El informe presentado a mediodía del 14 de mayo por la Fundación Myrna Mack con el título Comisiones Paralelas, Mecanismos de Cooptación de la Justicia, reitera datos sobre la influencia de grupos de poder sobre las comisiones que eligen magistrados. Según el abogado Raúl Falla, el documento evidencia por lo menos dos debilidades: omite cuidadosamente el nombre de Thelma Aldana y otros personajes que también fueron nombrados gracias a ese mecanismo.
Roxana Orantes Córdova
Con 64 páginas, el informe promete develar datos “duros” que logren desentrañar las acciones de las “mafias” incrustadas en el sistema judicial. La promesa no se cumple y el documento resulta ser una nueva versión de otros similares presentados por la misma fundación, pero aún más interesante: es casi una versión de otros informes presentados por la ex Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Esto no tiene nada de extraño cuando se realiza una rápida búsqueda y se encuentra que el autor, un historiador llamado Harald Waxenecker, quien también realizó informes para la CICIG, como Redes ilícitas y crisis política: la realidad del Congreso guatemalteco (2017), además de haber trabajado informes similares en Honduras: Redes de poder político-económico en Honduras y El Salvador: Élites políticas y económicas en El Salvador: ¿Captura de Estado?
Waxenecker es investigador de la Fundación Heinrich Böll “una de las fundaciones políticas alemanas, ligada al partido Los Verdes, que reúne a “intelectuales, científicos, periodistas, artistas y activistas de movimientos sociales, ecologistas y feministas”. El informe de la Fundación Mack sobre comisiones de postulación en Guatemala se publicó con apoyo de la Fundación Heinrich Böll, que publicó en Chile una investigación titulada: Captura del Estado y redes empresariales en Chile.
En el informe Comisiones Paralelas, Mecanismos de Cooptación de la Justicia se menciona más de una vez el nombre del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Gustavo Bonilla, conocido por el “intercambio” de plazas con la ex Fiscal General Thelma Aldana, quien lo contrató para impartir cursos en el Ministerio Público (MP), a los que aparentemente no asistió, mientras Bonilla contrataba a Aldana como docente en la USAC.
Ambos abogados fueron mencionados en un informe de la CICIG como algunos de los que lograban posicionarse a través de vínculos con las redes de poder que inciden en las Comisiones de Postulación. En ese informe se menciona el vínculo de Aldana y Bonilla con Roberto López Villatoro, “rey del Tenis”, y con otros personajes similares, mencionados también en el informe reciente, que sin embargo, eliminó cualquier mención a Thelma Aldana.
Para recordar el tono en que la CICIG se refería a la ex fiscal, actualmente prófuga de la justicia, si bien ella y sus partidarios hablan de “exilio”, cabe mencionar un informe de esa comisión llamado Contra todos los pronósticos: la CICIG en Guatemala, donde se lee:
“Por su parte, Velásquez tuvo que afrontar un desafío diferente con la sustituta de Paz y Paz, Thelma Aldana, cuyo nombramiento ocurrió bajo la sospecha de un acuerdo político con el Presidente Pérez Molina, despertando así preocupaciones sobre la continuación de la alianza entre la CICIG y el Ministerio Público. No obstante, la nueva fiscal general fue tanto cuidadosa como políticamente astuta, respaldando los casos de la CICIG”.
Así como Aldana, muchos otros abogados y jueces fueron omitidos del informe reciente, de manera “cuidadosa como políticamente astuta”, citando a la CICIG. De esto habla Raúl Falla, quien enfatiza en que el informe pierde valor al señalar “selectivamente” a los corruptos, además de que, como abogado penalista, considera inaceptable que un informe de investigación criminal pueda tomar como fuente a medios de comunicación. Entre estos, algunos donde el autor del informe ha publicado.
“No menciona a los magistrados afines a la CICIG”
“Hoy hubo un conversatorio virtual de la Fundación Myrna Mack, relativo a un informe sobre el proceso de elección de magistrados. Entre los presentadores se observó a varios extranjeros, pero además llama la atención la presencia del ex secretario de Política Criminal, Rootman Pérez, sobre el que pesan varias acciones penales ante el MP, por haber presionado a la ex fiscal de Delitos Administrativos Heidy Tamara de León en el ejercicio de sus funciones”.
“El informe está redactado al estilo de la CICIG. Da la impresión de que hubiera sido escrito por alguno de los ex investigadores de esa comisión. Salen a relucir varios personajes políticos que en algún momento se reunieron con Gustavo Alejos. Se menciona a Gustavo Bonilla, sindicado por una plaza fantasma en el MP de Aldana. Pero a ella no se le menciona, pese a que la estrecha relación entre ambos está documentada desde 2013, en relación con las elecciones de las cortes”, señala el abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
“También se señala al ex rector de la USAC Estuardo Gálvez, como relacionado con Alejos. Sin embargo, muchas fotografías muestran a Aldana, a Velásquez e incluso a Helen Mack, directora de la fundación que publica el informe, en actitudes amistosas y reuniones diversas con Alejos, quien fuera presidente del Congreso”.
Según la lectura que Falla da al texto: “cuestiona la forma en la que se elige a los magistrados, pero no menciona que muchos de los afines a la CICIG, MP de Aldana y Fundación Myrna Mack, fueron electos por el mismo mecanismo y también estuvieron cerca de los mismos personajes que se presentan como miembros de mafias. Esto hace que se pierda la imparcialidad”.
“Entre otros, Delia Dávila, ex mandataria de CICIG, María Eugenia Morales, Claudia Escobar y muchos otros. Tampoco se menciona que la Fundación Myrna Mack ha facilitado cursos en el extranjero a jueces que posteriormente se convierten en sus incondicionales a la hora de fallar. Entre estos, Jazmín Barrios, Erica Aifán y Miguel Ángel Gálvez”, menciona.
“Esto también podría ser interpretado como un vínculo criminal, pero no se menciona, como tampoco se cita que Anelisse Herrera, ex secretaria de Alejandro Sinibaldi, mencionó a Aldana y Bonilla, pero también afirmó que Bonerge Mejía, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), habría recibido dinero de Sinibaldi. Por el principio de igualdad, debieron ser mencionados todos estos abogados”.
Para Falla, resulta inconcebible que un informe de esta naturaleza cite como fuente para su investigación una columna de opinión. “Un copy-paste de información de medios, similar a los que usaba la CICIG para fundamentar sus argumentos. Esto resta credibilidad al informe. Tienen el vicio de no sustentar sus investigaciones. Una columna de opinión es solamente la opinión de quien la firma, no puede ser considerada un elemento de prueba en una investigación contra magistrados”, concluye.
