Si bien la crisis política del 2015, desencadenada por los escándalos de corrupción protagonizados por los exvicemandatarios y altos funcionarios públicos, no impactó el comportamiento de la economía guatemalteca el año anterior, la atracción de capitales extranjeros ya empieza a cobrar la factura para el presente año.
Efectivamente, de acuerdo a los resultados a diciembre del 2015 la Inversión Extranjera Directa (IED), contabilizó una caída del 12.9%, según estimaciones del Banco de Guatemala (Banguat).
El flujo de Inversión Extranjera Directa (IED), ingresada al país durante el 2015, bajó en US$180.2 millones, con respecto al 2014. Durante el 2015, Guatemala recibió capitales por US$1 mil 208.5 millones, lo que significa una caída de 12.9% con respecto al 2014, cuando se contabilizaron US$1 mil 388.7 millones.
En el 2013, el monto de IED fue de US$1 mil 295.4 millones y de US$1 mil 244.5 millones en el 2012. Tal como lo muestra la gráfica a continuación, Guatemala ocupa el tercer lugar en atracción de inversiones de la región, apenas por encima de Honduras, con US$1 mil 209 millones. La inversión se encuentra rezagada inclusive con comportamiento a la baja en Guatemala. Mientras países como Nicaragua y El Salvador reflejan un comportamiento alcista a partir de 2013.
Fuente: CEPAL.
La caída en la captación de capitales extranjeros en Guatemala no es más que un reflejo de la falta de certeza jurídica y reglas claras para el inversionista extranjero. Estos desafíos, aunado a los escándalos de corrupción en el país, ya empezaron a cobrar factura al sector extractivo y energético. La falta de certeza en la atracción de inversiones se ha acentuó con la suspensión de licencias de extracción por las cortes, y la paralización de operaciones ante la falta de consultas a los pueblos indígenas.
Para 2016 los planes de inversión parecen inexistentes dado la falta de certeza jurídica, dando como resultado la cancelación de licencias extractivas. La inversión se ha visto paralizada ante el problema de la cancelación de la licencia en la comunidad de La Puya, derivado de la falta de consulta a los pueblos indígenas.
Estimaciones de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), revelan que el sector extractivo podría perder unas 100 mil personas que dependen de la minería, donde se concentran principalmente los materiales de construcción. En términos de empleo, podrían perderse unos 5 mil empleos formales inscritos en el IGSS, donde el sueldo promedio es de Q8 mil 540, el más alto de todos los sectores. Aunado a ello, las pérdidas en inversión social sumarían entre Q300 a Q400 millones anuales junto a las regalías voluntarias. Pero la pérdida más grande para el país ante la caída de la inversión extranjera, sería la pérdida de empleos formales en el área rural.
Es indispensable la implementación del Convenio 169 de forma proactiva y congruente. El proceso de consulta incluido en el Convenio 169 de la OIT debe respetarse y apoyar el diálogo que involucre a las comunidades indígenas. Sin embargo, es imprescindible que el Estado lo reglamente para evitar la pérdida de empleos formales e inversión productiva, como el caso de las industrias extractivas y la actividad energética. El Convenio debe reglamentarse con el fin de consolidar acuerdos, y operar bajo regularidad y normas claras. Esta es la única vía para alcanzar un diálogo entre las partes, que permita implementar inversiones productivas y sostenibles para las comunidades, en beneficio del desarrollo del país.
