Para muchos guatemaltecos hace cuatro años el gran flagelo que asechaba al país era la ola de violencia e inseguridad. Hoy el problema que invade a Guatemala es la corrupción.
De acuerdo a un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y la organización social Oxfam, se identificó que al menos Q20.8 millardos del Presupuesto General de la Nación del presente año se encontraron expuestos a la corrupción.
Según este estudio metodológico, la cifra anterior representa el 29% de los recursos totales con que contaba el Estado para funcionar y atender las necesidades de la población en el 2015. De esta cifra, las investigaciones suponen que Q1 de cada Q5 se pierden a causa de la corrupción».
Se habla de alrededor de Q4.1 millardos que se destinan a la corrupción. Esto impacta negativamente a la sociedad guatemalteca para cubrir sus necesidades básicas y fortalecer la agenda de desarrollo aún con asignaturas pendientes, muy por debajo de las deseables, particularmente en salud y educación.
La gran ironía es que los ministerios con mayores índices de corrupción son los que tienen más retos pendientes en la cobertura social del país. Hablamos del ministerio de Comunicaciones, Vivienda e Infraestructura, Salud y Desarrollo Social.
Efectivamente, los dirigentes al mando de estas instancias y conociendo de tan cerca las grandes carencias sociales y necesidades urgentes a cubrir en el país; olvidan los retos y desafíos pendientes. Prefieren optar por llenar sus bolsillos y dejar niños sin estudio y un futuro prometedor, o ancianos sin medicamentos para vivir y cubrir enfermedades.
La corrupción ha venido destruyendo no solo los órganos del Estado sino ha debilitado las instituciones en Guatemala. La desigualdad y la corrupción son factores que han venido a vulnerar el desarrollo inclusivo en el país, juntos representan un veneno para que Guatemala pueda salir adelante.
A unas semanas de la segunda vuelta electoral, ningún partido político ha presentado su plan específico para erradicar la corrupción. Esto demuestra poco interés por sacar al país de este terrible flagelo que tiene a un tercio de la población de rodillas ante la pobreza y el hambre, a expensas de cientos de funcionarios públicos corruptos con los bolsillos llenos».
Lamentablemente la esfera del Gobierno es la que más atenta contra la transparencia en Guatemala y el uso eficiente de los recursos. Pensar en gobernar sin hacer un uso eficiente y estratégico de los recursos, sería un camino extremadamente peligroso para el país en el 2016. Es determinante que las nuevas autoridades diseñen un Plan Anticorrupción, de lo contrario la ejecución estaría fallida sin recursos bien administrados y destinados hacia fines concretos en favor de las necesidades urgentes.
La falta de un plan concreto por el combate a la corrupción también demuestra la falta de interés de los candidatos por limpiar las instituciones, como un factor clave para atender de forma eficiente las carencias socioeconómicas que enfrenta el país.
Es determinante para el próximo Gobierno establecer un plan específico y eficiente para trazar una agenda donde se busque fortalecer los órganos institucionales, particularmente de control fiscal, además de la ejecución de un presupuesto basado en las necesidades e intereses de la ciudadanía. Se debe ejecutar más allá de las necesidades de funcionarios sin escrúpulos que buscan altercar contra el dinero de guatemaltecos honestos que sueñan con una Guatemala próspera.
