“Hay líderes que cumplen sus metas y, aun así, debilitan a la organización. Entregan resultados, pero dejan equipos desgastados, talento que se marcha y una cultura cada vez más frágil”.

Por Dr. Virgilio A. Cordón

El líder que da resultados puede no ser el líder que su empresa necesita

Durante años, las organizaciones han aprendido a medir con bastante precisión el rendimiento de sus ejecutivos. Ventas, rentabilidad, productividad, participación de mercado, cumplimiento presupuestario e indicadores de gestión permiten saber quién alcanza sus metas y quién no.

El problema es que cumplir objetivos no necesariamente convierte a una persona en un buen líder. Las organizaciones de alto rendimiento deberían evaluar a sus líderes considerando dos variables: rendimiento y confianza.

El rendimiento responde a una pregunta relativamente sencilla: ¿esta persona cumple consistentemente con los resultados que la organización espera?

La confianza plantea preguntas más complejas: ¿su equipo confía en ella?, ¿actúa con ética?, ¿es leal a la organización y a su gente?, ¿desarrolla talento?, ¿genera compromiso?, ¿puede tomar decisiones difíciles sin destruir relaciones?, ¿piensa solamente en alcanzar la meta del año o también está construyendo el futuro?

Al combinar ambas variables aparecen cuatro tipos de líderes: aquellos con bajo rendimiento y baja confianza; bajo rendimiento y alta confianza; alto rendimiento y baja confianza; y, finalmente, alto rendimiento y alta confianza.

Naturalmente, toda empresa desea líderes ubicados en este último grupo. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes ocurre con el ejecutivo de alto rendimiento y baja confianza.

Es la persona que entrega los números, pero deja víctimas en el camino. Puede alcanzar sus objetivos presionando excesivamente al equipo, apropiándose del trabajo de otros, compitiendo internamente de manera destructiva o tomando decisiones cuestionables con tal de llegar a la meta. Sus resultados de corto plazo suelen protegerlo y, muchas veces, incluso facilitar su promoción.

El costo aparece después. Rotación de talento, ambientes laborales deteriorados, falta de colaboración, pérdida de compromiso y una cultura organizacional que termina premiando el resultado sin importar cómo se obtuvo.

“Medir solo rendimiento puede llevarnos a promover a la persona equivocada. Un verdadero líder no solo alcanza objetivos: también genera confianza y hace que los demás sean mejores”.

Aquí aparece una paradoja interesante: cuando preguntamos quién produce más resultados, normalmente es fácil identificarlo. Pero cuando preguntamos a los colaboradores a quién acudirían cuando necesitan apoyo, quién impulsa su crecimiento profesional, quién genera un ambiente saludable o quién inspira verdadera confianza, también suelen tener una respuesta inmediata. Y no siempre es la misma persona.

Ese segundo ejecutivo puede no ser todavía quien presenta los mejores números, pero muchas veces es el verdadero líder natural del equipo. Si además recibe acompañamiento para desarrollar sus competencias y elevar su rendimiento, puede convertirse en un activo mucho más valioso para la organización que aquel ejecutivo brillante en resultados pero destructivo en sus relaciones.

El desafío para propietarios, consejos de administración y altos directivos es evidente: hemos desarrollado sofisticados indicadores para medir rendimiento, pero muy pocos para medir confianza.

Y aquello que no medimos difícilmente entra con suficiente peso en nuestras decisiones. Por eso, antes de promover a alguien a una posición de liderazgo, no deberíamos preguntar únicamente: “¿Qué resultados ha conseguido?”.

También deberíamos preguntar: “¿Qué ocurre con las personas cuando esta persona lidera?”

Porque los resultados muestran lo que un líder logró ayer. La confianza nos ayuda a anticipar lo que será capaz de construir mañana y eso debe ser un tema de vital importancia para cualquier tipo de organización. ¡Éxitos!.

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La semana pasada, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI (antes, Anadie) lanzó 10 proyectos que estarían licitándose en los próximos meses para generar mayor desarrollo en el país. Seis sectores serán claves en este nuevo portafolio presentado: transporte y conectividad, infraestructura energética, logística y competitividad, saneamiento, edificación pública y seguridad.

