Hoy el Diario de Centroamérica publicó el Acuerdo Ministerial 144-2020, donde se define la ruta para el retorno a la “nueva normalidad” o desescalada del confinamiento, según indica el texto mencionado.
Redacción Perspectiva
Las fases planteadas en el acuerdo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), van desde las medidas que deben implementarse para reducir al mínimo el brote hasta las disposiciones que reglamentarán una “nueva normalidad” luego del regreso a las actividades fuera del confinamiento.
Los primeros pasos que detalla el referido acuerdo son: 1. Expansión de pruebas y recomendaciones prácticas de investigación epidemiológica; 2. Aumento de la capacidad tecnológica para el reporte y flujo de la información y 3. Rastreo de contactos para identificación y control de brotes.
Al iniciar el descenso en la escalada de la epidemia, con cifras que confirmen esto, se iniciarían cuatro fases para iniciar la “desescalada”, consistentes en preparación, inicio, apertura intermedia y apertura a la “nueva normalidad”.
Para llegar a la apertura intermedia o fase II, será necesario que en todo el territorio se cuente con equipos de protección y pruebas masificadas, pero también que haya cero incidencia en los casos de COVID-19. Asimismo, el inicio de esta fase requiere el descenso significativo en los reportes de casos sospechosos y pruebas positivas.
Durante la fase II se reabrirán gradualmente actividades que estuvieron restringidas en la fase I. La “Nueva normalidad” o fase III prevé el retorno a las actividades que estuvieron clausuradas, aunque este deberá hacerse de acuerdo con los protocolos establecidos por el MSPAS y otras autoridades en cuanto al control del personal que labora en empresas, para lo que proponen una Estrategia de Prevención y control en Centros de Trabajo y Sectores de Empleo Formal.
Entre otros, las empresas deberán clasificar a su personal en alto y bajo riesgo, según los parámetros del MSPAS y otras autoridades. Además, deberán registrarse en una plataforma electrónica y las autoridades sanitarias tendrán acceso a toda esta información.
Los empleados deberán reportar sus padecimientos crónicos, como asma severa o enfermedad renal, de forma “voluntaria”.
