Ana Paola García*
La actual legislatura del Congreso de la República de Guatemala, integrada por aproximadamente 110 diputados de nuevo ingreso y 50 repitentes distribuidos en 20 bloques (19 bloques legislativos partidarios y uno independiente por circunstancias políticas) ha tenido que legislar bajo un escenario inusual provocado por la pandemia mundial de la COVID-19 y este año no será la excepción.
A pesar de ser una legislatura que contó con más o menos cuatro meses de preparación en transición previo a asumir el cargo, la presión por la pandemia significó un cambio de planes y agendas. Principalmente para los 5[1] bloques de oposición que, además representaban el 41% de diputados y que se vieron en la situación de apoyar o no las medidas sanitarias adoptadas por el ejecutivo.
Durante el primer año legislativo se observó apoyo y, hasta cierta sincronía, para aprobar los Estados de Calamidad decretados por el Ejecutivo, al igual que las solicitudes de préstamos para fortalecer al Ministerio de Salud y cubrir necesidades económicas y sociales de la población. No fue sino hasta el año pasado, cuando la pandemia comenzó a menguar y algunos diputados pusieron en tela de juicio la forma en como el ejecutivo la estaba manejando. A raíz de esto, se observó una fuerte fragmentación en las dinámicas internas de los bloques como en las alianzas formadas (principalmente en la inicial bancada de oposición, UNE) y en la fijación de agendas legislativas de interés. Esta situación pintó un panorama complejo para impulsar la agenda de reactivación económica que demandaba la crisis, la cual fue promovida por el oficialismo en acompañamiento de los bloques de derecha, pero fuertemente cuestionado por la oposición e izquierda quienes impulsaron una agenda social (salud, educación y género).
Entre restructuraciones internas, reordenamiento de cuotas de poder y crítica social, la IX legislatura aprobó más de 5 leyes para reactivar la economía a través de la facilitación del comercio, atracción de inversión, generación de empleo y promoción de las exportaciones. Algunas de ellas Leasing, Simplificación de Trámites Administrativos, Reformas a Ley de Zonas Francas, Proyecto de Alianza Público Privado para Desarrollo de Infraestructura Vial y EFTA. Dejando pendientes otras como la Ley de Reactivación del Sector Turístico Nacional, Ley de Teletrabajo, Ley de Fortalecimiento a la Industria Chiclera, Autoridad Portuaria, entre otras.
Ahora bien ¿cuál es la perspectiva de la actividad legislativa para el 2022? En materia económica, se espera dar avance a la agenda de reactivación pues la nueva Junta Directiva, presidida por la Diputada oficialista Shirley Rivera (también tercer presidente mujer del alto Organismo Legislativo) junto con los jefes de bloque acordaron dar continuidad a las sesiones extraordinarias semanales para abordar dicha agenda. Adicionalmente, la Comisión de Economía, se encuentra trabajando en una propuesta de agenda priorizada y para lograrlo han escuchado al Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores y organizaciones empresariales sobre las iniciativas de impacto que pueden catapultar la economía.
Otros temas que consumirán la actividad parlamentaria serán los compromisos de carácter político que debe cumplir el Congreso de la República, tales como la integración de Comisión de Postulación para la elección de candidatos a Fiscal General del Ministerio Público, la elección de Contralor y Elección de Procurador de Derechos Humanos, además de ser año pre electoral.
Estos tres acontecimientos son cruciales para el fortalecimiento institucional del Estado pues se definirán los liderazgos de instituciones cruciales en ámbito de justicia, control y fiscalización del erario, así como la garantía de los Derechos Humanos que velarán por el debido cumplimiento de las elecciones 2023 y fiscalizarán al próximo gobierno. Ante la tremenda responsabilidad del Congreso en participar en la elección de estos cargos altamente apetecidos y merodeados por grupos de poder, la IX legislatura deberá tener en mente que para cumplirlos se requieren de las más altas capacidades de honorabilidad y lealtad a la institucionalidad. Factores que sin duda reflejarán en un reajuste de fuerzas y alianzas entre los bloques.
Por tanto, para el 2022 nos espera un interesante reordenamiento y balance de fuerzas y alianzas entre los bloques, el cual será definido por los compromisos políticos. La complejidad recaerá sobre como interactuarán las alianzas para cumplir con dichas elecciones y generar consensos para impulsar la agenda una agenda legislativa económica y/o social.
[1] Los 5 bloques iniciales de oposición fueron UNE (52 diputados), Semilla (7 diputados), Winaq (4 diputados) URNG (3 diputados) y MLP (1 diputado).
*Jefe de Cabildeo AGEXPORT
