En Argentina circula hace días un meme que muestra lo que aparenta ser una página de un álbum de figuritas. Allí aparecen en recuadros pequeños las imágenes de 16 referentes emblemáticos del kirchnerismo, la fuerza política que gobernó el país entre 2003 y 2015.
Siete de los rostros están tachados con cruces. La imagen está acompañada de una frase: «Estoy ansioso de llenar el álbum».
El meme hace referencia a la seguidilla de exdirigentes «K» -como se les llama aquí- que están en prisión, acusados de delitos de corrupción. El último arresto fue el del exvicepresidente Amado Boudou (2011-2015), detenido el 3 de noviembre pasado por presunto enriquecimiento ilícito.
Los números son elocuentes: además de los siete «tachados» en el álbum (entre ellos dos exministros) desde 2016 otros ocho referentes del kirchnerismo han sido detenidos. Todos ellos cumplen prisión preventiva, ya que aún no han sido juzgados, y todos niegan los cargos en su contra.
Larga lista
Pero estas 15 detenciones son sólo la punta del iceberg. Hay muchísimos más exfuncionarios K que enfrentan causas judiciales. Incluso dirigentes kirchneristas que aún están en actividad se han visto acorralados por demandas legales. Un ejemplo es el de la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó -procesada en un caso por supuesta administración fraudulenta-, quien anunció que renunciará a su cargo a fin de año.
La líder del movimiento no escapa a este fenómeno: Cristina Fernández de Kirchner, mandataria entre 2007 y 2015, quien en estos días visita frecuentemente los juzgados federales en Buenos Aires por estar procesada en tres causas. Sus hijos, Máximo y Florencia, también son investigados y fueron llamados a declarar esta semana.
Los delitos que se le imputan a la exjefa de Estado son la asociación ilícita, el lavado de dinero, las negociaciones incompatibles con la función pública y el otorgamiento irregular de obra pública.
Algunos de los exfuncionarios K arrestados fueron detenidos por estas mismas causas. No obstante, hasta ahora la Justicia no ha pedido la prisión preventiva de la expresidenta.
Para Kirchner -elegida senadora en octubre pasado- está claro que ella y los otros exdirigentes kirchneristas son blanco de una «persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri contra opositores».
Así lo ha afirmado una y otra vez en entrevistas y a través de sus cuentas en Facebook y Twitter. Según Kirchner, su sucesor ha montado un «show mediático» con las detenciones y las causas judiciales para «amedrentar a la dirigencia política» y para «distraer la atención de la sociedad argentina» del fuerte «ajuste» económico que realiza.
«Show mediático»
Es difícil negar que los arrestos se han convertido en un «show»: la reciente detención del exministro de Planificación y mano derecha de los Kirchner, Julio De Vido, fue seguida paso a paso por los medios locales. Incluso antes de que se ordenara su arresto los noticieros estaban a la caza del exfuncionario, con titulares que preguntaban «¿Dónde está Julio De Vido?».
También la detención de más alto perfil hasta el momento, la del exvicepresidente Boudou, pudo verse en las redes sociales en todo su escabroso detalle luego de que alguien filtrara un video del momento en que el ex funcionario de alto nivel era arrestado, descalzo y recién levantado de la cama.
Y es innegable que muchos de los simpatizantes del gobierno están gozando de la situación. Alcanza con ver la cantidad de memes y bromas que circulan por internet y otros medios tras cada detención kirchnerista. Por lo general son mensajes con una fuerte connotación revanchista.
Tanto De Vido como Boudou fueron arrestados días después de que la coalición gobernante, Cambiemos, se adjudicara una victoria electoral de medio término, y de ambos lados de la «grieta» que divide a kirchneristas y macristas se sostiene lo mismo: que el fortalecimiento del gobierno ha hecho avanzar las denuncias judiciales. Pero mientras que los «K» lo consideran una persecución, desde el gobierno aseguran que las investigaciones son una señal de que la Justicia finalmente está actuando con total independencia, tras años de estar -según afirman- sometida por el poder político.
