Tres analistas exponen sus respectivos puntos de vista sobre las protestas iniciadas ayer en varias localidades del país. Para Mario Mérida, se expresó la ingobernabilidad, en tanto Edy Morales considera que se expresó la condena nacional a la corrupción y Ricardo Méndez Ruiz opina que «el resultado fue deficitario para quienes promocionaron la protesta, que no fue un paro».
Roxana Orantes Córdova
¿Quién ganó y quién perdió con la protesta del 29 de junio en Guatemala? Evidentemente, esto depende de la perspectiva desde la que se analice el hecho. Mario Mérida y Méndez Ruiz coinciden en que resultaron afectados muchos agricultores y comerciantes de Quetzaltenango, así como diversos trabajadores en áreas urbanas de los sitios donde se realizaron bloqueos.
Entretanto, Edy Morales asegura que las protestas lograron evidenciar el descontento, ya documentado, contra un mandatario al que no le queda más que renunciar.
«Es urgente refundar el Estado guatemalteco», afirma Morales
Según indica el sociólogo Edy Morales «la carta del ex comisionado Edwin Asturias es clara y congruente con la realidad de la coyuntura actual. Evidencia la insatisfacción de diferentes sectores y muestra la poca credibilidad que tiene el gobierno de Alejandro Giammattei hasta entre quienes lo apoyaron.
La carta refleja lo ya dicho sobre el mal manejo de la pandemia, en términos de la poca transparencia sobre el manejo de los fondos para las vacunas, porque las existentes provienen de donativos. El gobierno no ha transparentado este proceso y sumado a ello, el tiro de gracia a su popularidad ha sido la destitución de Juan Francisco Sandoval, un luchador contra la corrupción al que se debe reconocer el buen desempeño que tuvo independientemente de la posición que se tenga.
No se debe idolatrar a figuras, pero hay que reconocer que realizó un trabajo eficiente ante una situación en que los tres poderes estatales están coludidos en una alianza dominada por la corrupción, lo que puede considerarse una evidente confabulación. El problema no es en sí el fiscal, un chivo expiatorio, sino cómo la cooptación del sistema de justicia provoca poca certeza jurídica para la ciudadanía.
El impacto de las protestas no fue solo nacional sino internacional, con cobertura de tres días seguidos en importantes agencias de televisión y la evidente inconformidad de los países cooperantes. La protesta evidencia el hartazgo de la población ante diversas situaciones que incluyen el asesinato del opositor Frank Stalin Ramazzini y la mala administración de la pandemia, lo que se suma a la actitud de Alejandro Giammattei, marcada por la incoherencia entre lo que dice y lo que hace.
Giammattei tiene índices mínimos de popularidad y considero que la única salida es su renuncia y probablemente, su sucesión por el vicepresidente Guillermo Castillo u otra persona. Pero esto no va a parar. Cuando un mandatario pierde toda la popularidad y no es querido, por decoro y coherencia debe presentar su renuncia.
Y aunque replantear la refundación del Estado lleva décadas, refundar el Estado guatemalteco es una necesidad que pasa por reformas a leyes como la del Servicio Civil y la Ley Electoral y de Partidos Políticos».
«Los 48 Cantones amenazaron directamente a quienes no participaran en el bloqueo», señala Méndez Ruiz
«El resultado de las protestas aisladas, que no paro nacional, fue deficitario para quienes las promovieron», asegura Méndez Ruiz, quien continúa:
«Desde un día antes circuló en redes un documento de los 48 Cantones donde es evidente la amenaza a quienes no se unieran a su protesta. Esto tuvo como resultado que Los Encuentros fue el único lugar donde se observó una gran afluencia de manifestantes.
Sin embargo, no todas las manifestaciones de ayer fueron masivas. En algunas se observaron entre diez y veinte personas. Otro elemento a resaltar es la presencia de un líder emergente, Martín Toc, con el obvio propósito de aprovechar el momento para promocionarse políticamente. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe tomar esto en cuenta, porque se cometió el delito de propaganda electoral anticipada», señala.
