El analista y constituyente Alfredo García, y la abogada Amanda Santizo comentan los hechos más recientes en torno a la lucha por el control de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ha pasado de ser una competencia politizada a una “guerra sucia” en la que cualquier recurso es válido para perpetuar a una instancia cuyo sentido se desvirtuó en los últimos cinco años, explica García.
Roxana Orantes Córdova
Desde amenazas veladas en redes sociales, donde se expresan sin tapujos llamados a la sedición y la ilegalidad, hasta la amenaza a la vileza expresada en ofensas contra la discapacidad del mandatario Alejandro Giammattei, el panorama en torno a la elección en la CC no solo es confuso sino dañino para la joven institucionalidad del país.
Entre hechos que van del absurdo a lo tragicómico, gravita la injerencia continua de “países donantes” y embajadas como la estadounidense, que demanda candidatos “libres de influencias externas y cargos penales irresueltos”, con lo que termina afectando a Gloria Porras, quien tiene decenas de demandas y solicitudes de antejuicio.
La negativa de otorgar una medida sustitutiva al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Murphi Paiz, contrasta con la fianza otorgada instantáneamente al agente policiaco que mató a un hombre a golpes.
El delito del rector es aparecer en un informe del Ministerio Público (MP), que los señala de reunirse o visitar en un sanatorio a Gustavo Alejos, con vistas a incidir en la elección de magistrados (a todas las cortes).
Sea o no corrupto, el hecho es que Paiz merecía una medida sustitutiva, debido a que el delito que le imputan es “de cuello blanco”, el académico está ampliamente arraigado y especialmente, es la máxima autoridad de la universidad nacional. El otro ex rector capturado justo cuando inició el proceso, Estuardo Gálvez, permanece hospitalizado.
En la batalla por la CC, los dos flancos más débiles son la USAC y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde la “guerra sucia” se ha expresado en todo su esplendor con diversidad de acciones e informaciones incompletas o distorsionadas que destruyen reputaciones y vidas.
El Congreso, Ejecutivo y Organismo Judicial tienen la ventaja de que sus procesos de nombramiento no pueden ser impugnados, si bien el nombramiento de Dina Ochoa y Luis Rosales por el Congreso han desatado una serie de señalamientos tendientes a demostrar que ambos dignatarios fueron electos por el “pacto de corruptos”.
Entre los mensajes que circularon en redes como reacción al nombramiento de Ochoa resaltan dos:
El abogado Rafael Maldonado escribió: “Tengo la seguridad que a la Dina Ochoa me la va a emparejar la @usembassyguate. Ya me le echaron el ojo de corrupta”. Aunque se trate de una broma, el abogado lanzó la acusación sin aportar una sola prueba o lo que sería más grave, sin acudir a interponer la denuncia contra Ochoa, con las pruebas respectivas. Además, evidencia la obsecuencia colonialista hacia la embajada estadounidense, presentada en este discurso como el poder que define la política y la justicia en Guatemala.
El otro mensaje, de una ciudadana, expresa que “si es necesario falsificar pruebas para bajarse a Dina Ochoa, que se falsifiquen”, en una clara apología del delito.
Igualmente, otro “tuitero” sugiere que “si renunció Estuardo Gálvez, debe llevarse a cabo la segunda vuelta entre Néster Vásquez y Francisco Rivas”, en coincidencia con Rivas, quien pese a ser un experto abogado, presentó su duda para explorar la posibilidad de participar en la segunda vuelta de la elección en el CANG, habiendo sido descalificado en la primera.
Desde la otra perspectiva de la elección, otro tuiter indica que la FECI inició la “farsa de acusación penal” contra Gálvez y Murphy justo entre la primera y segunda vuelta en el CANG, debido a que “estos juicios garantizan poder forzar a la USAC y CANG”.
Mientras los ánimos se polarizan constantemente y campea la desinformación, el Congreso ya tiene definida la elección y los otros dos órganos cuyos procesos no pueden ser impugnados están en el proceso.
Sobre la elección en la USAC, hay fuertes rumores sobre las presiones que el CSU está recibiendo de la “embajada”, tal como sucedió hace cinco años cuando Todd Robinson presionó al Congreso para que nombraran a Porras. Como respuesta, Amanda Santizo interpuso una denuncia contra los 41 integrantes del CSU.
“Quieren destruir a quienes no se plieguen”, afirma Santizo
Amanda Santizo dijo a Perspectiva: “la denuncia contra los miembros del CSU es porque sabemos que han sido coaccionados para elegir a determinado candidato. Como funcionarios públicos, están obligados a interponer denuncias si fueron coaccionados. Al no hacerlo, caen en los delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y coacción”.
“Esperamos que el Ministerio Público los cite a declarar lo antes posible, para determinar si efectivamente existió esa coacción y conocer si alguno de los miembros del CSU intentó influenciar a sus compañeros para votar a favor de algún candidato. Si no se presentan a declarar, la PNC los deberá conducir de oficio. Esperamos que el MP los cite antes del viernes”.
En cuanto a la elección en el CANG, la abogada explica: “el Tribunal Electoral del CANG había decidido suspender el proceso hasta que se dilucidara la situación de Gálvez, pero con la renuncia de este, la segunda vuelta debe realizarse y ahí, el tribunal deberá dar como ganador a Néster Vásquez. Si el CANG no actúa conforme la ley, veremos qué acciones legales tomar”.
Sobre este proceso de elección en la CC, señala: “pareciera que hay la intención de destruir a quienes no se plieguen a sus intereses. No les importa el pueblo, ni la ciudadanía, sino sus fines. Mientras los más afortunados, como Helen Mack y los diputados, seguirán igual, una CC que no garantice certeza jurídica seguirá contribuyendo a un sistema de servicios públicos defectuoso, porque sin un sistema sólido no se puede generar empleo”.
“Me da la impresión de que se ha desvirtuado el sentido de la CC”
Esto comenta Alfredo García, quien considera que en los últimos cinco años, la politización convirtió a la CC en un “gran poder”.
“Los que cooptaron a la CC durante los últimos cinco años, descubrieron a través de fallos anómalos que este poder era capaz de pasar sobre los tres poderes fundamentales del Estado. La CC es un órgano creado para atender a los ciudadanos ante los abusos del Estado. Quienes la cooptaron, no ganaron durante la guerra interna, ni en elecciones y no les interesa un sistema republicano de control les interesa un partido único, un poder omnímodo que controle al Estado”.
Además, dice: “estamos ante una guerra muy sucia. Es una lucha entre grupos de poder para dominar al Estado y para estos grupos rivales, lo que importa es el fin, el objetivo. Tengo la impresión de que están buscando romper el orden constitucional. Si la actual CC prolonga sus funciones un minuto más de lo establecido, entraríamos en un período de rompimiento constitucional terrible. Eso es lo que buscan desde el 13 de noviembre de 1960”.
“Esto los dejaría en libertad de impulsar su proyecto de refundación del Estado de acuerdo con sus ideas. Vivimos una guerra ideológica sin cuartel, por el momento sin armas”.
