La Corte de Constitucionalidad (CC), declaró cesante a Neftaly Aldana, lo que abre la puerta para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designe a su representante. Esto sucedió luego de que el embajador William Popp sostuviera una reunión con los magistrados de la CC. Horas antes, Dina Ochoa había denunciado penalmente a Gloria Porras, y un grupo de ONG´s denunciaba a Ochoa. Según el analista Alfredo García, es probable que ambas denuncias terminen durmiendo “el sueño de los justos”. Entretanto, Roberto Molina Barreto señaló que estaban “matando del estrés” a Aldana y Ricardo Méndez Ruiz afirmó que la acción de Ochoa fue “un acto de decencia”.
Roxana Orantes Córdova
La magistratura de Neftaly Aldana ha estado vacante durante tres meses, y pese a que se encontraba incapacitado desde el 9 de julio, la presidente de la CC, Gloria Porras, insistió en negar a su familia las licencias prolongadas, primero, y la cesantía posteriormente.
El caso de Aldana motivó la virtual desintegración de la CC, que permaneció sin representante de la CSJ desde que inició la enfermedad del magistrado, por quien se interpusieron varios recursos de exhibición personal debido a que no había certeza sobre su condición. Inicialmente, Porras intentó desestimar el diagnóstico del médico familiar del magistrado, quien habría recomendado el reposo absoluto prolongado.
Un elemento que ahora se cierne contra la presidente de la CC como la “espada de Damocles”, es que después del 9 de julio, Aldana se habría inhibido más de una vez. A principios de octubre, la penalista Amanda Santizo comentó a Perspectiva que el 10 de septiembre, la CC emitió la sentencia número 2187-2020, que otorgaba un amparo a la Fundación Myrna Mack. Aldana se habría inhibido, aunque es imposible que esto haya ocurrido, tomando en cuenta que estaba incapacitado desde principios de julio, lo que implicaría el delito de falsedad ideológica, entre otros.
Hoy llegó a su fin el calvario del magistrado Aldana, finalmente cesado por la CC, que intentó hasta el último momento, lograr la presencia física del jurista, pese a que su condición lo impedía. Alrededor de las cinco de la tarde, la CC divulgó un comunicado informando el hecho. Sin embargo, antes de tomar una decisión que según varias opiniones era obligada por el sentido común y humanitario, la presidente de la CC realizó varias acciones que podrían volcarse en su contra.
El disenso de tres magistrados que se retiraron públicamente de participar en el pleno, debido a su virtual desintegración; intercambio de comunicados y amplia cobertura fueron la antesala de una medida que pudo haberse tomado inmediatamente después de que los familiares del magistrado pidieron su cesantía, avalados por un eminente neurólogo.
Sin embargo, “se les olvidó que la CC es un tribunal de garantías mínimas para los derechos humanos”, señala Molina Barreto. Entretanto, Méndez Ruiz considera que Porras “abusa de su cargo para sobrevivir” y Alfredo García indica: “la saga de la CC va a seguir mientras existan esas pugnas de poder internas”.
La decisión de declarar cesante a Aldana, que abre la puerta para que la CSJ designe a un magistrado que podría no plegarse totalmente a los intereses que han imperado en ese cuerpo colegiado, fue precedida por algunos hechos que probablemente no estén relacionados con la declaración de cesantía pero resulta necesario mencionar:
- El embajador estadounidense William Popp visitó a los magistrados de la CC hoy por la tarde, luego de visitar a la Fiscal General Consuelo Porras.
- Dina Ochoa interpuso una demanda penal contra Gloria Porras.
- Según un rumor que circuló en la CC, el médico de Neftaly Aldana habría escrito una carta a los magistrados, dando a conocer que la recuperación del magistrado podría ser un proceso prolongado.
Amparistas denuncian a Ochoa
Otro suceso del miércoles 21 fue la denuncia de la coalición llamada Alianza por Reformas, integrada por unas 40 organizaciones y que ha interpuesto varios amparos ante la CC, varios de estos tramitados de inmediato. Entre otros, el grupo abogó por la permanencia de Iván Velásquez y la elección de magistrados, aunque inicialmente estuvieron de acuerdo con los retardos de ese proceso en 2019.
