Una revisión a la página del Congreso de la República de Guatemala muestra los gastos del Organismo Legislativo, en ocasiones disparatados y casi siempre innecesarios, sobre todo si se consideran los resultados. Por ejemplo, proyectos de ley mal redactados con el consejo de un ejército de asesores y asistentes, como calificó el abogado Edgar Ortiz a la iniciativa 15-2020.
Roxana Orantes Córdova
Más de un millón de quetzales (Q1,180,074), reporta el rubro “Compras” que se encuentra en la página del Congreso de la República. De estos gastos, unos Q692,946.34 corresponden a arrendamientos.
Dieciséis inmuebles aparecen arrendados para instalaciones del Congreso, que cada año se incrementan en las calles aledañas a la sede central. Algunos de estos son edificios completos que albergan a diferentes bancadas, así como a comisiones, direcciones y otras dependencias.
En comidas, el legislativo erogó Q190, 655.6. Cabe acotar que algunas de las erogaciones realizadas entre febrero y marzo (fecha del último cuadro que puede consultarse en la página del Congreso), corresponden a solicitudes de 2019, entre septiembre y diciembre. Especialmente esto se aprecia en el rubro de arrendamientos.
Entre los gastos que parecen superfluos, considerando que los legisladores perciben uno de los sueldos más altos de sus homólogos en la región, están los cupones de gasolina. Cualquiera podría creer que un “padre de la patria” destinara al pago de su combustible un pequeño monto de su salario (cerca de 12 veces mayor al salario mínimo y 7.5 veces más alto que el sueldo medio de los guatemaltecos)
Sin embargo, el documento oficial del Congreso informa que el 11 de febrero se ordenó la compra de Q23 mil en cupones de gasolina, y el 14, se realizó la adquisición, según factura. En el período señalado, la Dirección Administrativa del Congreso erogó Q33, 696 en memorias USB adquiridas a dos empresas.
Equipo de oficina, productos de limpieza y desinfectantes, flores y maceteros son algunas de las adquisiciones del legislativo por varios miles de quetzales cada una. Después de los arrendamientos, los alimentos son uno de los gastos más recurrentes. Desayunos, refacciones, tiempos de comida diversos para personal de apoyo en eventos y reuniones, además de los diputados, pueden sumar varios miles de quetzales.
El total de gastos en comida reportado en la página, correspondiente a febrero-marzo asciende a Q190, 655.6, desde una orden por Q130 hasta algunas por más de Q10,000, que cubren alimentos de varias personas. 37 de las compras corresponden a alimentos.
¿Botín político?
Hace unos meses, Chile vivió protestas bárbaras y actos vandálicos que eran difícil imaginar en uno de los países más desarrollados del continente. Sin embargo, análisis publicados en la prensa internacional dan cuenta de un descontento sostenido durante varios años por un gran sector de la ciudadanía.
Entre otros, un artículo cita que los diputados y senadores chilenos son de los mejor pagados en el mundo y es 31 veces mayor al sueldo mínimo de ese país. Según esa fuente, este habría sido uno de los detonantes en el reciente estallido social en ese país.
Como un contraste que debiera ser inspirador, los diputados de Suecia no gozan de ningún beneficio adicional como los guatemaltecos. No cuentan con viáticos para viajar, dietas ni otras prebendas. En aquel país, los diputados se consideran ciudadanos comunes y como tales, solventan con su salario sus propios gastos.
Además de las prebendas, los legisladores guatemaltecos han sido señalados repetidamente de poca transparencia. Son “vox populi” las votaciones compradas, las componendas para favorecer o engavetar proyectos de ley y las transacciones con alcaldías y contratistas.
El nepotismo y pago de favores políticos es otro de los secretos a voces sobre el legislativo, y en este se cuenta la contratación de asesores. En el documento revisado se cuentan 90 asesores contratados en el renglón 011, o “plaza fija” del Estado. En este grupo hay varios asesores y asistentes que fueron diputados y al sindicalizarse, lograron inamovilidad en el puesto.
Entre estos, Carlos Mejía, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y José Gregorio Chay, secretario general de ese partido. Un dato que llama la atención, es que supuestamente, las plazas 011 no se asignan por afinidad partidista. Sin embargo, los dos mencionados tienen varias décadas como empleados del Congreso, pero siempre asignados a la organización en la que militan.
Entre los llamados 022, o plazas de confianza, también hay ex diputados como Manuel Giordano, del FCN, quien asesora a su partido, y el ex presidenciable y ex diputado del Partido Unionista (PU), Pablo Duarte.
En total, en febrero se contabilizan 404 plazas de asesores en el Congreso, de los cuales 90 son 011 (teóricamente, empleados del Congreso sin filiación que se asignarían a los legisladores o bancadas por sus capacidades), y 305 en plazas 022. Los sueldos de estas personas van de un mínimo de Q9 mil, hasta Q26 mil (una de las asistentes). La mayor parte percibe entre Q18 mil y Q20 mil.
En un momento como el actual, cuando el país se encuentra en estado de emergencia y las restricciones a las libertades individuales son muchas, al tiempo que el desempleo se incrementa de forma exponencial con mucho más rapidez que los contagios de COVID-19, los diputados deben “poner sus barbas en remojo”, porque no será extraño si luego del regreso a la normalidad, se produzcan protestas que podrían desembocar en ingobernabilidad, si no demuestran transparencia y empatía con la población en el manejo de esta crisis.
