Quienes están a favor de que los guatemaltecos puedan conocer posibles abusos y extralimitaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la nombran “comisión de la verdad”, mientras los que apuestan por la “lucha contra la corrupción” sin reparar en los métodos, la consideran “comisión de la impunidad”. Perspectiva presenta una síntesis de la primera audiencia de esta comisión.
Roxana Orantes Córdova
Su nombre oficial es Comisión Específica de Investigación que Verificará el Actuar de CICIG (2019-20) y está conformada por los diputados Aníbal Rojas (Viva); Luis Hernández Azmitia (Podemos); Juan Ramón Lau (Todos); Manuel Conde (PAN) y Luis Pedro Álvarez (independiente).
Hernández Azmitia explicó a Perspectiva que los integrantes de esa instancia llegaron al consenso de que cualquier información relativa a su labor en los próximos tres meses será expuesta a través de comunicados y los medios oficiales del Congreso, si bien su vocero es Aníbal Rojas.
Con la oposición de organizaciones civiles, el Ministerio Público (MP), un ex mandatario de la CICIG y un grupo de 13 diputados, la comisión específica inició su labor el 3 de octubre y los primeros dos testimonios son suficientemente ilustrativos sobre las irregularidades y extralimitaciones del ente que supuestamente tuvo entre sus atribuciones resguardar los derechos humanos y garantizar la legalidad.
Los diputados de la comisión informaron que, para esa primera audiencia, fueron convocados representantes del MP, Organismo Judicial (OJ) y la Oficina de DH de la ONU. Sin embargo, ninguna de las tres entidades envió representantes.
Días antes de que la comisión legislativa específica iniciara su labor, se habían interpuesto tres recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC): Acción Ciudadana (AC), el MP y el abogado Alfonso Carrillo, quien fue mandatario de la CICIG y al mismo tiempo, representante legal del banco ruso Gazprombank.
Según el MP, el legislativo estaría “violando su independencia y autonomía para emprender la acción penal pública”. El grupo de legisladores que coincide con el MP en cuestionar la Comisión Específica, está constituido por Amílcar Pop, Andrea Villagrán, Sandra Morán, Mynor Cappa, Leocadio Juracán, Carlos Chavarría, Eduardo Zachrison, Jean Paul Briere, Enrique Álvarez, José Cutzal, Walter Félix, Eugenio González y Eduardo Gómez.
Según estos congresistas, el Acuerdo Legislativo 12-2019 que crea la comisión, “podría ser inconstitucional” y sus acciones, “derivar en ilegales”. “El Congreso no puede sustituir la labor de investigación y la jurisdicción del MP y OJ”, dijeron a los medios.
Sin embargo, en la primera audiencia, los integrantes de la comisión enfatizaron en que su función se circunscribe a “conocer el actuar de ese ente internacional durante su funcionamiento en el territorio nacional”. Parte de la labor fiscalizadora del Congreso consiste en conformar comisiones específicas como esta.
Los primeros testimonios recopilados narran dos historias de dolor y abuso institucional contra guatemaltecos que no cometieron ningún crimen. Los familiares del doctor Jesús Oliva y el joven Andrés Zimeri expusieron ante el Congreso todas las violaciones contra sus derechos humanos que cometiera la CICIG, con el aval del MP, algunos jueces y ante la indiferencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Falta de compasión y abuso de prisión preventiva
Un elemento común es constante en los testimonios de quienes conocieron al doctor Jesús Oliva (Chusito), muerto en la prisión de Mariscal Zavala: era un hombre excepcionalmente compasivo y solidario con sus semejantes. Su hermana, Silvia Oliva, contó como Jesús tenía muchas aficiones que llenaban su vida, además de la medicina: escribía y era un artista que había expuesto sus obras.
Como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el pediatra debió integrar la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y esta obligación inherente a su puesto en la universidad lo terminó implicando en la pesadilla que afectó drásticamente a toda su familia.
El doctor Oliva fue docente universitario, pediatra en hospitales públicos y atendía con esmero a sus pacientes, expresó su viuda, Kira Karla Martínez, quien expuso cómo durante los tres años de una prisión preventiva sin sentido ni necesidad, la salud mental y física del médico fue deteriorándose gradualmente, sin que ningún funcionario (exceptuando a una juez llamada Patricia Deras), mostrara intención de concederle la medida sustitutiva que reiteradamente solicitaron durante dos años.
La viuda de Oliva expuso detalladamente los abusos durante la captura, ejecutada en un operativo donde participaron alrededor de 20 policías en el cateo de la casa, y otros 30 agentes (con pasamontañas), en las afueras de la vivienda, de donde salió esposado. La exposición pública del galeno como si fuera un criminal, ante sus vecinos y los medios de comunicación, fue uno de los primeros golpes que sufrió.
“Si no hubiera sido honrado, podríamos haber tenido otra situación”, comentó Martínez, quien agrega que el médico y su familia no pudieron costear un penalista capaz de enfrentar una estructura en la que confluyeron varios poderes que además, gozaban de total inmunidad.
También las limitaciones económicas motivaron al médico a “cambiar la bata por la gabacha” y en la prisión, vendía tacos y granizadas, para contribuir con la economía de su familia.
