El ex presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, explica algunos elementos que pueden contribuir al esclarecimiento de un panorama muy complicado y al mismo tiempo, afirma que el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no deben obedecer fallos de la CC que son a todas luces inconstitucionales.
Redacción Perspectiva
Hace más de dos años la CC se encuentra incompleta, debido a que el nombramiento de Consuelo Porras como Fiscal General de la República dejó vacante el sitio de magistrada suplente que ostentaba la actual jefe del Ministerio Público (MP).
Por nombramiento de la CSJ, el magistrado suplente debió ser Conrado Reyes, aunque un amparo interpuesto por la Fundación Myrna Mack logró dejar en suspenso este nombramiento.
Esta situación se agravó actualmente, con el fallecimiento de Bonerge Mejía, magistrado titular, y la inexplicable ausencia de Neftalí Aldana, sobre quien se han emitido muchos rumores pero ninguna versión oficial. Mejía fue sustituido inmediatamente y de forma interina por Cristina Fernández, como representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante la CC.
De esta manera, entre los abogados existe una legítima preocupación sobre la legitimidad de los fallos y acciones que pueda emitir una CC incompleta, considerando que según la ley, debiera haber cinco magistrados titulares y cinco suplentes.
Hace unos días, el abogado Julio Javier Rodríguez presentó un recurso de exhibición personal para conocer el paradero de Mejía y Aldana. Horas después se hizo público el fallecimiento de Mejía, mientras la presidente de la CC, Gloria Porras, respondió con una conferencia de prensa en la que realizó varios señalamientos que Rodríguez calificó de subjetivos, agregando que su solicitud fue planteada en el marco de la ley.
Hasta el momento, continúa vacante el puesto del magistrado que representaría a la CSJ en la CC, dijo a Perspectiva Molina Barreto, quien considera que esta situación es muy grave.
“La CC comete cada vez más delitos”
Perspectiva consultó sobre dos puntos al ex presidente de la CC; entidad que dirigió en dos periodos diferentes: en primer lugar, la implicación de las ausencias de magistrados, y en segundo, los fallos polémicos de la presidente de esa corte, quien recientemente nombró a María Eugenia Morales presidente de la CSJ para el análisis de un tema relacionado con el antejuicio a magistrados de la CC.
Según Molina Barreto:
“Hay que remontarse a fallos anteriores. La suspensión de elección en las cortes y los auto amparos claramente fueron irregulares. En cuanto a los nombramientos de magistrados titulares y suplentes, lo que no regula la ley puede hacerse por medio de reglamentos y considero que no debió nombrarse suplente a Mynor Par Usen, sino a María de los Ángeles Araujo”.
En el caso de Conrado Reyes, quien debió ser el suplente cuando Porras pasó al MP, el jurista considera que “Gloria Porras es una enemiga manifiesta de Conrado Reyes, desde que él la destituyó como secretaria del MP. Cuando él fue nombrado Fiscal, Helen Mack interpuso un amparo pidiendo que se le declarara “no idóneo”, y con base en que hubo un error de procedimiento, Álvaro Colom decidió no considerar el nombramiento. “No quiso exponerse”, enfatiza.
Posteriormente, cuando la CSJ designó a Reyes magistrado suplente, Mack interpuso otro amparo. “Ahora estamos ante una situación mucho más grave. La ausencia de Neftalí Aldana, que según se comenta no está en condiciones físicas y mentales para ejercer, ha dejado a la CC sin el magistrado representante de la CSJ. Esto significa que están fuera de cualquier legitimación”, indica.
En cuanto a los amparos y resoluciones de la CC actual, especialmente el reciente, que involucra a la magistrada vocal IV de la CSJ, María Eugenia Morales, Molina Barreto recuerda que la presidente y otros magistrados de la CSJ “por algo se inhibieron” de conocer el tema del antejuicio contra los magistrados de la CC.
Según la CC; como vocal IV, por orden le corresponde a Morales analizar ese tema, pero que la CC opine en esto es considerado por Molina Barreto como “invasión de funciones y una situación digna de ser señalada como delito”.
Es un tema que para el jurista entrevistado se definió “subjetivamente. Es una irregularidad absurda, y lo que se pretende es defender los delitos cometidos por los magistrados de la CC, desde suspender las elecciones a las cortes, hasta lo que se vive actualmente”.
Y como conclusión señala:
