La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se puede considerar como una estrategia corporativa, la cual se convierte en una ventaja con base en la generación de valor compartido para sus grupos de interés (stakeholders) incluidos los accionistas por medio del manejo integrado de su impacto ambiental y social con el fin de convertir a las organizaciones en unidades más competitivas legitimando sus operaciones y aumentando y fidelizando a sus clientes.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, un indicador vital del éxito en la implementación de la RSE es la consecución de la Licencia Social de una empresa. Esta licencia, que no es expedida por una institución gubernamental ni de la sociedad civil, no es un documento físico sino un constructo social; tampoco es un acuerdo escrito entre partes ni tiene fecha de expiración.
La Licencia Social puede ser definida como la aprobación y aceptación social continua, habitualmente intangible otorgada a un proyecto o empresa por sus grupos de interés, basadas en las relaciones dinámicas y positivas entre las partes; es decir, es el “permiso informal” que otorga una comunidad a una empresa para establecerse en sus inmediaciones. Sin duda, el reto más importante para obtener y mantener esta licencia es la necesidad de trabajar con percepciones, las cuales regularmente son medidas por el nivel de legitimidad, confianza y credibilidad que los grupos de interés perciban hacia las operaciones de una empresa.
Una empresa puede cumplir e incluso exceder todos los requisitos legales para su operación, pero sin una Licencia Social, puede ver interrumpidas sus labores y desacreditados todos sus productos y/o servicios al punto de quebrar o presentar serias dificultades para tener una operación continua. Es importante tener presente una condición que conocen bien muchas industrias, entre ellas petrolera, cementera, generadoras de energía, minas, entre otras y es que “No todo lo que es legal es legítimo”.
Cuando una empresa cumple con los requisitos de sostenibilidad en el mínimo, cuando no toma en cuenta la materialidad, cuando sus relaciones con la comunidad no son efectivas y sobre todo, cuando su área de comunicación no realiza su trabajo de manera eficiente, sus stakeholders tarde o temprano lo perciben y las críticas negativas aparecen, situación que deriva en una baja considerable en el consumo de sus productos o en el peor de los casos, con manifestaciones de hecho (en muchos casos ilegales pero legítimas) en contra de las instalaciones (propiedad privada) de dichas empresas que de hecho tienen potencial de brindar desarrollo a un área geográfica específica y hasta a un país si operan según lo planeado. En este sentido, lamentablemente hay que tener presente el acecho que sufren algunos proyectos de desarrollo por parte de muchas organizaciones que viven del conflicto, el cual siembran de manera meticulosa y a veces imperceptible en un cultivo perfecto formado en poblaciones con pobres niveles de educación, nutrición y socioeconómicos en general, siendo estas características comunes de las áreas rurales de Latinoamérica.
Las “Consultas de buena fe”, siendo consultas comunitarias acerca de la aceptación de una empresa en un lugar, promovidas por organizaciones civiles y ejecutadas por líderes comunitarios; aun cuando en ocasiones se pueden citar como evidencia de que la Licencia Social no es otorgada por una comunidad a una empresa, es importante saber que en países como Guatemala, no son reconocidas como legales en toda su dimensión, y sus resultados no son considerados vinculantes. Más allá de su legalidad, estas consultas procuran reivindicar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y autogobierno en la unidad del Estado, así como, el cuidado de la naturaleza de manera que se le incluya dentro del contrato social de la democracia participativa, y el respeto de los derechos colectivos. De tal manera, las mismas tienen consecuencias serias tanto para el gobierno como para las empresas y la propia comunidad, ya que en muchos casos crean división entre los grupos de interés, críticas a las instituciones del Estado y rechazo a las empresas, situación que sin duda alguna, aleja la Inversión extranjera directa de los países receptores, perdiendo oportunidades latentes de desarrollo.
No existe ninguna fórmula única para que las empresas obtengan y conserven una Licencia Social; no obstante, si son necesarios algunos principios para ello, entre los cuales está sin duda el establecimiento de buenas relaciones con todos sus stakeholders. Las buenas relaciones tienen como base el respeto mutuo, la comunicación abierta, la inclusión de todos los involucrados, la honestidad, la divulgación total de información y la transparencia de los procesos de producción. Es necesario que las empresas sean sensibles a las normas culturales del lugar, fijen expectativas realistas, sean consistentes y predecibles en su comportamiento ético, pero suficientemente flexibles, para satisfacer las necesidades de la comunidad e iniciar el proceso de involucramiento tan pronto como sea posible.
Así mismo, es fundamental la información simple, efectiva y oportuna a las comunidades sobre del alcance del proyecto y sus impactos (tanto negativos como positivos), junto con el involucramiento de los stakeholders en las decisiones que los afectan, empoderándolos por medio de participación ciudadana que junto con las estrategias de inversión social promovidas por la RSE podrán aumentar la confianza, la credibilidad y la legitimidad de las operaciones de las empresas, convirtiéndolas en rentables, social y ambientalmente responsables y sobre todo, capaces de crear sinergia con instituciones locales de gobierno, con la sociedad civil y la comunidad que en conjunto mejorarán a la sociedad en donde opera la organización generando utilidades a sus accionistas de una manera sostenible.
Una vez más, se hace evidente que las estrategias de RSE van más allá de la filantropía y la concentración absoluta en la generación de utilidades; sino que estas estrategias permiten a las empresas e instituciones reducir los riesgos de crisis y la crítica pública y por ende la mala reputación, especialmente en entornos conflictivos o inestables. La RSE va de la mano de una adecuada gestión de impactos, permite a la empresa ser considerada por la sociedad como un factor de desarrollo, facilita a la comunidad a responder de manera positiva a la pregunta “¿Vamos a estar mejor o peor con la operación de la empresa?”, y sin duda alguna, previene a la empresa de tener problemas sociales que le eviten convertirse en un vehículo de desarrollo y progreso para todos mientras opera para cumplir también su fin de generación de utilidades.
