Jorge A. Samayoa
Es hora que en Guatemala nos preocupemos por hacer algo por la situación social, económica y política del país, ya que más bien pareciera que nos esforzamos por hundirnos en una crisis cada vez más compleja y difícil de superar. Este involucramiento nos inmiscuye a todos, pues muchas veces no pasamos de reaccionar en redes sociales (muchas veces sin fundamento) o de una plática y crítica de sobremesa, pero ¿y después? no pasa nada y el país sigue su terrible rumbo…
Entre el estira y encoje y los señalamientos entre y dentro de las instituciones de Gobierno ha sido la realidad del país por años, pero, (obviamente sin sugerir que las “aceptemos como normales”) aquí cabe mencionar que sin duda también es real que “Las penas con pan son menos”; el desarrollo económico es indispensable en un país que anualmente necesita incorporar a la población económicamente activa a más de 200,000 graduados de diversificado más los miles que no logran graduarse, todos buscando un trabajo que les brinde estabilidad económica, el cual, muchas veces no llega, por lo que o se quedan como “NINI” (Ni trabajo Ni estudio) o se van a la economía informal (tristemente denominándolos “emprendedores” cuando lo que hacen es subsistir) que muchas veces fomenta la piratería, el contrabando y otros que impactan a la economía nacional debido al daño que hacen a las industrias y comercios establecidos formalmente y que por ende pagan impuestos, salarios y generan ingresos mediante la inversión.
Pero, a pesar que la oferta de trabajo no equipara a la demanda, nuestra lucha parece ser para no prosperar, cerrando oportunidades legítimas de desarrollo; si no lo creen pregúntenles a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes por más de 200 días y de millones de quetzales en pérdidas para el país tienen suspendida la operación de Minera San Rafael, un caso lamentable que se puede resumir así:
- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) fue demandado por no realizar una consulta comunitaria a los pueblos indígenas de la región bajo el marco del convenio 169 de OIT. El MEM argumenta que no se hizo pues según el Registro Nacional de las Personas (RENAP), la cantidad de indígenas en San Rafael las Flores, Santa Rosa, en donde se encuentra la mina es menor al 3%.
- Junio 2017. Se organiza en el municipio de Casillas un bloqueo ilegal (Hay que resaltar que la población de San Rafael las Flores no ha apoyado estas manifestaciones de manera activa) apoyado por actores políticos de la región, ONG´s “ambientalistas”, integrantes de la iglesia católica local, comités campesinos con intereses sobre la energía eléctrica, entre otros. Los manifestantes impiden el transporte de suministros hacia la mina, incluyendo combustible, el cual es utilizado para acciones de mitigación ambiental que son parte de los compromisos legales de la Mina con el MARN. Cabe mencionar que en este bloqueo, que constituye un fragante atropello al artículo 26 de la Constitución del país, la libertad de locomoción, el gobierno no ha reaccionado y el bloqueo lleva ya más de 8 meses.
- Julio 2017: Aunque la demanda es hacia el MEM, se ordena a Minera San Rafael suspenda sus operaciones, siendo que en todo caso, la empresa no era la responsable de hacer la consulta, sino el MEM.
- La economía de San Rafael las Flores se ve afectada directa y significativamente pues colaboradores y proveedores que consumían bienes y servicios (comida, hospedaje, talleres mecánicos, gasolina, medicina), ya no lo hacen, obligando a cerrar varios negocios o a despedir parte del personal; de igual manera, las operaciones de la municipalidad han sufrido significativamente pues no ha recibido regalías por lo que peligran contratos de apoyo a la educación del municipio así como proyectos de infraestructura rural.
- Septiembre 2017: dos meses después la Corte Suprema de Justicia dictamina que se debe realizar la consulta comunitaria en un plazo de un año, permitiendo a la mina operar en este tiempo. Inmediatamente se realizó una apelación a la Corte de Constitucionalidad.
- Enero 2018. Siete meses después del paro de operaciones y sin expectativas concretas sobre el dictamen de la CC, Minera San Rafael despide a 250 colaboradores, dejando en peligro 750 puestos de trabajo más, la mayoría de ellos guatemaltecos pobladores del área, por ello, debido a que no hay un empleador parecido en el área, prácticamente se les condena a buscar oportunidades en Estados Unidos o regresar forzosamente al azadón. Además, 3,000 empleos indirectos fueron perdidos gracias a esta situación.
- En enero de 2018 se destituye al superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) supuestamente por no llegar a la meta anual de recaudación, situación que él mismo explicó era atribuida a la falta de ingresos por impuestos derivado al cierre de Minera San Rafael.