Aunque con trayectoria intachable y arraigo probado, a Oliva nunca se le permitió el arresto domiciliar que permite la ley. Por el contrario, uno de sus abogados, llamado Lázaro Padilla, le comunicó que podría convertirse en “testigo protegido” y a cambio obtener beneficios. Con voz entrecortada, la viuda cuenta cómo su esposo se limitó a exponer la verdad y esto motivó que sus acusadores se burlaran de él y entre risas, le dijeran que su testimonio “no servía”.
Entre los nombres que menciona Martínez están César Rincón, el colombiano mandatario de la CICIG, cuya presencia amedrentaba al médico, comenta Silvia Oliva. Una anécdota narrada por la viuda muestra la forma en la que fue tratado el doctor.
“Al salir de una audiencia, los periodistas se le amontonaron y se topaban con mi hijo mayor. Como todo padre, trató de apartar a estas personas de su hijo, con la mano. Inmediatamente, el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, se acercó a los periodistas amablemente, para preguntarles si querían demandar a Oliva por agresión”.
Aunque los medios de prueba fueron presentados por la defensa de Oliva, pidió medida sustitutiva por lo menos cuatro veces, y su esposa acudió a la PDH en busca de amparo, nunca obtuvieron respuesta.
La depresión fue cada vez más fuerte y ante la solicitud de medida sustitutiva, la justicia decidió enviar al médico al hospital Federico Mora, donde evidentemente se deterioró más. Al cumplir tres años y un mes en la prisión preventiva, Oliva puso fin a su vida.
Poco después, todos los señalados fueron absueltos en segunda instancia, sin que la familia de Oliva recibiera reparación ni disculpa por un error judicial que terminó con la vida de un guatemalteco honrado.
Impunidad y prepotencia en un torneo deportivo
En 2016, on torneo de fútbol en Futeca, donde a un grupo de seis jóvenes le tocó jugar con 11 hombres con edad promedio de 35 años terminó en un violento incidente que para la familia Zimeri se convirtió en un calvario y para los agentes de la CICIG que jugaban contra los jóvenes guatemaltecos, significó la salida discreta de Guatemala, amparados en una inmunidad institucional que en ningún caso debió cubrir asuntos privados, como la salvaje golpiza que los agentes Marcelo Oliveira, Gonzalo Díaz, Alexis Gravamin y Fernando Do Santos propinaron al joven Andrés Zimeri (19).
Las graves lesiones que este joven sufrió en la cara y cráneo fueron ampliamente divulgadas, pero ni esa divulgación fue útil para que el comisionado Iván Velásquez tomara en serio la acción de sus guardaespaldas, hombres adultos y entrenados como agentes de seguridad que se desquitaron sin misericordia con Zimeri.
Tanto el ex comisionado como sus simpatizantes, presentaron como una pelea entre adolescentes lo que constituyó un abuso extremo de fuerza y poder, ejecutado por un grupo de adultos contra un muchacho de 19 años. La diferencia generacional y de fuerza, así como la exhibición de salvajismo y prepotencia de quienes supuestamente estaban en Guatemala para “luchar contra la impunidad”, hacen del caso Zimeri uno de los más ilustrativos en cuanto a los abusos del ente internacional.
Enrique Zimeri, padre de la víctima, detalló las lesiones sufridas por su hijo y los efectos que el hecho tuvo en su vida familiar. Onerosos gastos, viajes al exterior para lograr la recuperación y el choque que ha representado encontrar que los agresores, lejos de ser capturados y procesados, fueron protegidos oficiosamente por su empleador, el ex comisionado.
Zimeri está consciente de que su hijo pudo haber muerto como consecuencia del atentado y en su testimonio, expresó “queda duda si esto le pasó a otros que no tienen las mismas posibilidades. No quiero pensarlo”.
Sumado al delito, el comisionado Velásquez se extralimitó en sus funciones y utilizando algunos artículos del acuerdo que creó la CICIG, solicitó a Futeca las grabaciones de la cámara de vídeo, que pudieron ser la prueba reina en el proceso, dijo la abogada de la familia Zimeri, Lilian Rendón.
Según comentaron, la CICIG protegió a sus guardaespaldas transgrediendo sus límites legales. Los presuntos responsables fueron suspendidos ocho días sin goce de sueldo y poco después retornaron a sus países “de vacaciones”. Dos de ellos presentaron sus renuncias a través de correos electrónicos y de esa manera, su acto criminal quedó impune.
Tal como en el caso de Oliva, la PDH no escuchó al demandante y el MP, a través de Rootman Pérez, de la Oficina de Política Criminal, trasladó el caso a un juzgado metropolitano que según la mandataria legal de los Zimeri, podría desestimar la denuncia.
Estos dos primeros casos contienen suficientes hechos esclarecedores de hasta dónde puede llegar un ente con total inmunidad y discrecionalidad, con un presupuesto considerable y sobre todo, amparado en el aura de la “lucha contra la corrupción”: Un experimento que jamás se había implantado en ningún país y que en Guatemala, dejó muchos casos judiciales que terminaron por caerse al no tener pruebas, pero sobre todo, muchos guatemaltecos lastimados y cuyas vidas fueron afectadas dramáticamente.