Por Juan Carlos Zapata

La nueva cartera de proyectos de alianzas público-privadas (APP) incluye: 1. La Interconexión CA-1 Occidente–CA-9 Sur (radial 6) que conectará los municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala; San Lucas Sacatepéquez y Santa Lucía Milpas Altas, en el departamento de Sacatepéquez y Antigua Guatemala, en el departamento de Sacatepéquez; 2. La conexión vial Metropolitana Norte–Oriente, en los municipios de Guatemala, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Palencia, San José Pinula y Fraijanes, en el departamento de Guatemala; 3. Sistema Metropolitano de Centro de Transferencia de Transporte Público en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala; 4.

Construcción de la subestación eléctrica Petén Itzá 230/69 kV y línea de transmisión asociada, en el departamento de Petén; 5. La subestación eléctrica San Mateo Ixtatán y línea de transmisión asociada, en el municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango; 6. Programa de fortalecimiento de la Red Regional de Transporte de Energía Eléctrica mediante la construcción de subestaciones estratégicas y líneas de transmisión asociadas en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Escuintla, San Marcos e Izabal; 7. Sistemas de gestión de residuos sólidos y desarrollo de pymes de economía circular en Escuintla, Sololá, Sacatepéquez y Guatemala; 8. Modernización de aeródromos regionales en Quetzaltenango, Puerto Barrios y Huehuetenango; 9. Construcción de edificio de centro de justicia de femicidio y familia en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, y 10. Un sistema de infraestructura turística sostenible en finca El Jaibal, con teleférico turístico.

Guatemala debe utilizar la infraestructura para atraer más y mejor inversión.

Como se puede observar, hay más de 10 proyectos, porque algunos fueron clasificados según el tipo de proyectos, y varias organizaciones detrás tendrán que actuar como institución contratante del Estado (ICE), algo que siempre complica los proyectos.

La presentación de esta nueva cartera es un gran avance para el país y, como bien se explicó en la presentación, se necesita capacitar más a las entidades públicas en la importancia de utilizar la herramienta de las APP para beneficiar a la sociedad con servicios públicos más eficientes, donde se comparte el riesgo con el sector privado y se tiene más posibilidades de lograr grandes proyectos de inversión pública, algo que en Guatemala urge en estos momentos.

Si algo hemos aprendido de países exitosos de la región en cuanto a las APP es que las agencias deben participar solamente como intermediarios, pero la responsabilidad del proyecto y el seguimiento debe llevarse a cabo de parte de la institución contratante del Estado; de lo contrario, se pierde la capacidad de darle seguimiento y se diluye la responsabilidad, dejando demasiada carga al privado.

Este gobierno debe dejar la mayor cantidad de proyectos con la preinversión realizada para que el próximo gobierno empiece a ejecutar. Recordemos que estos son proyectos de largo plazo que requieren no solo estudios de preinversión robustos, sino recursos necesarios para generar licitaciones que atraigan a los mejores inversionistas nacionales y extranjeros a poder participar.

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A menudo elegimos caminar en sintonía con la vida cuando comprendemos que la unión humana y la conexión social son llamadas a la acción para construir el tejido humano que nos sostiene. La psicología social y el desarrollo humano nos muestran hoy que la verdadera integración en nuestras ciudades se logra a través de la presencia física, la empatía y la solidaridad activa entre las personas.

Por Ismael Cala

Es precisamente desde esa búsqueda que en los últimos días observamos cómo en distintos países se aprueban e implementan proyectos comunitarios concretos para fortalecer la convivencia, como la creación de voluntariados intergeneracionales en Bogotá, las redes vecinales de apoyo en ciudades españolas como Zaragoza o normativas locales de acompañamiento a adultos mayores en la región. Dichos esfuerzos colectivos muestran que la verdadera salud de una sociedad nace cuando abrimos la mente y el corazón a los demás, recordándonos que los jóvenes aportan energía e innovación, mientras que los adultos mayores entregan la sabiduría de la experiencia y el tiempo para escuchar.

Esta hermosa transición desde la prisa individual hacia la vida en comunidad me hicieron recordar la historia Zen de la taza de té, donde un joven discípulo acudió ante su maestro buscando paz tras un día agitado. El maestro sirvió una taza de té y la sostuvo en su mano para enseñarle que la serenidad regresa en el momento exacto en que decidimos soltar la prisa y el individualismo, entendiendo que cuando nos unimos compartimos la vida de forma liviana y el entorno florece.

