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sábado, abril 5, 2025

Los resultados del silencio

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Luego que Google nos ha enseñado tras el Brexit que inclusive las personas en países más desarrollados que el nuestro emiten opinión y, peor aún, deciden el destino de un país y sus habitantes, sin siquiera enterarse de la realidad y de las posibles consecuencias, me he tomado la libertad de contarles a ustedes amables lectores sobre cuál es la situación de la violencia contra las mujeres en Guatemala y el futuro que quiere tomar.

Recientemente, la diputada Patricia Sandoval del Frente de Convergencia Nacional  elevó al Congreso de la República la propuesta de reformas a la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, la cual antes de tomar partido, considero que es importante que nos informemos tanto de las estadísticas como de los efectos de este flagelo de la sociedad.

Las reformas a la ley contra el Femicidio, presentada por Sandoval, contempla la creación del delito de denuncia falsa, que busca evitar las falsas acusaciones y que además pretende beneficiar con libertad provisional a quienes sean denunciados por primera ocasión, a excepción de quienes sean sorprendidos por las autoridades perpetrando el delito.

En Guatemala el índice de Violencia Contra la Mujer ha aumentado entre el 2004 y el 2013 un 439%,  y es el hogar el lugar en el que más casos de violencia ocurren (Instituto Nacional de Estadísticas -INE-).

Según informe realizado por Guillermo Díaz Castellanos(1): “La violencia contra la mujer es un fenómeno con arraigo cultural en Guatemala, pero en la última década se ha hecho más evidente a través de datos estadísticos,  al grado de que la violencia contra la mujer constituyó en 2010 y 2011 el segundo tipo de delito más denunciado”.  Datos que  realmente resultan alarmantes tomando en cuenta que la tasa de denuncia es de 24 por cada 10 mil habitantes; – número extremadamente bajo-.

Además, indica Díaz “En años recientes la violencia contra la mujer se ha hecho más extrema, con aumento en el número de asesinatos a mujeres, algunos de los cuales han presentado rasgos de violencia extrema de desmembración del cuerpo. Entre el 2004 y el 2009, con una tasa de 9 femicidios por cada 100,000 habitantes, Guatemala ocupó el segundo lugar en el periodo 2004 a 2009 entre 25 países (Alvazzi de Frate, 2011)”. (2)

Sé que estos datos pudieran parecer extremos, sin embargo, personalmente confirmé un lunes por la mañana en un juzgado de turno de MIXCO, la larga fila de mujeres (en su mayoría golpeadas) esperando poder presentar una denuncia. Al preguntarle al fiscal acerca de por qué hay tanta gente me indicó, “generalmente los lunes por la mañana es así, los maridos tomados las golpean durante el fin de semana, y nosotros no nos damos abasto para atenderlas más rápido”.

Con dolor en mi corazón les puedo asegurar que la violencia contra la mujer en Guatemala es una realidad que afecta todos los estratos de la sociedad, pero según las estadísticas se da más en la población con bajo nivel educativo y con ocupación manual no calificada (3) siendo la mayoría de los casos dentro del hogar.

Asimismo, existe muchísima debilidad del Estado para combatir dicha violencia contra la mujer,  ya que en general el número de sentencias es bajo respecto al número de casos registrados en las estadísticas oficiales, casi 200 comparado con 35,000 respectivamente, en 2012. (4)

El Decreto 22-2008 “Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer” dentro de los procesos de verificación de la denuncia tiene estimados varios pasos que se encargan de validar la veracidad de la denuncia. Estos pasos inician con las pruebas que se deben realizar por los médicos forenses al inicio de proceso para evaluar los daños físicos de la víctima. Posteriormente según sea el caso y dependiendo de sí la victima desea avanzar con la denuncia, se procede con visitas del fiscal a cargo al lugar de domicilio, una serie de audiencias y por último, es requisito obligatorio para continuar con el proceso de demanda el examen psicológico realizado en el INACIF. Por lo tanto,  si una denuncia no es verificada y validada por una serie de procesos, ésta no continúa.

En la actualidad la mayoría de agresores están en libertad y solamente se encargan de firmar diariamente un documento con el abogado a cargo del proceso. Dicha libertad la obtienen a través de una fianza.  Por lo que la segunda parte de la propuesta de ley no tiene sentido, y menos aún la que indica que se aprehenderá solamente en los casos en los que la autoridad esté presente en el hecho.  ¿Cuál será esta probabilidad, cuando según las estadísticas la mayoría de éstos ocurren dentro del hogar, y en día domingo?

Uno de los principales argumentos para amparar los cambios propuestos a la ley, es la veracidad de las denuncias; el cual se basa en la gran cantidad de casos en que las mujeres se retractan luego de haber realizado la primera parte del proceso de denuncia, usualmente en seguida de las medidas cautelares,  ya que luego del examen psicológico realizado en el INACIF el proceso legal continúa de oficio.  Según expertos en el tema, esto está relacionado al llamado ciclo de la violencia (Leonore E. Walker 1979) el cual imposibilita a la mujer maltratada a pensar alternativas para salir del maltrato, ya que luego de la fase de explosión o agresión, se presenta la fase de reconciliación o luna de miel, en la que el agresor pide perdón y se muestra arrepentido y la mujer cree que el agresor quiere cambiar y le perdona.  Es en esta fase en que las denuncias son detenidas por las féminas, en pro del amor.

Desde mi punto de vista, y en apoyo a las muchas asociaciones de mujeres que se han manifestado en contra de la iniciativa a modificaciones en el  Decreto 22-2008 “Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer”, considero que aprobar dicha propuesta significaría un retroceso en materia de derechos humanos y pudiera tener un efecto en el aumento de femicidios y la violencia contra la mujer en nuestro país, afectando nuestra sociedad inmensamente.

Sin lugar a duda existirán algunos casos que son congruentes con lo que sustenta la diputada Patricia Sandoval, en el que las acusaciones son infundadas, pero realmente considero que son marginales y que la ley ya cuenta con procesos para prevenirlos.  UNICEF (2000) sostiene que, en la práctica, no hay sociedad en el mundo sin violencia contra la mujer y en el caso de Guatemala, el informe revela que 28% de las mujeres reportan violencia de parte de su pareja al menos una vez en su vida y casi 10% en los últimos doce meses (Organización Mundial de la Salud, 2013) (5).

 

  1. Díaz, Guillermo. Violencia contra la mujer en Guatemala. Universidad Rafael Landivar
 

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