Además, considera que «fue notoria la alianza entre Iván Velásquez y Fernando del Rincón para exigir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras. Y ese era el principal motivo de las protestas, aunque muchas de las personas que manifestaron de buena fe, desconocían que estaban obedeciendo la manipulación de Velásquez, quien lo hace porque sabe positivamente que tiene una responsabilidad enorme en el fraude de US$384 millones que él y Thelma Aldana condonaron a Oderbrecht usando a Juan Francisco Sandoval quien se extralimitó en sus funciones para condonar dicha deuda.
No comprendo por qué la Fiscal General no hace ver ese como el motivo real y explícito de la destitución y expone motivos pequeños, como la enorme insubordinación y constantes ofensas de Sandoval en su contra. Para la protesta de ayer subyacen muchos motivos, pero los principales son la intención de Velásquez de opacar el caso Oderbrecht y el intento de posicionar a un líder que inicia su carrera política coaccionando a la población para unirse a su protesta que en el caso puntual de los 48 Cantones, tiene un evidente propósito de política electoral, y debe ser tomado en cuenta por el TSE».
«Oficializar el retiro de fondos al MP podría acercar a Guatemala a otros esquemas geopolíticos no cercanos a EE.UU.», señala Mérida
Mario Mérida señala que la percepción de los hechos tiene mucho qué ver con la forma en que los presentan los medios «pero esto es de cajón», y enfatiza en que la obligación de la prensa no es influir, sino describir algo que permita a las personas alcanzar sus propias conclusiones.
«Al final lo que hubo fue una demostración de fuerzas para decirle al gobierno que hay un país alzado contra lo que pasa. En el caso de los 48 Cantones, es importante considerar que se trata de la cabecera departamental de Totonicapán. Habría que ver lo que se opina en los otros siete municipios de ese departamento».
Lo anterior, señala, podría aportar una «diferente percepción. Otro aspecto interesante es que muchos de los que manifestaron estaban protestando contra el gobierno, pero se manejó muy poco el tema del despido de Sandoval. En esa región, muchos no sabían quién era. No tienen claro el rol tan importante del Ministerio Público (MP), como ente investigador».
«Se habla de la protesta del pueblo, pero en algunos lugares no pasaban de 60 personas haciendo piquetes (como se decía durante la Guerra Fría), y pese a ello, se afirmaba los pueblos tenemos claridad. Uno se pregunta hasta dónde se está reflejando la realidad. Por ejemplo, comerciantes de Almolonga y Zunil que debían pasar sus productos hacia México, resultaron seriamente afectados. La protesta de ayer es una muestra de ingobernabilidad».
Sumado a lo anterior, Mérida menciona «la incertidumbre que motiva un panorama enrarecido. Hasta el momento, la embajada de Estados Unidos no ha confirmado oficialmente el retiro del apoyo al MP. No sabemos si es oficial, aunque senadores y algunas embajadas hayan manifestado su preocupación por un hecho administrativo interno sucedido en el MP. De concretarse la medida, esto acercaría a Guatemala a otros esquemas geopolíticos o geoestratégicos no cercanos a EE.UU».
Asimismo, «no se ha aclarado si la anunciada fuerza de tarea regional contra la corrupción es un convenio oficial que deba pasar por la aprobación del Congreso. Por otro lado, fuera de estos grupos que protestaron, la población tuvo una actitud pasiva hacia los piquetes y muchos, especialmente trabajadoras domésticas y de servicios, tuvieron que quedarse en casa ese día».
«Los grandes perdedores ayer son los ciudadanos que permanecieron en sus casas y no apoyan a uno u otro grupo».
En cuanto a la cobertura mediática, enfatiza: «los medios deben seguir brindando información veraz, sin sesgos. De lo contrario, las redes van a terminar sustituyendo a lo que hasta ahora han sido fuentes confiables de información. Necesitamos medios veraces y oportunos».
Pese a todo, Mérida observa algunos elementos rescatables, especialmente el que no haya habido hechos vandálicos de tal naturaleza que obligaran a la intervención del estado.