A partir de esta valiosa lección de desapego, entendemos que todos tenemos la oportunidad de cultivar la empatía y conservar la sabiduría que nos fortalece como comunidad. Como explicaba Viktor Frankl, entre cada estímulo y nuestra respuesta existe un espacio donde habita la libertad de elegir la paz, lugar donde se desarrolla la madurez espiritual que nos enseña a mirar al vecino con respeto, a valorar la historia de nuestros ancianos y a acompañar a cada ser humano.

Inspirados en ese espacio de libertad interior, diversos referentes de la historia han demostrado que el servicio al prójimo forma parte de nuestra naturaleza más elevada. Jesucristo dedicó su vida a caminar entre la gente, escuchar a todos y crear comunidad, mostrándonos que la espiritualidad es un compromiso diario de fraternidad, donde cada encuentro humano nos permite activar la fe, establecer lazos armónicos y fortalecer el entorno social.

Así, al comprender que servir al otro es la forma más pura de elevación espiritual, descubrimos que la abundancia es un estado de conciencia donde la solidaridad y el sentido de pertenencia se fortalecen cada día, permitiéndote habitar un espacio de serenidad constante. Por eso, te invito a hacer una pausa, mirar a tu alrededor y reconocer la capacidad que habita en ti para tender una mano, recordando siempre que somos seres comunitarios capaces de renovar nuestro tejido social y actuar en el presente.

Cuando decidimos dar ese paso y convertirnos en puentes de amor para quienes nos rodean, el entorno se transforma de manera inmediata y la vida nos devuelve en gratitud cada gesto de luz que sembramos en los demás.

Dios es amor, hágase el milagro.

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Desde finales de 2024, Guatemala enfrenta una paradoja preocupante: la economía crece, prácticamente todos los sectores productivos se expanden, y sin embargo el flujo de nuevos afiliados privados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) lleva ocho trimestres consecutivos en terreno negativo. 

Por Nicholas Virzi, Ph.D.

Este desacople entre crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y creación de empleo formal privado se intensificó a partir del tercer trimestre de 2024 y se profundizó durante 2025 y el primer trimestre de 2026.

Entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026, el salario mínimo base aumentó de forma real acumulada 14.39% en el sector no agrícola, 12.26% en el agrícola y 6.64% en exportación y maquila. En el mismo período, el PIB real creció 8.48% y las Industrias Manufactureras 7.27%, mientras los nuevos afiliados privados al IGSS se contrajeron 10.23%. 

La brecha más elocuente se observa al comparar el salario mínimo no agrícola (+14.39%) con la caída de los nuevos afiliados (−10.23 %), que alcanza 24.62 puntos porcentuales. 

Las Industrias Manufactureras ilustran con claridad el carácter intermedio —y problemático— de este desacople. El sector creció 7.27 % en el período compuesto, una cifra positiva pero inferior al PIB y muy por debajo del aumento del salario mínimo no agrícola. La brecha del sector manufacturero con el salario mínimo real alcanzó 7 puntos porcentuales, mientras la brecha con los nuevos afiliados privados fue de 17.50 puntos porcentuales. 

Es decir, la manufactura generó valor agregado, pero ese crecimiento no se tradujo en una expansión equivalente de empleo formal registrado. Este patrón es especialmente relevante dado que el sector manufacturero es intensivo en mano de obra calificada, expuesto a la competencia internacional y particularmente sensible a los aumentos del costo laboral total (salario mínimo más cuotas del IGSS, Bono 14, aguinaldo y demás prestaciones).

El resultado agregado es inequívoco. Todos los principales sectores productivos registraron crecimiento positivo entre 2024 y 2026, al igual que el PIB. Sin embargo, el flujo de nuevas incorporaciones formales privadas se contrajo en doble dígito. Una brecha positiva entre el crecimiento sectorial y los afiliados indica que la expansión de la producción no se está canalizando hacia empleo formal. En el caso de la manufactura, esa brecha es significativa y confirma que el sector también padece el desacople.

¿Por qué ocurre esto? Los aumentos compuestos del salario mínimo elevan el piso salarial por encima de la productividad marginal de muchos trabajadores, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas, agricultura, maquila y manufactura. 

