Guatemala Inmortal interpuso un segundo antejuicio contra la ministra de Salud Pública Amelia Flores, por la forma en que ha gestionado la pandemia y especialmente, el castigo que implica para los colegios el cierre de las clases presenciales. Amanda Santizo, la abogada querellante, explica las razones de esta solicitud. Entretanto, un informe del Banco Mundial (BM), expone que el 71% de estudiantes de secundaria en LATAM no puedan entender un texto de extensión moderada. El porcentaje podría llegar al 77% si las escuelas siguen cerradas tres meses, indica la UNICEF.
Roxana Orantes Córdova
Justo cuando el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), divulga que en América Latina y el Caribe 114 millones de estudiantes están ausentes de las aulas y alerta sobre la importancia de retomar la educación presencial, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), decidió interrumpir el tímido inicio del retorno a las aulas en los municipios catalogados como de alerta “naranja”.
El mayor número de niños fuera del aula en el mundo se encuentra en la región, donde los niños han perdido en promedio 158 días de clases presenciales y solo 7 países han abierto completamente las escuelas. Doce países las mantienen totalmente cerradas y el resto de la región tiene cierres parciales.
La UNICEF declaró desolador el panorama de las escuelas vacías y enfatiza en el impacto negativo de los cierres y ausencias escolares. Conforme se extiende el tiempo fuera de las aulas, más niños están en riesgo de abandonar para siempre la escuela.
“Se estima que más de 3 millones de estudiantes en la región podrían abandonar definitivamente sus estudios a causa de la pandemia”
Esto ocurre “En una región donde antes de la COVID-19 muchos estudiantes de primaria y secundaria no alcanzaban los niveles básicos de competencias en matemáticas, lectura y escritura, el impacto de las interrupciones escolares en el rendimiento de aprendizaje será severo y duradero”, indica la organización internacional, que para generar conciencia sobre la importancia de la reapertura de las escuelas, lanzó la campaña #LasEscuelasPrimero.
El argumento del MSPAS para decretar la reciente medida es la percepción de las autoridades sobre el incremento de contagios, si bien la ministra de Educación Claudia Ruiz, confesó no tener los datos exactos sobre contagios e incidencia entre alumnos y maestros: “puede haber 113 docentes contagiados. En las burbujas no tenemos reportes. No es que haya brotes en las escuelas ”, dijo en una conferencia de prensa, donde enfatizó en la importancia de mantener las medidas de bioseguridad de cara a la Semana Santa.
En cuanto a los efectos de la pandemia en infantes, un artículo publicado en la revista del Colegio Médico por un grupo de científicos, titulado Comorbilidades en niños menores de 17 años fallecidos por Covid-19 en Guatemala (Julio-Diciembre 2020. Vol. 159 No. 2. Colmedegua), indica que la presencia de enfermedades subyacentes puede ser factor importante en la mortalidad de menores de 17 años.
El estudio mencionado evaluó a 171 niños, tres de ellos con enfermedad subyacente uno de los cuales falleció. “Los niños y jóvenes cursan con enfermedad menos severa que los adultos y los desenlaces negativos ocurren en su mayoría en niños con afecciones previas”, dice el texto.
“Hasta la fecha (05/10/2020), en el departamento de Guatemala se presentaron 6,888 casos positivos de Covid-19 entre las edades de 0 a 19 años, reportando 46 fallecidos, mientras que en Italia se reportaron 4,406 casos entre las edades de 0 a 17 años y solamente 4 fallecidos. De acuerdo a nuestro estudio, el rango etario más frecuente (53%) oscila entre 0 a 5 años”.
El texto citado se encuentra en: https://doi.org/10.36109/rmg.v159i2.282
“Los funcionarios que no cumplan con su deber serán llevados ante la justicia”, dice Santizo
“Motiva tristeza y enojo en cualquier ciudadano ver cómo hace un año las autoridades están empobreciendo y destruyendo al país con el mal manejo del COVID-19. Tantos millones prestados, dinero que no se ve reflejado en ninguna parte. Hay partidas presupuestarias de miles de millones para que las escuelas se adecuaran a la educación a distancia y ninguna escuela cuenta con los recursos para esto”, explica la abogada que ha presentado dos antejuicios contra la ministra Amelia Flores.
El primero de estos procesos se encuentra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que decidirá si se retira la inmunidad a la funcionaria para investigarla, y el segundo está en el Juzgado Cuarto de Instancia Penal, que podría enviarlo a la CSJ.
Según la abogada, los guatemaltecos jamás hemos tenido ningún tipo de apoyo estatal. “Hemos salido adelante solos. Ahora el gobierno insiste en cuidarnos a su manera, porque por ejemplo, en el Hospital Roosevelt ni siquiera hay material para quitar un yeso a un niño en Pediatría”.
El segundo antejuicio fue presentado por la disposición del MSPAS que restringe los derechos infantiles, el libre comercio, la libre contratación, la independencia y el trabajo. “Además de los niños, que pasan largas horas frente a computadoras (cuando las tienen), los más afectados han sido los trabajadores de servicios de los colegios: niñeras, jardineros, pilotos de buses escolares y otros. Por supuesto los maestros que han quedado desempleados o con sueldos rebajados. Mientras, el Estado se llena de fondos prestados pero no los invierte ni en salud ni en educación”, afirma.
“No tengo idea cuál es la ideología de la ministra, pero lo claro es que está tratando de sabotear la educación y la economía, con estas medidas arbitrarias. Están cobrándole la factura de la pésima gestión en el sistema de educación pública a los colegios, porque las escuelas no cuentan con ninguna infraestructura para garantizar las medidas de seguridad y se resisten a abrir. Evidentemente, los menos perjudicados con esto son los docentes del MINEDUC, quienes gozan de prebendas por los pactos colectivos y no han dejado de recibir un día sus sueldos, mientras los del sector privado han debido invertir adecuando los establecimientos y como premio, se les vuelve a cerrar”.
“La propia ministra de Salud aceptó que no cuenta con datos sobre la epidemia entre la población estudiantil. Es una medida que a todas luces no fue tomada a partir de evidencias científicas sino es un capricho político. Los funcionarios deben saber que los que no cumplan su deber van a ser enjuiciados. Estamos cansados de que sean mediocres y corruptos”, concluye.
