Mario Mérida
Escritor, comunicador y docente universitario
Internacional
En el ámbito internacional, lo relevante es la captura del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, acusado de «participar en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares»; detención aparentemente negociada por la vicepresidente Kamala Harris, durante su visita a la toma de posición de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Captura, que se percibe como una estrategia del gobierno de Biden, para terminar de contener la amenaza del narcotráfico y reducir la corrupción en su área de interés.
El otro asunto es la estrategia del presidente Putin para tomar el control de Ucrania, que obligó al presidente Biden a enviar tres o cuatro mil soldados a Polonia, en caso de que la invasión ocurra. El otro suceso, más propio de la prensa rosa, es el convenio financiero del príncipe Andrés -hijo de la reina Isabel de Inglaterra-, con la supuesta víctima de abusos sexuales Virginia Giuffre de origen norteamericano, el cual tuvo implicaciones al interior de la monarquía.
Contexto nacional
La dinámica nacional gravita alrededor de cuestiones relativas a la justicia, corrupción, ineficiencia pública, injerencia extranjera, resistencia a la vacunación por parte de algunos guatemaltecos, los preparativos para elegir Fiscal General, el alza del combustible, que incidirá en los productos y servicios y las distintas apreciaciones acerca del sismo (6.8), que para algunos fue temblor y otros lo califican de terremoto.
En la coyuntura siempre existe uno o más temas significativos. En el caso de nuestro país podrían ser el expediente abierto al presidente Giammattei -bajo reserva- y las capturas de personas que laboraron en la CICIG, sindicadas de supuesta obstrucción de la justicia.
Lo más relevante
Las capturas de extrabajadores de la CICIG, divide mediáticamente a juristas, politólogos y a otros actores nacionales y extranjeros, pero no a la población abrumada por el alto costo de vida, la violencia cotidiana y los trágicos efectos provocados por los continuos accidentes de tránsito. En cuanto a la captura de exfuncionarios de la CICIG, fue oportuna la intervención pública de la Fiscal General: aclarando que no «… se tratan de una criminalización ni venganza, sino el estricto cumplimiento de la Ley y el debido proceso». También expresó que: «Algunos actores para evadir su responsabilidad penal o bajo mecanismos de presión quieren instruir investigaciones por motivaciones políticas o ideológicas confunden a la población». Situación frecuentecuando se trata de juicios contra militares u otros casos de índole política.
Es la investigación y capturas de extrabajadores de la CICIG, realizadas por el Ministerio Público (MP), por las implicaciones que podrían tener en procesos aún sin resolver. Seguramente algunas personas u organizaciones manifestarán su desaprobación, en que los capturados sean consignados a tribunales a cargo de jueces afines a la CICIG y de algunos diplomáticos, que los calificaron de amigos.
La defensa y señalamientos públicos en favor o contra los capturados, son pocos útiles para la comprensión de los guatemaltecos de a pie; sobre todo cuando los personajes que se pronuncian son activistas de organizaciones pro los capturados u opositores de los sindicados. Es decir, el debate se queda en dimes y diretes, lo que no permite visualizar y reflexionar serenamente sobre los efectos negativos en el sector justicia.
Asimismo, son criticados los campos pagados en apoyo de quienes fueron capturados, principalmente el difundido por expersonal de la CICIG; en algunos de los casos, porque no estaba firmado. Personalmente, considero que lo expresado es una libre demostración de solidaridad hacia sus excompañeros de labores, que no influirá en la opinión del fiscal o del juez que finalmente lleve el caso.
En conclusión
Resulta difícil conversar abierta y serenamente sobre las detenciones y encarcelamiento del expersonal de la CICIG; por las pasiones que genera. Quienes observamos desde afuera podemos considerar a los capturados inocentes o culpables y manifestar nuestra solidaridad o rechazo; pero, en ninguno de los casos podemos asumir el rol de jueces mediáticos, para exonerarlos o condenarlos, apelando a nuestra infalibilidad -papal[1]– para juzgar los hechos difundidos por los medios de comunicación. Por ejemplo, la semana pasada se cuestionó la presencia de funcionarios extranjeros en las primeras audiencias, de igual manera fue objetado en su momento el apoyo de un diplomático al licenciado Sandoval, para abandonar el país. La pregunta es: ¿Sucedieron estos hechos? Y aún más importante: ¿Fueron acciones solidarias o injerencia?, ¿Quién determina esto… la cancillería o el MP?
Independientemente de cualquier simpatía o antipatía por los sindicados en la supuesta obstrucción de la justicia -aún no se ha comprobado-, lo importante es lo que siempre se exige y, es lo que muchos no han tenido, … un juicio imparcial, basado en una acuciosa investigación por parte del MP, como lo es actuar: “… con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece”, que incluye determinar la inocencia del imputado, de igual forma deben actuar los jueces.
[1] El Concilio Vaticano I (1870) declaró, que Cuando «El Romano Pontífice, habla ex cathedra (= con autoridad), esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia.
