Tenebrosos fueron los años en que la violencia política asolaba la universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), grupos armados marxistas y grupos de seguridad del Estado, hubo secuestros, amenazas, asesinatos junto con infinidad de actos de corrupción que se impregnó en lo más profundo de la administración cooptada por esos mismos grupos armados, no podemos olvidar las constantes elecciones a autoridades locales y como estas se convierten en bacanales además de actos de violencia.
Julio Abdel Aziz Valdez
Pero ahora, con las últimas elecciones a Rector 2022, como ya es costumbre, los ánimos se caldearon a tal grado que acusaciones de fraude hacia el candidato dado por ganador generaron la ocupación de varias instalaciones. No analizaremos el llamado fraude porque sigue siendo motivo de discusión entre especialistas más versados, lo haremos sobre la ocupación como tal.
Esta ocupación evoca fielmente la lógica y discursos usados durante el conflicto armado interno, la lucha armada y que la intelectualidad se niega a abandonar más por comodidad que como realidad.
Cuando esa violencia se instauro, como producto de todo lo dicho antes, entonces solo quedaba dos cosas para terminarla: ganar o negociar, eso fue al final, para ganar algo a cambio de la inversión realizada en forma de sangre y dinero y no irse con las manos vacías al no poder triunfar con honor.
El problema en la USAC ya no es solo el fraude, si es que lo hubo, lo es ahora la ocupación misma, ambos no se pueden ir a negociar sin que haya deducción de responsabilidades penales porque hubo y hay ilícitos sin dilucidarse, bienes del Estado destruidos, fondos desviados, eso sin contar con las agresiones, amenazas e insultos.
Si en este momento las demandas de los ocupantes se cumplieran como es la renuncia del Rector recientemente envestido, aun así, se tendrían que dilucidar los ilícitos que un grupo de personas llevaron a cabo dentro de las instalaciones, igualmente tendrían que aclararse las condiciones en que se produjo la elección del citado Rector.
Pero eso no va a pasar, y basándome en la experiencia de otros tiempos, esto terminara tan abruptamente como empezó, no habrá denuncias y si las hay no prosperaran con todo y que hay suficiente evidencia, el pacto de impunidad dentro de la universidad es lo que finalmente está acabando con este espacio de formación profesional, todos absolutamente todos los candidatos que al observar en que se transformó algo que podría haber sido una protesta válida ahora son cómplices del vandalismo de la ultraizquierda enraizada en las aulas universitarias, todo por lograr el salto de la movilidad social y el poder.
Insistir que la ocupación es un acto digno es solo un intento vano de pintar de blanco un acto ilegal, violento y destructivo de los bienes y servicios del Estado, que paradójicamente son del “pueblo” al que supuestamente defienden con tanta puesta en escena, no existe nada de dignidad en impedir que decenas de miles de estudiantes continúen sus estudios y menos aún con la negación de servicios a las personas que se acercan por ayuda en clínicas, laboratorios y demás.
Veámoslo en perspectiva, en los videos mostrados hoy 4 de agosto, cuando se produjo el intento de ingreso de trabajadores, no había más que unos cuantos estudiantes que luego de transmisiones en live action se convirtieron en no más de un par de centenas, entre sindicalistas, docentes y los llamados miembros de la sociedad civil que no son activistas contratados a tiempo completo.
Todos estos asumen que sus acciones son representativas de 200 mil estudiantes, 20 mil docentes, otros miles de trabajadores administrativos y de servicios, un discurso que solo tiene sentido en la visión autocomplaciente de que esos pocos son tan preclaros y envestidos de autoridad moral que no necesitan ser respaldados por la masa.
Frente a ello, la aplicación ciega de la ley, el Estado ha creado un monstruo, un pequeño Estado dentro de sí mismo que rechaza la idea de que el Estado que le da todo el dinero con el funciona es incapaz de auditarlo, solo pide dinero y se niega a dar cuentas del mismo, sino porque el supuesto fraude podría tener la validez a la que los ahora “dignos en resistencia” temen que pueda suceder si ellos mismos no hacen nada. Las elecciones en su conjunto y la ocupación en su totalidad son síntomas de la misma enfermedad.