Cada incremento no solo eleva el salario base, sino que arrastra el costo total de formalización al multiplicar las cargas patronales. A esto se suman regulaciones laborales onerosas —indemnizaciones elevadas, rigideces contractuales y costos de cumplimiento— que aumentan el riesgo y el costo de contratar y despedir. El costo total de una plaza formal puede superar entre 38 % y 124 % el salario nominal. 

Ante este panorama, muchos optan por no expandir planillas formales, otros recurren a la subcontratación, y una gran cantidad de guatemaltecos eligen al autoempleo o a la informalidad. La informalidad estructural, que ronda el 66% de la ocupación, absorbe parte de este ajuste.

El crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para la formalización laboral. Cuando el costo regulado de incorporar trabajadores al sistema formal aumenta más rápido que la productividad y que el valor agregado sectorial, la respuesta natural de la iniciativa privada es moderar la creación de empleo formal. Los datos del período 2024-2026 muestran precisamente ese patrón: la economía crece, los sectores se expanden —incluida la manufactura—, y sin embargo el flujo de nuevos afiliados privados al IGSS se viene contrayendo de manera persistente.

Este diagnóstico no es un ejercicio académico. Representa un llamado a revisar la relación entre política salarial, regulación laboral y formalización. Mientras el umbral de costo de la formalidad siga elevándose por encima del crecimiento de la productividad, el desacople entre producción y empleo formal privado tenderá a persistir, con consecuencias directas sobre la competitividad, la cobertura de seguridad social y la calidad del empleo en Guatemala.

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La semana pasada, Fundesa realizó el conversatorio previo a Enade sobre la importancia del Presupuesto para Seguridad y Justicia 2027. La pregunta que abrió el conversatorio previo fue un poco incómoda: ¿el presupuesto de seguridad y justicia de Guatemala es lo que se necesita o es muy poco? La respuesta depende de con qué se le compare, y esa ambigüedad explica buena parte de nuestro estancamiento.

Por Juan Carlos Zapata

Necesitamos ajustar los recursos de seguridad y justicia para reducir la violencia.

En quetzales, la cifra impresiona. Los techos presupuestarios para 2027 asignan Q20 mil 100.6 millones a la finalidad de Orden Público y Seguridad Ciudadana, cerca del 11% de un presupuesto de Q181 mil 563.2 millones. Es más del triple de los Q6 mil 34 millones de 2012 y refleja una aceleración notable a partir de 2024. Vista así, la conclusión sería que el Estado ya invierte lo suficiente y que el problema es únicamente de gestión.

Medida como proporción de la economía, el panorama se invierte. Icefi estima que el gasto en administración de justicia, defensoría pública penal y derechos humanos equivale apenas al 0.6% del PIB y al 3.8% del gasto del gobierno central. En el promedio 2020-2024, Guatemala destinó a justicia el 0.87% del PIB: la proporción más baja de Centroamérica, por debajo de Costa Rica y El Salvador (1.47% cada uno), Panamá y Honduras.

El caso del Organismo Judicial lo ilustra con crudeza. Frente a un requerimiento de Q6 mil 500 millones, el techo notificado es de Q4 mil 359 millones: una brecha de Q2 mil 141 millones, casi uno de cada tres quetzales necesarios. Y el recorte no cae sobre lo prescindible, sino sobre lo que permite operar: quedan Q363.9 millones para servicios, materiales e inversión, mientras la nómina queda protegida. El resultado es un sistema que paga salarios, pero no puede generar audiencias con normalidad, mantener sistemas ni resguardar expedientes. Guatemala cuenta con aproximadamente ocho jueces por cada cien mil habitantes, frente a un referente internacional de 18. La mora judicial no es un accidente administrativo: es la consecuencia aritmética de esa brecha.

Conviene recordar lo que cuesta no invertir. El BID estima que el costo asociado al crimen y la violencia le cuesta a Guatemala cerca del 7% del PIB. Los hogares y las empresas ya pagan un impuesto privado a la inseguridad: garitas, cámaras, guardias y primas de riesgo que sustituyen —de forma cara e ineficiente— lo que debería ser un bien público.