- Febrero 2018. A pesar que hay un precedente sobre el mismo tema (Hidroeléctrica OXEC, 2017), los Magistrados llevan más de 100 días sin dictaminar sobre el caso por lo que la suspensión de más de 7 meses continua de forma indefinida.
- La Cámara de Comercio Americana (AMCHAM por sus siglas en inglés) ha advertido una potencial demanda al país por daños y perjuicios por parte de la casa matriz de la minera.
- La industria minera ha sido satanizada en Guatemala, se ha creado una campaña de desprestigio y mentiras alrededor de la mina, sobre todo en la región donde opera, pero que hoy en día con la disponibilidad de las redes fácilmente se vuelve nacional y hasta internacional. Se dice que contamina lo cual nunca ha sido probado, al contrario, ha participado directamente en recuperación forestal del municipio entre otras iniciativas ambientales. Se difunde que “sólo deja el 1%” de regalías y el resto del dinero se va de Guatemala, cuando la verdad es que efectivamente paga el 1% que la ley establece pero voluntariamente aporta en realidad el 5.5% de regalías y se ha determinado que más del 70% del dinero se queda en Guatemala en conceptos de impuestos, salarios, cuotas patronales, compras locales para su operación y los que subsecuentemente sus proveedores pagan, entre otros.
Y lo peor… este caso no es único, existe un ataque sistemático en contra de proyectos similares: hidroeléctricas, plantaciones de palma africana, telecomunicaciones, que incluyen desde amenazas hasta destrucción de la propiedad, secuestros de fincas y de personas y otros, pero ante todo esto, la mayoría de nosotros no hacemos nada más que observar y alguno que otro opinar, y es que “según nosotros”, no nos afecta.
¡Claro que nos afecta! Es un hecho que la falta de certeza jurídica, falta de reglas claras y de acción por parte del Estado para detener el deterioro de la infraestructura ha desembocado en la disminución en inversiones. Las sentencias y/o falta de las mismas por parte de las Cortes han mandado un mensaje muy negativo a los inversionistas internacionales, lo cual se puede constatar con el comportamiento de los índices de competitividad del país que reflejan los bajos niveles de crecimiento económico, de generación de empleo e inversión, la dificultad que enfrentan las empresas de disponer libremente de los beneficios de sus operaciones en el mediano plazo, y la inseguridad jurídica, física y sobre la propiedad de sus inversiones. A este ritmo, las empresas desconfiarán de invertir en el país, las oportunidades migrarán a países que sí ofrezcan certeza y menor riesgo a la inversión, así de sencillo. Resumiendo: menos oportunidades/garantías = menos inversión = menos plazas de trabajo = menos impuestos = menos presupuesto para inversión = más inseguridad y violencia y definitivamente, menos paz.
Albert Einstein decía que “la vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa” y Guatemala es reflejo de esto, creemos que no nos afectará nada o “al menos no directamente”, pero esta situación es un auténtico boomerang que nos golpeará sin siquiera haberlo visto… y ¿Entonces qué haremos? ¿Organizar manifestaciones?
El cambio no está en llenar la plaza manifestando nuestro repudio como una medida de reacción (sin deslegitimizar las manifestaciones de 2015 que sin duda fueron un gran paso hacia adelante en la lucha por el país que todos queremos); pero ¿No sería lo ideal que no haya necesidad de llenar la plaza periódicamente? En vez de reaccionar debemos de prevenir llegar al punto de crisis, debemos ser garantes del respeto hacia nuestros Derechos, de nuestra libertad y convertir este país en fuente de inversión extranjera directa y fortalecer la institucionalidad que en países avanzados, es su principal bastión de desarrollo.
¿Cómo empezar? Pues puede ser formando parte de nuestros Comités Únicos de Barrio, directivas de condominio, COCODE, ONG´s, grupos religiosos con visión social, partidos políticos, etc. y así poco a poco dar nuestro grano de arena para cambiar de raíz el rumbo del país. En materia de iniciativa privada debemos exigir a las empresas (sin importar su tamaño) estrategias sociales, económicas y ambientales en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial y formemos parte de grupos garantes que en un ejercicio de participación ciudadana velemos por el cuidado del medio ambiente, el respeto y apego a la ley y a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos por parte de las empresas, procurando que existan empresas respetuosas a la cultura e identidad de las personas de su área de influencia directa pero sin olvidar que estar empresas son un negocio para sus dueños, por lo que debemos velar también porque sean empresas rentables para que se vuelvan ejemplos en la comunidad internacional y así volver a Guatemala en un país con oportunidades de beneficio tanto para el inversionista como para la sociedad.
Participemos de una forma activa en nuestro pedacito de mundo, ya que si no lo hacemos y dejamos que otros tomen las decisiones por nosotros, ¡es hora que nos empecemos a preocupar!