Recordamos que el expresidente Pérez Molina, actualmente en prisión preventiva, fue enfático en que entre sus metas de gobierno estaba el reducir la desnutrición crónica en un 10% en los próximos cinco años. Sin embargo a juzgar por el cuarto monitoreo presentado la semana pasada con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), a través de la Alianza por la Nutrición (APN), compuesta por 25 organizaciones civiles, este flagelo apenas se ha reducido en 3.3% luego de cinco años, y afecta a un 46.5%. Este indicador presenta un ritmo de disminución del 0.66% anual. Lo cual es realmente insuficiente ante las carencias del país en materia de salud pública.
Lo anterior evidencia claramente que la meta de Pérez Molina no fue superada, mucho menos alcanzada. De más está decir, que los abusos de poder y altos índices de corrupción del anterior periodo de gobierno representan la causa principal.
Esta meta también parece ser anhelada por la actual administración. Efectivamente el Presidente Morales en su discurso de toma de posesión ofreció nuevamente reducir la desnutrición crónica en un 10% como una de sus metas.
Lo curioso es qué no se conoce hasta el momento qué estrategia permitiría alcanzar esta meta tan ambiciosa, dado que el Estado se encuentra desfinanciado y la priorización de recursos no parece ser el común denominador hasta el momento por todas las carteras e instancias del Estado.
De acuerdo a dicho monitoreo de acciones, que implicó la visita de 74 centros comunitarios y 130 puestos de salud en 166 municipios priorizados por sus índices de desnutrición crónica infantil, el 81.5% de los menores de dos años no tienen sus esquemas de vacunación completos. Aunado a ello, Uno de cada cuatro centros de salud permanecen cerrados. Estos resultados son realmente alarmantes, y más que eso, inaceptables. Hoy además de que 9 millones de guatemaltecos se encuentran en pobreza, 46.5% de los niños del país sufren de desnutrición crónica, que sin acciones concretas por combatirla significará la muerte de miles de niños privados de una vida digna y con servicios públicos de calidad para su desarrollo.
Guatemala se encuentra en un periodo crítico donde las condiciones de salud superan las precariedades en educación. Para muestra un botón, para marzo del 2016 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), contará con Q197 millones para vacunación. Sin embargo, Q80 millones serán destinados para cubrir la deuda con la Operación Panamericana de la Salud (OPS). Lo cual demuestra nuevamente la ineficiencia del aparato estatal y la falta de recursos para cubrir las carencias de una población olvidada.
Es imperativo que los niños reciban una alimentación adecuada desde el primer día de nacidos para la formación cerebral y desarrollo del mismo. De no ser así, este niño está condenándose desde su primer día de vida a vivir en condiciones precarias, sin oportunidades, y lo más grave con fuertes posibilidades de morir.
Y lo más preocupante es que no se evidencian acciones profundas y contundentes en relación al combate de la desnutrición. Pareciera que se olvida de las metas planteadas cada cuatro años, y del estricto deber del Estado según lo estipulado en el artículo 93 de la Constitución de la República: “el derecho a la salud”, y el artículo 94 donde se estipula como “obligación del Estado, sobre salud y asistencia social”. El régimen de legalidad y la primacía del interés común deberían regir las actuaciones públicas. Sin embargo, estas parecen ser palabras plasmadas únicamente en “el principal libro de texto de la población guatemalteca”, en palabras del actual presidente.
Es preocupante que esta urgencia nacional latente no queda más que escrito en papel o en palabras de discursos políticos, dejando el desarrollo de una nación en el olvido a expensas inclusiva de miles de niños sin un mañana mejor.
