Ante la situación actual del país, AmCham aboga por la certeza jurídica y expresa su preocupación ante las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad –CC- de suspender las operaciones de hidroeléctricas y mineras, proyectos que generan bienestar, empleos y desarrollo en las áreas rurales de Guatemala.
“El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, refiere que la falta de consultas populares no es motivo para el cese de operaciones, por ello las suspensiones violan los derechos de propiedad de los inversionistas extranjeros en el país y desalienta futuras inversiones.” Expresó Juan Pablo Carrasco, Presidente de AmCham.
Es fundamental tomar las medidas necesarias para reglamentar el Convenio 169, para así garantizar la libertad de industria, comercio y trabajo en el país, ya que la ausencia de dicha reglamentación ha dado lugar a interpretaciones maliciosamente aplicadas en contra de intereses de empresas que han invertido en proyectos ubicados en el interior del país, en especial, proyectos hidroeléctricos y de minería.
“La falta de reglas claras ha dado lugar a resoluciones por medio de las cuales la CC ha detenido la operación de varias empresas y con una estricta interpretación del convenio, se prevé una drástica disminución de la inversión extranjera en Guatemala.” Agregó Carrasco.
Como consecuencia directa de los fallos de la CC, más de 445,000 empleos directos y más de 780 millones de dólares en impuestos anuales estarán en riesgo.
