Dos abogados expresan sus posturas divergentes sobre la presencia de la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la reunión de Fulvio Pompeo con grupos civiles: Jorge Morales Toj, defensor de derechos humanos y de los pueblos indígenas; y Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), grupo que fue invitado a exponer sus argumentos ante el jefe de la misión de la OEA.
Roxana Orantes Córdova
Hoy, dos grupos opuestos se entrevistaron con Fulvio Pompeo, jefe de la misión de la OEA que visitó Guatemala. Autoridades indígenas maya, xinka, garífuna e ixil, quienes solicitaron al funcionario “que asesore a Alejandro Giammattei para que presente su renuncia”, y dos directivos de la FCT, Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, invitados previamente a una reunión programada para diez minutos que se extendió durante 45, tiempo en el cual expusieron detalladamente la visión sobre la coyuntura actual de Guatemala, señala Falla.
Según afirma Morales, invocar la Carta Democrática de la OEA fue precipitado por parte de Alejandro Giammattei, debido a que en el país “no existen indicios serios de que la institucionalidad esté en peligro”.
Para Falla, la petición de los representantes indígenas estuvo fuera de lugar y reafirma que existe un intento de romper el orden constitucional, considerando que el Estado cuenta con varios mecanismos para defenestrar a cualquier autoridad, incluyendo al Presidente, si bien es necesario presentar pruebas ante un juzgado y denunciar los delitos ante el Ministerio Público (MP).
“Desde febrero, la FCT denunció ante el MP al Centro de Gobierno que dirige Miguel Morales, y estamos a la espera de que el proceso siga su curso”, comenta Falla, en tanto Toj expresa sus dudas sobre la imparcialidad que pueda tener el informe de la OEA, recordando que “el jefe de la misión estuvo vinculado con el intento de vender los helicópteros Pampa sobrevaluados al gobierno de Jimmy Morales”.
“La molestia de la ciudadanía por el pacto entre políticos corruptos, puede desbordarse”, señala Toj
Jorge Morales Toj comenta que “la OEA no responde a los intereses de los pueblos, sino de los estados. Esto pone un nivel de duda sobre la imparcialidad que pueda haber en el informe de la misión que encabeza Pompeo, la cual debiera recabar información sobre las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC), en las protestas, especialmente en las del 21 de noviembre”.
Según el abogado y defensor de derechos humanos, “hemos visto actitudes de violencia y terrorismo de Estado contra personas y medios de comunicación. Hubo ataques serios contra periodistas, por ejemplo un fotógrafo de apellido Sebastián quien resultó golpeado y una prestigiosa documentalista, capturada por realizar su trabajo”.
“El informe no debiera limitarse a lo dicho por el presidente, sino también documentar la inestabilidad generada por el Estado, no solo contra la ciudadanía sino contra la institucionalidad en general. Por ejemplo, el Congreso tiene casi un año sin elegir magistrados. Esto pone en riesgo el sistema democrático. Ojalá esta misión que visitó el país tome en cuenta esto, así como los reiterados ataques del Congreso contra la Corte de Constitucionalidad, máxima corte constitucional que garantiza y vela por el cumplimiento de la Constitución. Este órgano y los fallos de sus magistrados no debieran estar sometidos a vaivenes políticos. Asimismo, hemos visto un ataque sistemático del gobierno contra la Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH), única institución que vela por los derechos humanos.”
El abogado explica que: “aunado a lo anterior, está el malestar ciudadano por la indiferencia del Ejecutivo ante fenómenos como las tormentas Iota y Eta, así como el pésimo manejo de la pandemia y la poca transparencia en el uso de los fondos para atender el COVID-19. Existe mucho descontento y desolación en el interior”.
Según comenta, las acciones del gobierno son las generadoras de todo el malestar ciudadano y “el 9 de diciembre lo veremos nuevamente. Totonicapán hará protestas, como ya lo vimos en Sololá. Es importante que la OEA realice un análisis detallado sobre la incapacidad del Presidente para comunicarse con la ciudadanía, además del grado de autoritarismo que ha demostrado”.
Sin embargo, es posible hablar de logros para las autoridades indígenas, señala: “lo importante es que expresaron a la misión en Guatemala que existe un grave problema de racismo y hay grupos excluidos. Con mucha solvencia, expresaron que el presupuesto fue la gota que derramó el vaso. Con mucha propiedad expresaron el malestar generado por un mandatario que en una ocasión, durante una gira, se burló de las autoridades indígenas y evidenció su racismo”.
