Por: J. Roberto Dardón L.
Hace días cuando leí una columna de la escritora Carmina Valdizán denunciando el intento por pasar una iniciativa de ley en el Congreso de la República que, a todas luces, busca censurar la crítica hacia “la autoridad competente”; recordé aquella paráfrasis de Thomas Jefferson donde “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”.
Puesto que no es ni la primera ni la última vez en que la “autoridad competente” busca atentar contra todo el que ose discrepar de su línea de acción política; quiero iniciar esta columna con algunos casos históricos sobre esta práctica propia de gente miserable, cobarde y prepotente.
Para quienes tengan más de cuarenta años, seguramente nombres como El Imparcial (1922-1985), Aquí el mundo (1976-1988) y Crónica (1987-1998) les resultaran conocidos.
Junto con otros medios escritos y audiovisuales que escapan al alcance del presente, lo que pretendo es refrescar la memoria de quienes recuerdan las anécdotas e instruir a quienes ignoran sobre el pasado reciente de nuestra República.
En el primer caso, válgome de lo consignado por el finado Ramiro Ordoñez Jonama (1945-2014); quién demostró en su compilación histórico-periodística «Sueño de Primavera» (Entheos, S.A: 2012); simpáticas y picantes anécdotas que, por razones desconocidas, están poco difundidas.
Aunque el acoso a la prensa escrita y radial comenzó desde los inicios de la «década revolucionaria» el desaparecido vespertino se enfrentó el 10 abril de 1947 al gobierno arevalista por una astuta maniobra política del régimen.
En este importante suceso para el gremio periodístico el poder legislativo aprobó ―en primera lectura― el decreto legislativo n°. 372 o ley «anti-lucro y contra la desinformación»; conocida oficialmente como «ley Villagrán-Monteforte».
Llevó esta denominación por haber sido promovida tanto por el malogrado ministro de Gobernación y presidente de la Asociación de Abogados guatemalteca, Francisco Villagrán de León; como por la comisión de gobernación presidida por el diputado Mario Monteforte Toledo ―mejor conocido por su obra literaria que por sus pecados políticos― cuando gozaba de curul.
Popularmente denominada como ley «Mordaza» se hizo con dedicación a El Imparcial, La Hora (1920-actualidad) y el primer Nuestro Diario (1927-1957) para así castigar fiscal y moralmente su infidencia y poco espíritu revolucionario.
Pero este acto puntual pero contradictorio de un régimen que pregonaba «defender» la democracia no se limitó a lo estrictamente legal. Siguiendo a Ordoñez Jonama, durante la «primavera democrática», «[…]casi a diario, los derechos de los guatemaltecos a la libre información y […] expresión del pensamiento se vieron […] sistemáticamente atacados […]»; enfatizando que, la suspensión de garantías constitucionales, duraron 28 de los 72 meses del primer gobierno revolucionario.
Para conmemorar esta lucha por la libertad, la Asociación de Periodistas de Guatemala celebra su aniversario cada 10 de abril recordando esta efeméride. Como dato curioso, esta ley revolucionaria fue derogada por el menospreciado gobierno de «La Liberación» a mediados de 1954. Por último, comparto la interrogante dejada por don Ramiro: ¿será que fue justo aguantar tanto atropello por el hecho de no pensar igual que el oficialismo?
Dejamos dicha reflexión para que el público lector indague que otras motivaciones pudo tener el gobierno arevalista para atentar contra todo lo que su propia propaganda, así como sus apologistas posteriores, defienden con ignorancia y/o descaro.
