El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. Para hablar de desarrollo económico inclusivo, se debe incluir un proceso de transformación de la sociedad o de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad.
Este proceso debe involucrar el fomento de una política económica coherente que guie las acciones del gobierno. Esto permite definir no solamente líneas de acción sino una perspectiva de largo plazo. En este sentido, el Ministerio de Economía lanzó en las últimas semanas el planteamiento de la propuesta de Política Económica 2016-2020.
La estrategia presentada contempla la articulación de acciones focalizadas en cinco áreas estratégicas: sectores, territorios, inversiones estratégicas, leyes y políticas, y vinculación global. Estos últimos, como potenciadores económicos. Se espera que estas acciones promuevan el empleo de jóvenes, contribuyan en la reducción de la pobreza, dinamicen la economía territorial y la sostenibilidad económica, social y ambiental del país.
La propuesta plantea dos escenarios de crecimiento. El primero con 3.8%, que requiere la conservación de las condiciones económicas actuales. El segundo, de productividad mejorada que prevé alcanzar un crecimiento del 5.1% para el 2021, que requiere de un incremento inmediato de la inversión pública y privada sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Como principal foco de la propuesta se encuentra la promoción de empleo para jóvenes, siendo un país con una población eminentemente joven (70% de la población tiene menos de 30 años). Se estima que uno de cada cuatro jóvenes ni estudia ni trabaja (nini). Por lo cual entre los ejes de la Política Económica 2016-2021, se plantea la inclusión de jóvenes en el mercado laboral y de modelos territoriales. Con esto se abre la posibilidad de retomar las propuestas de empleo a tiempo parcial, flexibilización laboral y salarios de eficiencia.
Sin embargo, es importante mencionar que para que una política sea efectiva debe ser coherente. Esto mediante la definición lógica entre los objetivos de la política y los instrumentos de las mismas. Significa tener en cuenta las necesidades e intereses de un país en desarrollo en la evolución de la economía a la hora de articular políticas. Para que una política sea coherente deberá incluir tres enfoques. Primero, la coherencia horizontal, que asegura que las políticas individuales se apoyen las unas en las otras en la medida de lo posible y que se minimicen las incongruencias en el caso de que se den objetivos políticos en conflicto. Segundo, la coherencia vertical, asegura que los resultados de las políticas son coherentes con las intenciones originales, se basa en la eficacia de las políticas. Por último, la coherencia temporal que es la que permite que las políticas aplicadas hoy sigan siendo eficaces en el futuro.
Como antecedente, se tiene que en 2014 el aumento de la pobreza a nivel nacional, respecto a la medición del 2000, reflejó la ineficiencia de la política económica en la lucha contra la pobreza. En tanto que la política fiscal, a través del gasto social de transferencias monetarias condicionadas, también fue inefectiva al politizarse los programas sociales y no reducir sustancialmente la prevalencia de pobreza. En cuanto a la política laboral, también fue ineficiente ya que en la práctica el ingreso de la población no aumento lo suficiente para superar la pobreza.
Por su parte, la política monetaria, manifestada en baja inflación y evolución del crecimiento anual continuo, no se tradujo en un aumento del poder de compra de la población. La inflación de alimentos alcanzó el 10% en 2015, porcentaje que duplicó el promedio nacional registrado de 4.36%. El costo de la canasta básica de alimentos se duplicó.
Por tanto, la práctica lo dice. La política económica de gobiernos anteriores ha dejado secuelas importantes para combatir la pobreza y promover así crecimiento inclusivo. La nueva política deberá ser coherente e integral con instrumentos claros, resultados medibles y alcanzables, partiendo de la convicción que toda acción de política del Estado sobre la economía, debe ser de apoyo, nunca de represión ni menos desatención, de la actividad económica en el sector privado.
