Guatemala, 06 de noviembre de 2014. La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, por medio de su Secretario Ejecutivo, Mario García Lara, presentó su análisis sobre el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2015, en el que se resalta que resulta imperativo, en aras de la certeza jurídica del Estado, que se proceda a la discusión y aprobación de dicho Presupuesto. Dicha aprobación no sólo cumple con un mandato constitucional, sino que es primordial para la transparencia, la eficiencia y la gobernabilidad pues, de lo contrario, se estaría manteniendo la misma estructura presupuestaria de hace dos años y se ocasionaría opacidad y confusión en la ejecución del gasto público.
El proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 asciende a Q71,840.8 millones. Resulta positivo que el referido proyecto se haya realizado con estimaciones basadas en un escenario macroeconómico moderado, que implica un incremento de 4.9% con respecto al del año anterior, ritmo menor al de los últimos años».
Sin embargo, existe una debilidad estructural en la recaudación que provoca que se tiendan a sobre-estimar los ingresos tributarios en el presupuesto, lo cual reclama una gran prudencia en el gasto para poder realizar más inversión física y social. La debilidad recaudatoria ocasiona además problemas coyunturales de iliquidez que se ven agravados por el continuado aumento de los gastos asociados al sistema de pensiones del Estado y a los incrementos salariales contenidos en pactos colectivos en algunos ministerios.
Además de considerar los serios problemas existentes en cuanto a recaudación y calidad del gasto, el proceso de aprobación del presupuesto para el próximo año requiere modificaciones que tomen en cuenta los aspectos siguientes:
· El proyecto de presupuesto prevé una carga tributaria de 10.7%, inferior a la de los dos años previos, lo que evidencia un continuo deterioro de la recaudación, dando lugar a un aumento en el déficit fiscal de alrededor del 2.5% del PIB, que deberá ser financiado con un mayor endeudamiento público y que podría llegar a ser insostenible en el mediano plazo. Ello demanda que se realicen ajustes en la ejecución presupuestaria, tanto del lado de los ingresos, como de los gastos.
· Es necesario el fortalecimiento de los ingresos tributarios, priorizando la revisión de la estructura de funcionamiento de la SAT, tomando acciones inmediatas contra la evasión, la defraudación aduanera y el contrabando.
· Conviene revisar la proporción de los recursos destinados a los Consejos de Desarrollo y a las municipalidades, que no sólo muestran señales de opacidad e ineficiencia en su administración, sino que suelen incumplir el mandato Constitucional de coordinar sus políticas de gasto con las políticas del Estado.
· Merecen especial atención los gastos orientados a programas cuya efectividad ha sido técnicamente cuestionada, como es el caso del programa de fertilizantes (con un incremento presupuestado para 2015 del 50% ó Q264 millones); o el programa de Atención al Adulto Mayor, que para 2015 se propone que se financie en Q500.0 millones con colocaciones de bonos, lo cual no solo viola la Ley Orgánica del Presupuesto, sino la propia Constitución de la República (ambas prohíben que se financie gasto corriente con endeudamiento).
· Deben modificarse y corregirse algunas normas presupuestarias contenidas en el proyecto de presupuesto como, por ejemplo, el artículo 7 de dichas normas (Anticipo de Recursos), que pretenden ampliar los casos en que el Ministerio de Finanzas Públicas podrá anticipar recursos, lo cual contraviene lo preceptuado en la Ley Orgánica del Presupuesto; el artículo 29 (Aprobación para la negociación de convenios o contratos de préstamos), que pretende una aprobación anticipada y en paquete de préstamos internacionales, lo cual contraviene preceptos constitucionales; el artículo 44 (Extinción de Fideicomisos), que pretende exceptuar de la obligación de extinguir fideicomisos –contenida en la Ley Orgánica del Presupuesto- ciertos tipos de fideicomiso estatal; el artículo 55 (Ampliación al presupuesto), que pretende dejar pre-aprobada una ampliación presupuestaria por Q700 millones, lo cual contraviene las normas constitucionales; y, en particular, las normas contenidas en los artículos 29, 31 y 34 del proyecto de presupuesto, que pretenden legalizar el uso de endeudamiento público para financiar gastos de funcionamiento, lo cual contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto y en la propia Constitución Política de la República.