Tanto, menciona, que fue declarado non grato por las comunidades indígenas. “Las acciones del gobierno son las que ponen al país en riesgo. Estos elementos debiera considerar la comisión al redactar su informe. Es importante que el Sistema de Estados Americanos tenga en cuenta esta opinión ciudadana. Giammattei nos ha llevado al límite. No tiene capacidad de diálogo ni respeto. Sus actitudes agudizan el malestar y las protestas muestran que estamos ante un malestar articulado. Giammattei debe recular”.
Morales Toj enfatiza en que Giammattei busca legitimidad en el plano internacional, y comenta que “asume el papel de víctima de una conspiración, cuando es él quien ha conspirado. Soy firme creyente en el Sistema de Derechos Humanos de la OEA y por ello, esperamos que la misión tenga la capacidad de plasmar la verdad”.
“Una organización de derecha nunca había tenido esa oportunidad”, dice Falla
Raúl Falla comenta que: “la FCT fue invitada a una reunión con Fulvio Pompeo, para reunirnos con él como delegado de Almagro para tener el punto de vista de una organización nacionalista y conservadora de derecha”.
El objetivo de la invitación fue que la FCT expusiera a la misión “cómo vemos el panorama de la crisis institucional en el país. Muchas ONG´s y organizaciones de derechos humanos han tratado de evitar que se escuchen todas las versiones, pero hoy fue posible. Fuimos invitados a exponer nuestra posición en diez minutos y conversamos 45. Pudimos contribuir al expresar nuestra postura. Una organización de derecha nunca había tenido esa oportunidad”.
Falla explica que como país suscrito a la OEA, Guatemala paga una contribución anual a esa organización, a fin de que vele con el cumplimiento de las diversas convenciones. “Expusimos la crisis que enfrenta el Ejecutivo, pero también la justicia, derivada de los mismos grupos que llevan años intentando tomar el poder, primero por las armas, luego en las urnas. No es un argumento válido que se hayan colgado de un decreto legal que ni siquiera fue aprobado por el Presidente, sino por el Congreso, para promover una protesta supuestamente pacífica. Probablemente ya estaba planificado lo que sucedió”.
“En esas demostraciones que derivaron en violencia, se vilipendiaron los símbolos patrios y se afrentó a la institucionalidad, no solamente a la infraestructura. Hubo agentes lastimados y consideramos que existe el riesgo de que pretendan alargar el descontento, para tratar de deponer al presidente para imponer un gobierno de transición encabezado por notables. Pero a estos notables ¿quién los elige? ¿Las ONG´s, los que quemaron el bus?. Entendemos que puede haber hechos de corrupción y existe una fórmula para solventar estos problemas”.
Según Falla, esta fórmula es “la cultura de denuncia. Aportando pruebas sobre el presupuesto aprobado y las anomalías en torno a este (aunque ya no entró en vigencia); ante un juez con las pruebas de corrupción, es posible para la ciudadanía obtener una orden de aprehensión contra cualquier funcionario, incluyendo al Presidente”.
“Podemos estar en contra del Presidente. La FCT denunció al Centro de Gobierno, hemos cuestionado el manejo de la pandemia y otras acciones. Pero la forma correcta es presentar la denuncia al MP. No nos oponemos a que las personas manifiesten, pero faltan cuatro años para que el gobierno tenga un reemplazo”.
De igual manera, Falla se refiere a la “refundación del Estado” que comienza a mencionarse “¿Quién va a ser y qué van a refundar, si este es un Estado funcional? No han demostrado el conocimiento necesario para plantear una refundación del Estado, además de que para lograr reformas constitucionales, el procedimiento está establecido. Con 5 mil firmas ciudadanas y una propuesta bien planteada, pueden proponer la reforma de la Constitución”.
“De ninguna manera, la FCT se opondría a manifestaciones pacíficas contra la corrupción. Pero es necesario que se hagan propuestas definidas y evitar los disturbios. Hemos visto algún cuestionamiento contra la visita de la misión de la OEA, considerada como intromisión. Llamar a un embajador extranjero para quejarse, sí es una clara intromisión. Guatemala es un Estado miembro de la OEA “.
Finalmente menciona: “es importante que el informe final de la misión resuelva algunas dudas. Por ejemplo, quién contrató las tarimas y el sonido, si hubo autores intelectuales del vandalismo, quiénes fueron. Muchos acudimos a la invitación de la OEA. Otros no fueron invitados pero presionaron para acudir y plantearon a Pompeo la renuncia del Presidente, la Fiscal General y diputados. Pensaron que Pompeo era Kompass o Robinson, y lo que lograron fue disipar las dudas del embajador de la OEA, si es que tenía alguna, sobre las pretensiones de defenestrar a las autoridades legítimamente electas”.