En dicha coalición participan grupos como la Unidad de Defensores de DH de Guatemala (UDEFEGUA), la Batucada del Pueblo, Protección Internacional, Justicia Ya, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, CONGCOOP, Fundación Myrna Mack, Autoridades Ancestrales, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Además, la coalición mencionada tiene un vínculo con la cuenta de Twitter llamada RICIG o Red de Información Contra la Impunidad en Guatemala, que opera con el correo de la ex CICIG.
La denuncia de estos grupos contra Ochoa tiene algunos visos de ser un intento por contrarrestar la acción de la magistrada contra su colega. Sin embargo, considerando que la presidente de la CC habría decidido actuar según el sentido común, cesando a Neftaly Aldana, “el MP podría actuar con mucha cautela y ambas denuncias terminar durmiendo el sueño de los justos”, dijo Alfredo García.
“Dina Ochoa está curándose en salud”, dice Molina Barreto
“Presionada a integrar un pleno de forma ilegal, pese a las solicitudes de la familia y el dictamen del médico, la magistrada Dina Ochoa escogió curarse en salud al interponer la denuncia contra Porras. Parece que a esta señora y los otros cuatro se les olvidó que la CC es un tribunal de garantías mínimas para los derechos humanos”, expresa Molina Barreto.
El jurista también considera que el pleno no puede integrarse de forma diferente a la que establece la ley vigente, y que las inhibitorias de Aldana generan muchas dudas, porque en su condición, él no podía inhibirse. “Tres magistrados no pueden conformar un pleno, que estaría integrado de forma delictiva. Y oponerse a la declaración de cesantía es una actitud de delito flagrante, que incluye hostigar a un enfermo y su familia. Una actitud injustificada y que podría agravar seriamente la condición del magistrado”.
Méndez Ruiz: “Porras opera en modo de sobrevivencia”
La Fundación Contra el Terrorismo (FCT), ha presentado denuncias contra Porras y otros magistrados de la CC. Su presidente, Ricardo Méndez Ruiz, opina que Dina Ochoa demostró decencia con un acto que la separa de las actitudes asumidas por Porras, quien según dice, corresponden a “un estado patológico. Solo alguien fuera del uso de sus facultades mentales puede llamar a declarar a un enfermo grave. No es necesario ser médico para saber que si una persona sufrió uno o varios derrames no está en condiciones de presentarse en público”.
Además, Méndez Ruiz señala que la magistrada actuó obviando las peticiones del médico y la familia y tuvo una serie de actitudes que según dice, evidenciarían que la presidente de la CC actúa “en modo de sobrevivencia”.
“No me extrañaría que abandone el país muy pronto. En su contra hay varios casos penales que no me cabe duda, serán atendidos. Recientemente presentamos una demanda contra el magistrado Pineda, quien ha impedido que los antejuicios sean conocidos por el pleno. Podemos ver una estructura que abarca algunas fiscalías del MP, además de tener cómplices en la CSJ y la CC. Pero en este momento, Porras está en una situación complicada y su manejo de la enfermedad de Aldana mostró cómo abusa de su cargo para sobrevivir”.
“En este momento, no pueden autoampararse”: García
“Exigir la presencia de Neftaly Aldana fue un ataque contra su dignidad humana y su condición de salud. De acuerdo con los informes médicos, el magistrado no podía presentarse en público. Considero que la saga de la CC va a seguir mientras existan esas pugnas de poder. Actualmente, la CC está formalmente desintegrada y de acuerdo con las normativas vigentes, los magistrados no pueden emitir resoluciones sobre la CSJ, el Ejecutivo o el Congreso. Tampoco pueden autoampararse”, señala García.
Esto, porque para emitir ciertos fallos debe haber un pleno de siete magistrados titulares. “Los magistrados de la CC están gestionando la crisis que ellos mismos causaron. Con un número de magistrados incompleto, con uno solo que se inhiba, no podrían parar una ley, por ejemplo”, comenta y agrega:
“Si se llegara a comprobar que Neftaly Aldana se inhibió (pese a estar imposibilitado), hay delito de falsedad material e ideológica”.
En cuanto a las dos denuncias presentadas hoy, comenta: “al declarar la vacancia, comenzaron a ceder, contraviniendo su propia orden dada poco después. El MP podría a actuar con mucha prudencia, y las denuncias de Ochoa y el grupo de ONG´s podrían dormir el sueño de los justos”, concluye.
