Por: Andrés Castillo
El contrabando se ha vuelto un problema de relevancia nacional ya que es una fuente de financiamiento para el crimen organizado, competencia desleal para la industria y el comercio, atenta contra la salud del consumidor, afecta los ingresos tributarios al Estado y también disminuye las oportunidades de empleo formal en nuestro país.
No debemos esperar más!!! Por lo menos tres medidas deben ser implementadas lo antes posible en el combate a este flagelo tan dañino para los guatemaltecos:
1) Contar con una Política Nacional de Combate al Contrabando.
2) Implementar y aplicar la Ley contra el Contrabando y Defraudación Aduanera para que se agilice el decomiso y la destrucción de mercadería ilegal y
3) Institucionalizar el Consejo Interinstitucional de Combate al Contrabando y la Defraudación Aduanera (COINCON).
Llevamos años presenciando este creciente peligro sin que hasta la fecha el sistema político haya logrado combatirlo de manera eficaz y contundente. Sabemos que la política suele ser desesperadamente lenta, pero en este caso están de por medio grupos del crimen organizado que atentan contra la economía, la seguridad, la salud y el empleo formal de los guatemaltecos. Ciertamente, el contrabando atenta contra la economía del país, porque afecta la recaudación fiscal y la inversión pública. Según cálculos de FUNDESA, en el año 2016 el Estado guatemalteco dejó de percibir aproximadamente Q 16 mil millones anuales por este delito, dinero que podría haber sido utilizado para carreteras, seguridad, educación e infraestructura. También quebranta oportunidades de empleo porque las industrias que pagan sus impuestos y generan empleo formal se ven forzadas a bajar la producción, pues compiten en desventaja frente a los contrabandistas.
Vulnera la seguridad del país, pues está comprobado que por donde existe trasiego de mercadería, también interviene el crimen organizado, expresado en narcotráfico, trata de personas y tráfico ilegal de armas. Y por último, infringe daños a la salud, pues los productos ilegales no cumplen con registros sanitarios. Así las cosas, resulta imprescindible tomar medidas urgentes: acordar las reformas legales y administrativas necesarias, y que los organismos Ejecutivo y Judicial las apliquen.
Este es el mejor principio para dar una respuesta común, integral y decisiva contra este tumor que destruye nuestro progreso. Desde el sector empresarial vale la pena destacar acciones que Cámara de Industria ya está llevando a cabo, como son el abordaje del tema de manera transversal y no únicamente sectorial, la participación en el COINCON y la organización del 3er encuentro de la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando (ALAC), que se llevará a cabo en Guatemala en el mes de octubre. La pregunta del millón es, ¿qué ha pasado con las todas las denuncias que han puesto los empresarios declarando actividades de contrabando? Solo en los últimos 6 meses se han presentado más de 16 denuncias, las cuales aparenta que están durmiendo el sueño de los justos.
