son las consecuencias imprevistas de dicha política pública. Lo que no mencioné antes es que, para recibir el estipendio, solo califican los terrenos baldíos. Así que muchos mexicanos decidieron talar y quemar bosques y terrenos enteros, con tal de poder calificar. El resultado fue exactamente opuesto a la intención, con un costo exorbitante para acabar de complicar. Según el Instituto de Recursos Mundiales, en 2019, “Sembrando Vida” causó la pérdida de más de 72,000 hectáreas de bosque maduro (tomemos en cuenta que, en promedio, en cada hectárea caben entre 800 y 1000 árboles, por tanto, esto implicó una pérdida de cerca de 72 millones de árboles) y solo logró la siembra de 80 millones de árboles, de los 575 millones que se tenían proyectados como objetivo.
Otro ejemplo, la política de drogas y la fatídica «guerra contra las drogas». A lo largo de los años se han establecido acciones contra la siembra, la producción, el tráfico y la comercialización de sustancias ilícitas. Todo ello sin éxito alguno. Por décadas la “prohibición” ha sido el fundamento del sinfín de políticas públicas creadas para terminar con el flagelo de las drogas y desmantelar las organizaciones criminales narcotraficantes. Sin embargo, esto ha logrado un efecto marginal e insignificante en el consumo. Entre las consecuencias imprevistas podemos tabular el incremento prolongado de precios de sustancias como la cocaína a lo largo de los últimos 50 años, generando grandes ganancias artificiales e incentivos para los narcotraficantes.
Un último ejemplo, del cual me he expresado ampliamente en este espacio, es el cierre de las escuelas durante la pandemia del Covid-19. En un inicio, claro que hacía sentido proteger a nuestra sociedad, sobre todo porque no conocíamos la enfermedad. Pero la política debió haber evolucionado conforme el planeta aprendía sobre cómo lidiar con esta enfermedad. Mientras se establecieron políticas para reactivar la economía (abriendo negocios y restaurando la actividad), no sucedió lo mismo para que nuestros niños y jóvenes pudieran retomar su aprendizaje. Es más, continuamos obstaculizando e impidiendo el retorno a clases pleno. Lejos de proteger a nuestros niños y jóvenes, les generamos un grave problema. Seguro la situación nos saldrá muchísimo más cara cuando nos demos cuenta del daño irreversible que le hemos causado a toda una generación de niños guatemaltecos.
Ciertamente las políticas públicas pueden ayudar a mejorar la vida de muchísimas personas. Desde hace años hemos visto cómo ciertas políticas públicas han aportado a la defensa de la libertad, a la protección de los derechos humanos, a mejorar la salubridad de la población, al resguardo de la propiedad privada, etcétera. Pero es importante que, si se busca generar un impacto a largo plazo, estas políticas públicas sean sostenibles en el tiempo y que promuevan verdaderos cambios de raíz. De nada servirá cambiar políticas públicas con cada gobierno, porque se pierde el avance ya logrado. Adicionalmente, debemos medir el impacto que estas políticas generan en la vida real, tanto sobre las variables objetivo como sobre los efectos colaterales. Seamos más exigentes sobre la calidad del análisis y la medición de resultados. Porque, globalmente, nos están saliendo caros los errores.
