Casi simultáneamente, se conoció que el Ministerio Público (MP), emitió la orden de captura internacional contra Thelma Aldana y la probabilidad de que Dimas Gustavo Bonilla represente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC en las comisiones que designarán magistrados. El hecho parece una ironía, puesto que Aldana es perseguida por la contratación irregular de Bonilla. Aunque el decano no ha declinado, dos abogados y la directora del Movimiento pro Justicia coinciden en que, por ética, se espera que renuncie.
Roxana Orantes Córdova
Mientras la atención de la ciudadanía está enfocada en seguir las elecciones más complicadas y cuestionadas en los últimos 34 años, el proceso para designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones inicia con un dilema ético: la probabilidad de que participe Dimas Gustavo Bonilla.
Según afirma Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, “entre junio y julio inicia el proceso para nombrar magistrados, todo indica que la elección será la primera semana de agosto”.
Desde 1999, las elecciones de magistrados no coincidían con los comicios generales. Un documento de la Fundación Libertad y Desarrollo explica que si bien para la mayoría es difícil darle seguimiento a este proceso, es sumamente importante, porque serán designados 13 magistrados de la CSJ y 210 para las 42 salas de las cortes de apelaciones.
La relevancia de este hecho, enfatiza el referido documento, es que “grupos oscuros del narcotráfico y del crimen organizado están al acecho de la elección de las cortes. Probablemente dediquen más esfuerzos a la elección del poder judicial que a las elecciones generales. Garantizarse una CSJ afín y colocar la mayor cantidad de magistrados en las cortes de apelaciones, les garantiza un control importante sobre los casos de corrupción abiertos y los que podrían venir en el futuro”.
Dilema ético para el ex asesor de Aldana
Desde 1999, el Movimiento pro Justicia, integrado por las organizaciones Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Madres Angustiadas (MA) y Fundación Myrna Mack (FMM), “ha participado activamente en la fiscalización de los procesos de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad, así como en la designación del Fiscal General de la República y el director del Instituto de la Defensa Pública Penal”, señala la página de esa entidad.
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento pro Justicia, explica: “tenemos entendido que por voluntad propia, Bonilla quedará fuera del proceso. Vemos bien si esto se concreta.
De lo contrario puede darse el conflicto de interés, considerando que el Ministerio Público (MP) mantiene una acusación en su contra y hasta el momento no ha sido escuchado por la ley. Es pertinente la separación puesto que los cuestionamientos sobre conflictos de interés generarían inestabilidad en el proceso para elegir a los magistrados.
Pro Justicia siempre ha exigido que las comisiones estén integradas por personas idóneas y sin conflictos de interés. Habrá que sustituir a Bonilla y nombrar a otra persona frente a la decanatura, que ocupe este puesto y represente a la universidad nacional ante la postuladora. Tengo entendido que esa es la forma en que lo manejará la USAC”, concluye.
El abogado y columnista Jorge Morales Toj, comenta: “por ética debería declinar. Aunque no ha sido condenado, está en proceso penal y esto puede tener un nivel de incidencia en la participación de Bonilla en la postuladora. Según pienso, debiera concentrarse en resolver su situación jurídica, renunciando a la decanatura. Poner su puesto en disponibilidad evitaría un vacío institucional y permitiría que un nuevo decano representara a la USAC”.
Marco Vinicio Mejía, doctor en Derecho, coincide con esta posición y añade: “la ley sobre comisiones postuladoras establece requisitos que deben cumplir los aspirantes y quienes integran las comisiones. Deben estar solventes El decano Dimas Bonilla no ha sido vencido en juicio, pero sería censurable que participe, puesto que existen dudas sobre su honorabilidad”.
Aldana y Bonilla: una relación de antaño
Un artículo de Rodrigo Polo publicado en Medium señala: “Dimas Gustavo Bonilla ha sido Asesor de la Fiscal General Thelma Aldana, puesto que según presumen, fue diseñado justamente para él. En dicho puesto ha devengado del Estado Q.214,774.19 en 2015, según reporta el portal de Transparencia Guatecompras”.
Según una investigación publicada en La Hora en 2009, Dimas Gustavo Bonilla y Thelma Aldana fueron dos de los 8 candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentados como no idóneos por Carlos Castresana, entonces jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Contra Aldana, quien obtuvo una calificación de 67 puntos, la CICIG mencionó que había sido electa por una planilla apoyada por el “Rey del tenis”. Además, denunciantes de la sociedad civil le cuestionaron por emitir una resolución que no atendía lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que le valió un señalamiento por ruptura del orden constitucional.
Contra Dimas Gustavo Bonilla, la sociedad civil presentó cinco tachas: por denegar justicia en un caso de violación a derechos laborales; retardo en la tramitación de un proceso y desobediencia a resoluciones de la CC.
Entre los señalamientos que le fueron comprobados a Bonilla, hay una resolución que favorecía a la Junta Administradora del Plan de Prestaciones a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el que no se excusara de conocer un caso que involucraba al entonces rector Estuardo Gálvez, pese a la prohibición por la existencia de “amistad íntima o relaciones con alguna de las partes”.
Bonilla fue secretario de la Junta Directiva cuando Gálvez era decano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El puesto que detentaba se considera “de confianza” y en aquel momento, la CICIG expresó que la relación de amistad trascendía al proceso de selección, específicamente porque Gálvez presidía la postuladora que seleccionó al actual decano de Derecho como aspirante a magistrado.
Finalmente, un delito de amenazas desestimado y otro de estafa, archivado, empañan el historial del actual decano, quien según varios de sus colegas y los grupos civiles, “por ética debiera inhibirse de participar en la comisión postuladora”, informaba el medio citado.
Cinco años después, otra investigación que daba cobertura a las elecciones de magistrados, publicada por República GT, informaba que la planilla 2, encabezada por Anabella Cardona, era apoyada por funcionarios como Marvin Lau, subsecretario de la Presidencia, el Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar, Anabella de León, Registradora de la Propiedad Inmueble y Blanca Stalling, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal.
Todas estas instituciones, indica la investigación citada, aportarían una considerable cantidad de votos a la planilla citada, que era respaldada «por la Coordinadora Nacional Multisectorial de Integración Social (Conamis), a la cual pertenecían Thelma Aldana, Gustavo Mendizabal, Erick Álvarez, Gustavo Bonilla, Bonerge Mejía y Avidán Ortiz, quienes según el texto mencionado, eran “afines al rector saliente, Estuardo Gálvez”.
La relación entre ambos colegas “no comenzó ayer”. Los cuestionamientos de la CICIG, los vínculos con el gobierno de Otto Pérez Molina y la relación laboral que derivó en la huida de Thelma Aldana parecerían ser suficientes como para que Gustavo Bonilla decida declinar a su decanatura y ceda el paso a un relevo para representar a la USAC ante las comisiones de postulación. Sin embargo, nada está escrito y los guatemaltecos bien podríamos ser testigos de cómo el beneficiado con la plaza que originó la persecución judicial contra Aldana, designa a los encargados de impartir la justicia “pronta y cumplida”.