Ahora bien, más presupuesto sin resultados es igualmente inaceptable. Lo hemos visto en los fondos que se van a través de los Codedes o en ministerios a los que se les quiere aumentar el presupuesto como el de Mides en plena época electoral. La inversión debe estar atada a metas verificables a lo largo de toda la cadena, investigación criminal que sostenga acusaciones, expediente electrónico e interoperabilidad entre Policía, Ministerio Público y Organismo Judicial, así como Inacif, Instituto de la Víctima y el Instituto de la Defensa Pública Penal, así como la Instancia Modernizadora del Sector Justicia y un Sistema Penitenciario que hoy concentra apenas 8.7% de la finalidad, capaz de dejar de operar como centro de mando del crimen organizado.

La certeza jurídica es el activo más barato que puede ofrecer un país y el más caro de reconstruir cuando se pierde. Si aspiramos al grado de inversión, a atraer capital de largo plazo y a que los guatemaltecos vivan sin miedo, el presupuesto de seguridad y justicia debe dejar de tratarse como gasto corriente y entenderse como lo que es: infraestructura productiva. Sin ella, ninguna otra inversión rinde.

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A menudo vivimos en automático, asumiendo que el dolor, la ira o el miedo que experimentamos son dictadores absolutos que tienen el derecho de manejar nuestra conducta. Sin embargo, la neurociencia y la psicología moderna nos revelan un principio de libertad absoluta: la emoción no es el problema, el sufrimiento comienza en el momento en que la mente empieza a escribir su guión. 

Por Ismael Cala

Al grabar recientemente un episodio para mi canal de YouTube y pódcast The Abundance Revolution, titulado “Emotions vs. feelings: how to stop being held hostage by your stories”, quedé profundamente conmovido al reflexionar sobre la delgada línea que separa una reacción biológica de una prisión mental. La emoción dice “siento miedo”, la mente traduce “nunca seré capaz”. La emoción dice “siento tristeza” y el ego concluye “nadie me ama”. Y es así como convertimos una chispa pasajera en un incendio que dura décadas. 

Esta brecha entre sentir y juzgar me recordó la sabia parábola Zen de la taza de té hirviendo. Un joven discípulo llegó ante su maestro lleno de rabia por un insulto recibido horas atrás en el mercado. El maestro sirvió una taza de té hirviendo y la sostuvo inmóvil en su mano sin beberla. Pasado un largo tiempo, el joven le preguntó por qué sostenía la taza si se estaba quemando. El sabio respondió: “El insulto fue el té, la persona que te ofendió ya siguió su camino, pero tú llevas horas cargando la taza caliente. No es el insulto lo que te agota, es tu negativa a soltar la copa”. 

¿Cuántos de nosotros pasamos la vida quemándonos las manos por cargar frases, traiciones o fracasos del pasado que los demás ya olvidaron? Como nos recordaba Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio sagrado donde habita nuestra libertad de elegir. Y es justamente ahí donde nace la auténtica madurez espiritual: no en no sentir, sino en aprender a no obedecer ciegamente todo lo que sentimos. 

Incluso las grandes figuras de la historia han sentido. Jesucristo no contuvo sus lágrimas ante la tumba de Lázaro ni disimuló su indignación en el templo. La espiritualidad no busca anestesiar nuestra humanidad, sino iluminarla. El miedo viene a pedirnos confianza; la ira, a marcar un límite sano; la tristeza, a sanar un duelo. Ninguna emoción viene a destruirte si dejas de convertirla en un juez personal. 

La verdadera abundancia no es un evento externo ni el resultado de un entorno perfecto; es el estado de conciencia en el que tu paz interior se vuelve más fuerte que cualquier narrativa que intente desestabilizarte. Hoy te invito a hacer una pausa, inhalar profundo y preguntarte qué taza hirviendo has estado cargando sin necesidad. Recuerda que no eres tu miedo, no eres tu ira y mucho menos eres la historia que te has contado sobre ellos. Eres la conciencia libre que puede soltar la copa y empezar de nuevo. 

Dios es amor, hágase el milagro. 

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Guatemala ha avanzado en cuanto a su agenda del sector eléctrico. A finales de los 80 y principios de la década de los 90, quienes la recordamos, vivimos otra realidad. En cada hogar teníamos candelas listas para cuando hubiera un apagón. La Ley General de Electricidad, aprobada en 1996, hace exactamente 30 años, vino a cambiar esta realidad, y ahora los apagones en el Área Metropolitana y en las diferentes ciudades intermedias quedaron en el pasado y es algo que los jóvenes de ahora no comprenden.

