Julio Abdel Aziz Valdez
En enero del 2011, durante el gobierno altamente cuestionado de Álvaro Colom que se autoproclamaba como socialdemócrata, se publicó la segunda edición del informe La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos de la Policía Nacional, para describirlo en pocas palabras, a raíz de las investigaciones llevadas a cabo en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, a la cual se le acusaba de ser uno de los tantos cuerpos represores de los gobiernos de turno, más durante la llamada guerra contrainsurgente que se llevó a cabo, según los historiadores desde la constitución misma del Estado pero especialmente desde las décadas de los sesenta hasta los noventa, que es el periodo que más se ha usado para demostrar los niveles de represión ¿irracional? del Estado.
Habiéndose, según este informe publicado, demostrado la veracidad del documento en mención hace 10 años, el 27 de mayo del presente año se procedió, por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos, a la captura de 11 personas, la mayoría de la tercera edad, por su supuesta responsabilidad, aun cuando esto aparentemente no tiene conexión la casualidad se produce, un par de días antes de estas capturas igualmente se había procedido solo que por parte de la fiscalía de delitos electorales a la captura de un conocido dirigente de izquierda, por cierto, pariente de una de las victimas que aparecen en el llamado “dossier de la muerte”, nombre rimbombante que se le endilgó para que tuviera más impacto en el ámbito internacional.
Retrocedamos un poco en el tiempo, el 27 de mayo de 1999 la señora Kate Doyle, una reconocida activista y reproductora de la narrativa del conflicto armado en Estados Unidos afirma haber recibido el documento en mención, luego de pagar 2000 dólares americanos a un miembro del ejército de Guatemala, sin identidad, que lo había sustraído en forma subrepticia, o mejor dicho, robado.
Dicho documento según dice ella, fue elaborado por un cuerpo paralelo de inteligencia adjunto al Estado Mayor Presidencial conocido como el Archivo, este hecho se asemeja mucho al documento Plan Sofía que fue parte de las pruebas documentales presentadas durante el juicio por genocidio.
Recuerdo fielmente que cuando aparece el llamado Diario en 1999 a la opinión pública, que no se movía en torno a redes sociales, le dio credibilidad en tanto que supuestamente confirmaba lo que había sucedido durante el conflicto armado, dos puntos hay que resaltar en este momento:
- La necesidad de la prueba documental para futuros procesos legales
- La necesidad de convertir el mito en un hecho y eso solo puede se puede llevar a cabo con esas pruebas documentales
La confirmación del genocidio va más allá de la existencia de los cuerpos de las víctimas, es necesario comprobar, como se hizo en los juicios de Nuremberg, que había la intención del Estado por llevar a cabo dicho acto de crueldad, el Diario intenta representar en la formalidad documental las declaraciones de las llamadas victimas muchas de ellas manipuladas como se confirmó con los testimonios de Rigoberta Menchú en 1998 por parte de David Stoll.
El Diario se le apellido militar por la declaración de Doyle de a quién se lo había comprado y no porque mostrase un formato oficial, sellos o incluso que mostrase la cadena de mando, si es que la hubo, el reafirmar que es militar también tenía la intención de confirmar la responsabilidad de la institución del Estado para futuros procesos legales como el actual, y recurrir de nuevo a los resarcimientos y a los financiamientos para el funcionamiento institucional de Ongs de derechos humanos y otros.
Regresando al informe del gobierno de Colom, para llegar a la conclusión de su veracidad se empleó dos criterios, a saber:
- La reafirmación de la narrativa o sea la versión del uso de la represión indiscriminada por parte del Estado
- La constatación de que los personajes que ahí aparecían en efecto habían sido motivo de observancia por parte de la Policía Nacional
Con la constatación de que la información somera del Diario era contrastable con la información en el archivo se llegó a la conclusión lógica, aquella era parte de esta misma estructura de información con todo y que no guardaba el mismo formato.
A ver, la disyuntiva que aparece en quienes asumen la veracidad del Diario es que no pueden negar la relación que los que ahí aparecen en efecto si tenían vínculos con las organizaciones político militares o guerrillas, pero refirman que no era la forma de cómo debería haber actuado el Estado lo que tendría lógica, sin embargo regresamos a la retorica del victimismo que desvanece el carácter de las actividades que realizaban en el clandestinaje armado por el de víctimas, es más, algunos intelectuales aún más tendenciosos resaltan el carácter heroico de las supuestas victimas como sucedió cuando se develó el monumento a los “mártires de la USAC” en la llamada Plaza de los Martires.
Ahora bien, regresando al documento, aun cuando la información que contenía fuese cierta esto no implica que el documento haya sido parte del accionar del Estado en tanto que no se pudo confirmar la cadena de custodio de la misma y porque además su secuestro no se produjo en una oficina del Estado como si fue el caso de los archivos de la PN y que más adelante se intentó hacer en las oficinas que antes ocupaba el Estado Mayor Presidencial.
Los cuestionamientos lógicos que se hizo sobre su autenticidad, hay que recalcar que el Gobierno de Colom intentaba con este tipo de informes mostrarse no solo como un gobernante consciente de los impactos de la represión y por lo tanto ganarse las simpatías hacia su gestión sino también mostrarse a nivel internacional un adalid de las causas de justicia hacia los casos de violencia política como sucedió en el caso de Raúl Alfonsín en Argentina que tuvo a su bien el que se realizara el informe Nunca Mas que evidenciaba los casos de represión durante las dictaduras.
