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viernes, abril 4, 2025

La imposibilidad de implementar una ley de competencia de inmediato

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Guatemala se encuentra bajo asedio por el tema de ley de competencia. Independientemente de los méritos que podría tener o no dicha ley, países que se destacan por la enorme influencia política y poder económico que tienen sus corporaciones multinacionales han llegado a Guatemala para dar instrucciones sobre como mejorar el funcionamiento de los mercados locales.

Por Nicholas Virzi

Antes de aprobar a la carrera una ley de competencia, se debe de tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, se debe de considerar la etapa de desarrollo que en la que se encuentra Guatemala. Estados Unidos fue el el primer país en pasar una ley de competencia de referencia, y solo lo hizo cuando ya tenía un PIB per cápita más alto que Europa. Guatemala es un país que tiene altos niveles de pobreza, un problema que solo se soluciona con mayor crecimiento económico. Para entrar en una senda sostenida de crecimiento económico alto, las grandes empresas de Guatemala se tendrán que volver más grandes.

Dicho eso, una ley de competencia bien escrita no sería el fin del mundo para las grandes empresas, pero una ley de competencia mal escrita si podría terminar en dañar los intereses de todos, de los empresarios y finalmente de los consumidores.

Por voluntad política externa, Guatemala va pasar una ley de competencia en el corto plazo. Por eso mismo se debe afrontar la realidad del país. Guatemala en este momento no cuenta con la pericia colectiva entre los jueces, abogados y economistas que estarían analizando los casos en los que se alegan incumplimiento con las reglas de competencia que se pretenden imponer, ni mucho menos para poblar una superintendencia de competencia como la que se pretende crear.

Es un tremendo problema que no se ha empezado ni terminado de abordar

Si se quiere implantar un régimen de competencia técnico y apolítico, se necesitarán años para formar un cuerpo de expertos en derecho y economía de competencia. También para capacitar a los jueces que van a analizar los casos donde se alegarían incumplimiento con el régimen de competencia propuesto. Para minimizar la discrecionalidad y evitar abusos en la aplicación de la ley de competencia, se tendrá que formar cuadros en el tema de competencia. Esta formación no se debería de enfocar únicamente en temas de derecho, sino también en temas de economía, específicamente en temas de microeconomía avanzada. A final de cuentas, es de esta última disciplina que nacen los conceptos clave que inspiran las leyes de competencia, incluyendo la iniciativa 5074 que el Congreso hoy contempla.

Esto va a ser una tarea gigante y complicada. En la región, se tiende a ver al tema de competencia como un tema de derecho, donde un cartel de abogados pretenderá decidir sobre las bondades de las prácticas empresariales. Eso sería lo peor para una economía de mercado. La inspiración y el fin de una LDC es maximizar el bienestar del consumidor, como la misma iniciativa 5074 admite en sus considerandos. La ley de competencia que se está considerando se basa e inspira en un concepto eminentemente económico, no legal.

El punto es este. Si se aprueba una ley de competencia a la carrera, de inmediato Guatemala se enfrentará ante una realidad incomoda. Guatemala no cuenta con el cuadro de expertos en temas de competencia que la misma ley va a requerir para su implementación. En adición, se tendrá que excluir a los pocos expertos que tenemos en materia de competencia que participaron en la escritura de la ley de competencia de ser directores de las entidades regulatorias que ellos mismos ayudaron a crear y diseñar. No pueden ser juez y parte en la resolución de casos donde se disputan una ley que ellos mismos escribieron.

Vamos a tener que formar a expertos para implementar una ley de competencia. Economistas van a tener que aprender de leyes, y abogados van a tener que aprender de economía. Ojo, hay una gran asimetría ahí. Cualquier economista sabe leer, pero no cualquier abogado sabe de economía, y generalmente no cuentan con las competencias previas para siquiera leer documentos publicados por economistas.

Una cosa es capacitar a economistas en conceptos básicos de derecho, pero será más difícil capacitar a abogados en microeconomía avanzada. Esto último requiere la dominación de la rigurosa modelación formal acostumbrada en la microeconomía, así como matemática avanzada, teoría de juegos, etc. En fin, se necesitará enseñar un conjunto de competencias que podrían ser difíciles para muchos abogados adquirir.

Conviene postergar la entrada en vigencia de una ley de competencia. Esto para dar tiempo para formar los cuadros de expertos que la misma ley va a requerir. De no hacerlo, Guatemala sufrirá las consecuencias económicas de la incertidumbre jurídica.

Si se pasa una ley de competencia en Guatemala sin considerar sus faltas institucionales, lejos de mejorar la eficiencia de los mercados en pro del consumidor, terminaremos en un relajo económico-político-legal que espantará la inversión, la innovación, la creación de empleo. Todo esto en detrimento del bienestar del consumidor.

 

 

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