Por Juan Carlos Zapata

Los alcaldes con visión pueden volverse promotores de la inversión.

Esta realidad se podría revertir si no tenemos la atención debida como país a este sector tan importante para el desarrollo económico de Guatemala. Y es que pocas decisiones de política pública inciden tanto en la competitividad como las que se toman, o se dejan de tomar, en el sector eléctrico: la energía condiciona la atracción de inversión, la localización de nuevas industrias y el costo de operación de la agroindustria y la manufactura.

El estudio de Deloitte para el Consejo de la Industria Eléctrica (2024) documenta que la capacidad instalada efectiva —3,447 MW— no creció desde 2019, mientras la demanda avanzó 4.0% anual entre 2013 y 2023, impulsada por el segmento no regulado, que creció 1.7 veces más rápido que el regulado. La consecuencia es aritmética: “márgenes de reserva negativos hacia 2027-2028, despacho más frecuente de plantas caras y un precio spot que pasó de 63 a 105 US$/MWh entre 2019 y 2023, con déficits estimados de 14% a 24% en la hora crítica de cada año”.

La transmisión es el cuello de botella más agudo: la red crece cerca de 1.2%-1.5% anual frente a una demanda que avanza al 4% y una potencia máxima que llegó a 2,204 MW en 2025. Sin líneas ni subestaciones, no hay proyecto que se conecte. A través de Ager se han identificado 142 obras indispensables para los próximos cinco años y, al 2043, más de cuatro mil 500 km de líneas y 216 subestaciones adicionales: unos US$2,474 millones en valor presente.

La buena noticia es que la respuesta ya empezó a avanzar. La PEG-5-2025, la licitación más grande en la historia del país fue publicada, subastada y adjudicada: tras la subasta inversa y el aval de la CNEE, se contrataron mil 258 MW de potencia garantizada en 57 centrales, con suministro desde 2030 y contratos de hasta 15 años. La adjudicación suma más de mil 538 MW porque varios contratos son menores a ese plazo y se complementaron entre sí para cubrirlo.

Los desafíos, entonces, son institucionales. La señal económica: el pago regulado por desvíos de potencia (8.9 US$/kW-mes) no remunera nueva capacidad despachable y el costo de capital en transmisión sigue sin método definido. Los trámites: licencias municipales, permisos ambientales y derechos de vía dispersos, sin plazos ni criterios homogéneos. La conflictividad social, que ha detenido obras estratégicas. Y el realismo en las metas: llegar a 80% renovable es viable, pero hacerlo en 2032 encarece el sistema en unos US$1 mil 696 millones, 15%, costo que alguien tendrá que financiar.

La agenda es clara: que lo adjudicado en la PEG-5 entre en operación en 2030 —lo que depende de permisos y de red, ejecutar el PET-4 con urgencia, corregir la remuneración a la potencia firme y a la transmisión, crear una ventanilla única con plazos máximos y silencio positivo y mantener la cadencia con una PEG-6—. Guatemala tiene el recurso, el marco legal y el capital privado dispuesto. Lo que escasea es el tiempo. Adjudicar fue el paso más fácil, construir a tiempo las líneas y las plantas es lo que definirá si el país aprovecha esta década.

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Las empresas que exportan alimentos, bebidas y suplementos dietarios a Estados Unidos deben resguardar su número de registro, PIN y credenciales de acceso para evitar usos indebidos.

Por María Inés Valle
Analista de Admisibilidades y Normas Técnicas (Gerencia de Inteligencia de Mercados)
ines.valle@agexport.org.gt 

El registro de instalaciones alimentarias ante FDA es un requisito para las empresas que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos, bebidas y suplementos dietarios destinados al mercado de Estados Unidos. Sin embargo, la Agencia ha indicado recientemente que esta información debe manejarse con cuidado, ya que el uso indebido del número de registro, PIN o credenciales de acceso puede generar riesgos para las empresas. 

Esta recomendación es relevante para las compañías guatemaltecas que exportan hacia Estados Unidos, especialmente frente al próximo ciclo de renovación bienal del Registro de Instalaciones Alimentarias, correspondiente al período 2026–2028.