Contradictoriamente no se quería acercar a los esfuerzos realizados por Arzú que no solamente terminó con el conflicto armado sino que además recibió con muy mala gana los resultados del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1999 de un acuerdo que no se había suscrito durante su gestión pero que además constituían una amenaza a mediano plazo, la que podría provenir de futuros reclamos provenientes de la que para finales de los noventa era un lobby fincado en organizaciones de DDHH y al parecer el tiempo le dio la razón.
El diario no constituye un documento fiable, en todo caso las constataciones realizadas en torno a los archivos de la PN podrían serlo aún más, pero en ellos no se consigna, con certeza, supuestas ejecuciones extrajudiciales, de ser así el Diario no tendría importancia y regresaríamos a la prueba más contundente como son los archivos con tarjetas de Kardex de la PN.
De las pruebas y de las partes
Hay un enorme problema de credibilidad que no se pone sobre la mesa a la hora de juzgar los datos que hay sobre el llamado Diario, y es quien lo encontró o quien lo divulgó, esto me recuerda la investigación, realizada por el sacerdote-antropólogo Ricardo Falla, que denominó Masacres de la Selva, un relato muy vívido y lleno de detalles que planteaba la política de “arrasamiento de aldeas enteras” en Ixcán durante el conflicto armado interno sobre todo en el período del gobierno de facto de 1982.
Este trabajo reimpreso en 1992 por la Editorial Universitaria de la USAC, si en el mismo año que ganó el Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, y cuando se produjo el primer retorno organizado de campesinos refugiados en México al mismo Municipio, en medio de las movilizaciones contra la celebración de los 500 años de la llegada de los Europeos al continente americano, en medio de todo esto nadie señaló el pequeño detalle que aquella investigación no había sido respaldada por ningún ente académico, universidad o centro de investigación, todo proviene de la extensa investigación o supuesta investigación del antropólogo en cuestión que luego trascendió su responsabilidad en la estructura organizativa del EGP, todo esto debería en determinado momento poner en cuestionamiento el ¿Quién? Pero no, es más 7 años después se repite el caso con Kate Doyle, con la diferencia que ella acepta sin mayor reparo que había pagado por el documento que hoy nuevamente es presentado como la Piedra de Roseta en la academia secuestrada por la narrativa.
Lo que no cuenta Doyle es si había ofrecido pagar por información parecida antes de que el misterioso sujeto apareciera con él, es de suponer que haya habido varias personas queriendo ganar dinero como sucede en el reality de History Channel “El precio de la historia”.
Pero antes de que me acusen de cuestionar inmisericordemente a los mensajeros y no al mensaje, vuelvo al punto, a lo mejor con un ejemplo para mostrar el punto, ¿hubiera sido válido inventar una carta firmada por Ríos Montt dando órdenes de arrasar con las comunidades indígenas en el área Ixil con tal de lograr la condena por genocidio? Total, el fin es más importante que el medio y vaya todos saben que el es el responsable, y si algo por el estilo sucedió con el Plan de campaña Sofía que en ninguna parte consigna abierta y claramente el crimen por el que fue juzgado.
El diario tuvo mayor relevancia cuando el gobierno de Álvaro Colom decide asumir el tema desde la perspectiva política una vez ganada la presidencia en el año 2008, tres años después de que se descubriera el archivo de la PN y acá es necesario detenerse un poco, ese archivo es hallado por personeros de la Procuraduría de Derechos Humanos y de inmediato es puesto a resguardo por personal de aquella institución pero no es hasta cuando meses después el entonces Procurador Sergio Morales designa a Gustavo Meoño Brenner como su director, en parte por sus dotes de gestor de recursos financieros lo que demostró al conseguir el apoyo del PNUD y otras agencias, lo que no se invisibilizó a propósito fue que Meoño conocido en el ámbito de las Ongs políticas hasta 1996 había formado parte de la estructura del EGP y de URNG es más, él es señalado directamente de ser corresponsable intelectual de los atentados terroristas que sucedieron en Guatemala entre 1980 y 1982 al ser parte de la Dirección Nacional de esta organización guerrillera y que cobró la vida de civiles y de agentes de seguridad del Estado.
No hubo contundencia en señalar el conflicto de intereses que esto representaba, la narrativa del victimismo era tan fuerte que no importaba quien la reprodujera ni con que intereses políticos lo hiciera, sino que simplemente siguiese dando vueltas y refirmara de nuevo los hitos impuestos.
Kate Doyle no tiene empacho en presentarse como activista, una muy longeva, por cierto, desde 1992 admite trabajar para grupos de derechos humanos en América Latina en Estados Unidos, ella como otros fueron parte del frente externo o de las redes de apoyo político diplomático que organizaciones insurgentes desarrollaron para presionar a los gobiernos latinoamericanos especialmente en Guatemala, El Salvador y Perú. Ella ha servido como “perito especialista” en juicios emblemáticos como el de la muerte de los sacerdotes jesuitas en la UCA en El Salvador durante la ofensiva del FMLN de 1989 y la joya de la corona en su larga trayectoria el Juicio por Genocidio en Guatemala.
Nuevamente el quien no está en discusión en este tema o peor aún, no tiene importancia para el juzgador que asume ahora que Doyle, Falla y Meoño son las voces autorizadas del hoy y su pasado no está en discusión, incluyendo los enormes intereses que tenía para mantener viva la narrativa, esa narrativa es la que genera elementos de prueba, tuvieron que pasar casi treinta años para que ese discurso se instaurara en generaciones de profesionales y comenzaran a juzgar con poco criterio historiográfico y más con el ideológico.
