Corte Suprema de Panamá declara «inconstitucional» el contrato minero que ocasionó protestas

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este martes «inconstitucional» el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, de la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM). Se espera que esta decisión ponga fin a una crisis que vive el país desde hace semanas.  

Redacción Perspectiva

De acuerdo con lo informado por medios locales, por «unanimidad», el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.

«Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país», declaró la presidenta acompañada por el resto del pleno en un mensaje a la nación canaleña.

López Arias indicó que una vez quede «ejecutoriada la sentencia», se procederá «a emitirla para su publicación en la Gaceta Oficial».

«Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños, con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia, que Dios bendiga a Panamá», cerró la magistrada en referencia a la celebración este 28 de noviembre de los 202 años de la declaración de independencia de Panamá de España.

El presidente de Panamá Laurentino “Nito” Cortizo, se refirió a la separación de poderes en un mensaje publicado en las redes sociales del funcionario.

SOBRE LA LEY 406

La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10,000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, según los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra el enclave.

Mientras las impugnaciones contra el nuevo contrato de la empresa, aprobado en octubre, se acumularon en los tribunales tras las protestas públicas contra el acuerdo que hoy fue declarado inconstitucional.