¿Qué advirtió FDA? La Agencia, recientemente, publicó un mensaje dirigido a instalaciones de alimentos para humanos y animales, recordando que las empresas, al registrarse solamente, deben proteger la información de su Registro de Instalación Alimentaria (Food Facility Registration – FFR)

Información del registro FDA que debe protegerse: Los datos del registro FDA deben tratarse de manera confidencia, destacando:

• usuario y contraseña de FIS/FURLS
• número de registro FFR
• PIN del registro
• Entre otros

Si bien se  sugiere manejar con discreción la información del FFR, en procesos de importación a EE.UU., el importador necesitará facilitar su número de Registro. 

Próxima renovación FDA 2026–2028: Además de proteger la información del registro, las empresas deben prepararse para el próximo ciclo de renovación bienal.

Las instalaciones alimentarias registradas deben renovar su registro cada dos años. Para el ciclo actual, el proceso deberá realizarse durante el período oficial entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026.

Prepararse con anticipación permite revisar si lo datos de la instalación están actualizados, confirmar categorías de productos, validar el contacto, revisar la información del Agente Registrado y evitar errores en el trámite.

¿Qué puede pasar si no se renueva el registro? No renovar el registro dentro del período oficial puede afectar las operaciones de exportación hacia Estados Unidos.  Por lo que la recomendación es no esperar hasta el cierre del período oficial para iniciar la revisión de la papelería.

Desde la Gerencia de Inteligencia de Mercados AGEXPORT hemos tenido la oportunidad de asesorar y acompañar a cientos de empresas guatemaltecas que necesitan gestionar o renovar su registro de instalaciones alimentarias ante FDA. Esto le asegura que no es un costo lo que el empresario está haciendo sino una inversión porque hemos atendido todo tipo de casos y tenemos experiencia de varios años.  

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Cada vez que se celebra el principal torneo internacional de fútbol, la atención suele centrarse en los goles, las figuras y los resultados. Sin embargo, detrás del desempeño de las selecciones, existe una realidad que trasciende el deporte y ofrece valiosas lecciones para las empresas, las instituciones y las economías: el éxito sostenido no depende únicamente del talento ni de los recursos disponibles, sino de la capacidad de convertirlos en resultados.

Por Jaime Bonilla
Gerente Senior de EY Parthenon. 

Es frecuente asociar el tamaño de una economía con mayores probabilidades de éxito en el fútbol internacional. En cierta medida, esto es cierto. Una mayor capacidad económica permite invertir en infraestructura, formación de jugadores, tecnología y profesionalización. Estas condiciones facilitan la participación constante en los escenarios más competitivos del mundo.

No obstante, la historia demuestra que el tamaño de una economía no garantiza el éxito. Existen países con importantes recursos que no han logrado consolidar un desempeño proporcional a su potencial, mientras que otros, con economías más pequeñas, han construido trayectorias destacadas gracias a una gestión eficiente del talento, una visión de largo plazo y estructuras sólidas de desarrollo.

La diferencia radica en algo fundamental: la capacidad de transformar recursos en capacidades. Este principio también aplica al entorno empresarial. Las organizaciones más exitosas no son necesariamente las que cuentan con mayores presupuestos, sino aquellas que logran desarrollar talento, innovar, adaptarse a los cambios y ejecutar sus estrategias con consistencia.

El torneo internacional de fútbol de 2026 también pone de manifiesto otra realidad relevante. Más allá del espectáculo deportivo, se trata de una plataforma económica global capaz de generar importantes oportunidades para sectores como turismo, hospitalidad, comercio, transporte, tecnología, medios de comunicación y entretenimiento. Sin embargo, los beneficios no se distribuyen automáticamente. Capturar valor requiere preparación, planificación y la capacidad de responder estratégicamente a las oportunidades que surgen.

Para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, esta reflexión adquiere una importancia particular. La región ha demostrado que posee talento para competir en distintos ámbitos, pero también enfrenta desafíos relacionados con la inversión sostenida, el fortalecimiento institucional y la construcción de capacidades a largo plazo. Los avances observados en algunos países evidencian que el desarrollo no depende exclusivamente de cuánto se invierte, sino de qué tan efectivamente se utilizan los recursos para generar resultados sostenibles.

