Para que vuelvan a manos del Estado, los terrenos en donde se construyó la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), ahora APM Terminals Quetzal, primero debe cobrar firmeza la sentencia que declaró nulos los tres contratos que permiten el funcionamiento de dicha empresa.
Luego los nuevos propietarios deberán recibir un pago no menor a US$180 millones (Q1.3 millardos) que representaría el monto invertido en la infraestructura de la Terminal Portuaria, aseguró ayer la titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anabella Morfín.
Hace dos semanas la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo notificó el fallo a favor de la demanda de nulidad, planteada por la PGN en contra de tres contratos entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ): uno de usufructo oneroso, la ampliación de este y otro para operación y funcionamiento, que fueron suscritos de manera anómala durante la administración del extinto Partido Patriota (PP).
La diputada de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, dijo que la Procuradora General está obligada a plantear una contrademanda dirigida a los directivos de la compañía de capital español TCB Group Maritim quienes, según las investigaciones del MP y la CICIG, pactaron el pago de millones de dólares en coimas con exfuncionarios guatemaltecos entre ellos los exmandatarios, Otto Pérez y Roxana Baldetti. Según la congresista, los dueños originales están obligados a resarcir al Estado de Guatemala y a la empresa APM Terminals, filial del operador de contenedores Maersk Group, que a finales de 2015 compró a TCB.
Morfín, indicó ayer que en la demanda de nulidad no se especificó el monto de daños y perjuicios en favor del Estado y que solicitaron a la Sala Quinta una ampliación de la sentencia y si esta no es favorable, se planteará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de que el Tribunal se pronuncie sobre el resarcimiento por haber suscrito el usufructo sin apegarse a la Ley de Contrataciones del Estado.
Fuente Fotográfica: elPeriódico
