Por: Marco Vinicio Mejía
Al abordar la corrupción, generalmente se hace referencia al mal uso de las oficinas públicas para el beneficio personal o privado, y también a la confabulación dentro y entre empresas que imponen costos a los consumidores y a la sociedad. Esto podría incluir a quienes ejercer su influencia para evadir las leyes, o para tener injerencia en las decisiones de los juzgados, al dar o recibir mordidas en las adquisiciones públicas, o participar en sobornos, alterar reportes financieros o malversar fondos gubernamentales.
¿Dónde está el origen de la corrupción? Esta no solo se relaciona con el uso indebido de los recursos públicos. En la administración pública, principia porque se elige a funcionarios que no son idóneos, carentes de honestidad, experiencia, formación sólida y valentía. Hay corrupción en la economía informal, al promover y aceptar el contrabando. Corrupción en la piratería, la competencia desleal, las falsificaciones, la alteración de pesos y medidas.
Las formas más publicitadas de corrupción son la apropiación de fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, así como en los sobornos pagados por ciertas empresas o individuos para evadir las regulaciones de salud y seguridad que protegen al público en general. Este tipo de corrupción vuelve la vida más difícil y peligrosa para todos los guatemaltecos, en especial para los más pobres y vulnerables.
La corrupción se ha abordado, casi con exclusividad, alrededor del comportamiento de los agentes públicos. Resulta «políticamente correcto» exigir el saneamiento y la transparencia de las gestiones gubernamentales. También debemos tener en cuenta la implicancia de algunos agentes del sector privado, sin cuya participación los delitos derivados de la corrupción no habrían sido posibles. Lo mismo puede afirmarse de los funcionarios de organismos y bancos transnacionales, que entre otros casos promovieron la mercadotecnia del resarcimiento y el desvío de fondos en la única universidad estatal. La banca internacional ha financiado la obra gris, sin fiscalización, ya que el pago de las comisiones son «invisibles», al estar cubiertas por documentos.
Las soluciones a la corrupción no radican en los preceptos morales sino en el control político. Daniel Innerarity nos advierte: «parece claro que la política no puede reducirse a moral». No se trata de ser moralmente apolíticos o políticamente inmorales. Sobre el particular, son certeras las ideas de Antonio Gramsci: «No se puede juzgar al hombre político por el hecho de que sea más o menos honesto, sino por el hecho de que mantenga o no sus compromisos (y en este mantenimiento puede estar comprendido el “ser honesto”, es decir, ser honesto puede ser un factor político necesario y en general lo es, pero el juicio es político y no moral). El político es juzgado no por el hecho de que actúe con equidad, sino por el hecho de que obtiene o no los resultados positivos o evita un resultado negativo, un mal, y aquí puede ser necesario “actuar con equidad”, pero como medio político y no como juicio moral». (Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado, p. 171).
El desempeño de las funciones públicas no depende de virtudes privadas, sino de una organización estatal eficiente que permita fiscalizaciones, como el control político y jurídico de los políticos, la revisión de la financiación de los partidos políticos y las licitaciones públicas. Esta postura coincide con el ideal registrado en el monumento al Teniente General Manuel Cassola (1892), en Madrid: «El ejército debe estar organizado de suerte que nada tenga que temer de la injusticia ni qué esperar del favor.»
Es probable que la corrupción nunca sea eliminada por completo. Pero sí es seguro que su erradicación no se hará desde las categorías de la moral. Es un asunto de fiscalización política, la cual requiere la participación vigilante de toda la ciudadanía, sin desatender la valiente voz de quienes parecen clamar en el desierto.
