Ahora que ya pasaron las fiestas de fin de año, es oportuno definir el rumbo del país. La Junta Monetaria definió en diciembre la política monetaria, cambiaria y crediticia para el 2017, lo cual es positivo, ya que pronostica lo que va suceder en materia económica. Por lo general dicho pronóstico se cumple y se ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica buena para el país, pero ya es tiempo de pasar de “estabilidad” al “crecimiento”.
Preocupa que tanto el Banco de Guatemala como organismos económicos internacionales confirmen que estemos entrando a una etapa de desaceleración económica. Las razones son varias, pero es determinante la incertidumbre. Existe incertidumbre legal, política y económica con un Organismo Ejecutivo básicamente dormido, un Organismo Legislativo impredecible y un Organismo Judicial que aparenta moverse bajo presiones.
El gobierno de turno no ha logrado a estas alturas dar señales claras de una política de generación de empleos formales y crecimiento económico sostenido. Todos los agentes económicos, y por supuesto, los empresarios, necesitan tener certeza de la existencia de una estrategia de desarrollo en la cual se pueda confiar y planificar. ¿De verdad hay una agenda que promueva la creación de empleos? ¿Quiénes la conocen? ¿Quiénes la ejecutan?
Los agentes económicos necesitan mensajes claros y categóricos. Uno de los grandes compromisos en los Acuerdos de Paz (1996) es crecer por arriba del 6%, lo cual nunca se ha logrado. Y mientras el enfoque de las autoridades de gobiernos siga siendo el de subir más impuestos, en complicar más el sistema tributario del país y lograr una carga tributaria por arriba del 12%, dudo que vayamos a crecer económicamente. Necesitamos que haya una inversión sobre el PIB no menor del 23%, cuando este año dicha inversión está por debajo del 14%. Si no buscamos tener crecimiento económico será imposible mejorar los indicadores sociales y seguiremos con el sistema de salud, educación y seguridad en trapos de cucaracha.
El círculo virtuoso está claro: queremos más desarrollo social, pero este depende de un crecimiento económico no menor del 6%; con una agenda política y económica que despierte confianza en los agentes económicos. Por eso la insistencia en la responsabilidad que tiene el Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial en generar seguridad jurídica, porque no hay recetas mágicas para mejorar los indicadores de salud, educación y seguridad.
El bienestar se alcanza solamente si hay trabajo e inversión. Como bien aseguraran los expertos del World Economic Forum: “no hay desarrollo económico sostenible sin desarrollo social, pero no hay desarrollo social posible sin desarrollo económico”. Es urgente que el Presidente de la República lidere con responsabilidad una agenda que impulse el crecimiento económico inclusivo, y reunir la fuerza política necesaria para recuperar la confianza en la economía y definir con claridad el rumbo.
