El pasado 8 de marzo fue uno de los días más tristes del año para nuestro país, uno de los días más vergonzosos para nuestra sociedad y más reprochables para nuestro Estado, nuestro actual gobierno y las autoridades del ejecutivo en particular. Hoy, en alusión al día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, es un día propicio para recordar que #NosDuelen56 y que las niñas víctimas del incendio en el “Hogar Seguro”, #FloreSerán.
Dicho “hogar” que se pretendía, fungiera como refugio para las niñas, niños y adolescentes, funcionaba, por el contrario, como un espacio de violaciones sistemáticas a sus derechos. Iniciando por el exceso de albergados que sobrepasaba su capacidad, hasta vejámenes en contra de su dignidad, tales como violencia física y psicológica, e incluso hay claros indicios de violencia sexual y trata. Violaciones que en diversas ocasiones fueron denunciadas ante la institucionalidad estatal encargada de velar por la seguridad, la justicia y los derechos humanos en el país. Denuncias que, en su mayoría, fueron ignoradas.
Desde noviembre de 2016 la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos recomendó el cierre del Hogar, ya que no reunía las condiciones idóneas para cumplir sus funciones. A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó en enero del 2017, información sobre el estado del Hogar, en función de las múltiples denuncias recibidas.
Ante la falta de respuestas inmediatas, el 7 de marzo, un grupo niñas y adolescentes se rebelaron una vez más para exigir un trato más digno, tras una fuga frustrada, los responsables del albergue optaron por aislarlas y encerrarlas. En la madrugada del 8 de marzo, inició el incendio, un incendio que representa la constante y permanente injusticia del Estado, de la cual se les impidió salir, hasta que llegó su muerte.
Considerando que, desde el 2016 este centro estaba bajo investigación penal por denuncias de violencia sexual y trata de personas, entre otras violaciones a los derechos de la niñez y adolescencia, y que, además, nunca fue clausurado o suspendido, ni mejoraron las condiciones, por la negligencia y el abandono sistemático, lo ocurrido constituye una tragedia a consecuencia de la negligencia e irresponsabilidad del Estado, en la que se puede identificar una cadena de autoridad y responsabilidades, a quienes se debe exigir justicia, reparación y memoria.
En un país con 1 de cada 2 niños y niñas en desnutrición, con altas tasas de trabajo infantil, con el 20% de nacimientos de madres niñas adolescentes, con más de la mitad de la población en pobreza y más del 30% en pobreza extrema, con un promedio nacional de 6 años de estudio. El Estado de Guatemala NO ESTÁ GARANTIZANDO una vida digna para la niñez y adolescencia, ni una vida libre de violencia para las mujeres en todas sus edades.
Exigir al gobierno guatemalteco investigación sin restricciones, juicio y castigo a las y los responsables implicados y las decisiones pertinentes para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia es lo mínimo que se puede exigir en memoria de estas niñas. Nos duelen 56 y nos duele toda la estructura estatal que sistemáticamente viola los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. LA SOLIDARIDAD ES NUESTRA ARMA para no olvidar, para que sus vidas valgan de fuerza para acrecentar las voces que reclaman y exigen justicia y vida digna para la niñez y adolescencia.
