La reciente salida de la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda demuestra la importante necesidad de hacer cambios profundos y que el Congreso de la República apruebe la Ley General de Infraestructura Vial. Guatemala es el país del continente americano con la menor inversión en carreteras por persona (1 metro de red vial por habitante), esto además de la mala calidad de la infraestructura existente, donde 60% de toda nuestra red vial es de tierra, demuestra los grandes desafíos de un ministerio que no importa qué gobierno sea, no ha podido funcionar como se debe.
Por Juan Carlos Zapata
En los últimos 30 años, la red vial ha crecido apenas 201 kilómetros por año, cuando lo que el país necesita es aumentar las carreteras por lo menos a dos mil kilómetros por año. Los recientes cambios solo muestran la importancia de separar las decisiones técnicas de las arbitrariedades políticas.
Nuestro país carece de un servicio civil eficiente, una ley de contrataciones compleja, un sistema de adquisición de derecho de vía inservible y planes de infraestructura que no son vinculantes, por lo que este cambio va a impactar a todos los viceministros y a varios de los directores, el impacto en la inversión pública va a ser notoria. Esto va a tener un mayor impacto, dadas las condiciones en las que estamos donde el invierno parece que este año va a ser más copioso y debido a la falta de contratos de mantenimiento que ha existido todos los proyectos de Covial de por sí están paralizados, vamos a notar derrumbes, inundaciones y un mayor deterioro de nuestra ya frágil y débil infraestructura vial.
Si a esto le sumamos que el país necesita modelos más robustos para la contratación de obra pública, donde el Estado guatemalteco pueda contratar no solo diseño y construcción, sino la operación de las carreteras (incluido el mantenimiento) y generar sistemas de contratos por medio de pagos por indicadores, donde no se le paguen a los desarrolladores, sino hasta que una carretera esté en buenas condiciones, al país le va a costar salir adelante si no vemos que esto se vuelve una prioridad presidencial.
Hoy vimos la salida de una ministra, pero lo cierto es que se le van a pasar los siguientes tres años y medio a este gobierno y no va a cambiar en nada la situación del país en cuanto a inversión pública, mientras no se tenga un cambio de sistema, y eso precisamente es lo que ofrece la Ley General de Infraestructura Vial, que está ahora en la Comisión de Economía, pendiente de un nuevo dictamen para ser aprobada por el pleno del Congreso.
Sabemos de los cambios que los diputados le quieren realizar a la iniciativa, para acotarla a carreteras centroamericanas, algunas rutas nacionales, al anillo metropolitano y probablemente a ciertas infraestructuras estratégicas que necesita el país. Si con eso se pueden lograr los consensos dentro de la Comisión de Economía del Congreso de la República para un dictamen favorable que unifique a los políticos hacia la urgencia, bienvenidos los cambios.
Lo cierto es que mientras no se cambie el sistema, no importa quién esté en el Ministerio de Comunicaciones como ministro, será muy poco el impacto de la inversión y la frustración pública solo irá creciendo, con el agravante que ahora se supone que la lucha contra la corrupción debería ser una prioridad. El momento para realmente luchar contra la corrupción es ahora. Quitemos las decisiones políticas de una vez por todas de la inversión pública o sigamos en un sistema que solo fomenta la mediocridad, sin ningún impacto real.
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