En un contexto global cada vez más competitivo, tanto los países como las organizaciones enfrentan una misma pregunta: ¿cómo convertir el potencial en desempeño? La respuesta pasa por construir sistemas sólidos, fortalecer el talento, promover la innovación y mantener una visión estratégica que trascienda los resultados inmediatos.

El fútbol nos recuerda que los recursos pueden abrir puertas y el talento puede marcar diferencias, pero son la estructura, la disciplina y la consistencia, las que permiten sostener el éxito en el tiempo. Esa es una lección que va mucho más allá de la cancha y que resulta cada vez más relevante para quienes buscan competir y crecer en un entorno global en constante transformación.

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Guatemala encarcela a menos personas que cualquier otro país de América Latina (con relación a su población) y, aun así, tiene las cárceles más saturadas de la región. Esa contradicción —123 privados de libertad por cada cien mil habitantes, la tasa más baja del continente, junto a una ocupación de 289% de la capacidad instalada, la más alta— resume el problema del sistema penitenciario nacional. No es un problema de exceso de prisión. Es un problema de un Estado que dejó de construir, de contratar y de rehabilitar.

Por Juan Carlos Zapata

Reducir las extorsiones requiere mejorar el sistema carcelario.

Esto ocurre por la falta de capacidad del Estado guatemalteco de aumentar la inversión pública, así como no hemos podido construir carreteras, hospitales, escuelas nuevas, tampoco el Estado puede construir cárceles. Este es el momento de buscar nuevos modelos de APP y sistemas de contratación con contratos de diseño, construcción, operación y mantenimiento.

Los números son claros. Según la presentación del Cien, realizada durante el foro retos y oportunidades del Sistema Penitenciario en Guatemala, organizado la semana pasada por Fundesa, como parte de las actividades previas al Enade 2026, entre 2008 y 2020 la población reclusa se triplicó, de ocho mil 409 a 25 mil 335 personas. En ese mismo periodo, la capacidad carcelaria pasó de seis mil 812 a seis 842 espacios: 30 plazas adicionales en más de una década.

Hoy hay 22 mil 933 personas recluidas en siete mil 922 espacios, y ese leve incremento no proviene de centros nuevos, sino de ampliaciones menores y del traslado de instalaciones que antes administraba la Policía Nacional Civil. En 15 años Guatemala no ha construido una sola cárcel. El pico de ocupación se alcanzó en 2019, con 374%. Cuando se supera el 120%, ya se habla de hacinamiento crítico.

Mientras tanto, el vecindario se movió. Costa Rica tiene cinco mil cien espacios en construcción, Honduras planifica 20 mil; Panamá, siete mil 500. El Salvador construyó 66 mil 300. Guatemala apenas registra mil 110 espacios construidos en la última década, con dos mil en construcción y tres mil en planificación. La diferencia no es ideológica: es de inversión sostenida. El país destina 0.08% del PIB a la administración penitenciaria; menos de la mitad del promedio centroamericano (0.17%) y del promedio latinoamericano (0.18%).

El déficit también se refleja en el personal. Casi cuatro mil agentes penitenciarios custodian a más de 22 mil reclusos —una relación aproximada de uno a 15—, en turnos de ocho días por ocho, con una remuneración líquida de Q6 mil cien al mes. No se recluta con periodicidad: hubo años sin una sola promoción de graduados. Y no existe carrera penitenciaria: un agente ingresa en el nivel 1 y ahí permanece toda su vida laboral, sin ascensos, sin especializaciones y sin un régimen disciplinario propio. Es difícil exigir control interno a una institución diseñada para no profesionalizarse.

Las consecuencias se ven todos los días. En 12 meses se realizaron 719 requisas, y solo entre enero y julio de 2026 se incautaron mil 780 teléfonos celulares. La talacha —el cobro extorsivo dentro de los centros— acumula 178 denuncias en la Oficina de Protección al Testigo y más de Q2 millones pagados.

Lo que falta es planificación de largo plazo: los dos centros de máxima seguridad, la carrera penitenciaria con régimen disciplinario propio, la tecnología de control de ingreso y, sobre todo, entender que casi todas estas personas recuperarán su libertad. Rehabilitar no es un gesto humanitario opcional; es un mandato constitucional. Sin cárceles que funcionen, las extorsiones se seguirán realizando desde las cárceles.

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