Malestar
De hecho, algunos referentes del oficialismo han expresado su malestar con la reciente ola de arrestos sin condena previa, en particular la de Boudou, que para muchos fue motivo de «vergüenza» y no de festejo. Sin embargo, nadie en el gobierno cuestiona las causas judiciales.
Curiosamente, tampoco muchos desde el kirchnerismo han salido adesestimar las acusaciones. La misma Cristina Fernández de Kirchner, aunque niega tajantemente los cargos que se le imputan, ha dicho que no «pone las manos en el fuego» por ninguno de sus exfuncionarios.
«Los hechos de corrupción que se están investigando son concretos, tangibles y objetivos«, dijo el juez de la provincia de Buenos Aires Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal.
Juliano, al igual que otros respresentantes del Poder Judicial, cree que es difícil cuestionar el fundamento de las investigaciones. En cambio, sí encuentra muy cuestionable la decisión de imponer prisión preventiva a exfuncionarios que eran investigados desde hacía años y hasta ahora siempre habían colaborado con la Justicia.
Al magistrado también le llama la atención que en muchos de los escándalos relacionados con obras públicas sólo sean investigados los exfuncionarios y empresarios K y ninguno de los empresarios cercanos al gobierno que también han sido denunciados por el pago de sobornos.
Doble vara
En ese sentido, hay quienes sostienen que la Justicia pareciera tener una «doble vara» a la hora de investigar casos de corrupción. El mejor ejemplo de esto -dicen los críticos- es el caso de Ariel Lijo, el juez federal que ordenó la detención de Boudou (tras investigarlo desde 2010 sin pedir su arresto).
Lijo también lleva otra causa en la que está imputado el presidente Macri y su familia: el vaciamiento del Correo Argentino, una empresa que perteneció a Franco Macri, padre del mandatario, y que quebró hace más de una década, dejando una millonaria deuda con el Estado. Sin embargo el magistrado aún no ha definido si hay méritos para avanzar en una denuncia penal contra Franco Macri y también contra su hijo, el presidente argentino, que era un alto directivo en el grupo familiar Sociedad Macri (Socma).
Los críticos señalan que algunos ministros de Macri también tienen causas judiciales abiertas antes de que llegaran a la gestión pública, como el responsable de Finanzas, Luis Caputo, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Y se preguntan: ¿si los exfuncionarios K fueron arrestados por temor a que pudieran alterar pruebas debido a su posición de poder -como sostiene la Justicia- no deberían también recibir prisión preventiva los funcionarios en ejercicio, que ostentan un poder aún mayor?
«¿Por qué no son arrestados los funcionarios macristas?», denuncian las voces kirchneristas como el sitio de noticias El Destape, que publicó una nota titulada: «Qué funcionarios del Gobierno de Macri deberían estar presos con la doctrina ´De Vido-Boudou´».
«Escudos humanos»
Varios analistas consideran que esta «doble vara» ocurre porque la Justicia está siendo presionada por el gobierno. Según el periodista Horacio Verbitsky, afin al kirchnerismo, la presión no es directa sino que se ejerce a través de una organización amiga: el colegio de abogados de Buenos Aires, que amenaza con juzgar y remover a jueces cuestionados.
Sietecase coincide en que la reciente ola de detenciones «arbitrarias» ocurre porque «jueces federales sospechados de corrupción ordenan la detención, sin juicio y sin sentencia, de personas sospechadas de corrupción en un intento por ´blanquearse´ o para quitarse la presión de los operadores judiciales del gobierno».
El analista político del diario La Nación Carlos Pagni, muy crítico del kirchnerismo, también cree que «los jueces toman a los corruptos kirchneristas como escudos humanos para cuidarse o salvaguardarse de su propia irregularidad o de su propia presunta corrupción». Pero no involucra al gobierno. Pagni propone que es una estrategia de los propios jueces para distraer la atención sobre el hecho de que por muchos años fueron cómplices silenciosos de la corrupción K.
Incluso sugiere que al empezar a adoptar la prisión preventiva en casos judiciales que involucran a exfuncionarios «el Poder Judicial le está mandando un mensaje al Poder Ejecutivo».
Solución
El juez penal Mario Juliano tampoco cree que se trate de una persecución política. «Yo no advierto presión del gobierno», dijo. Para Juliano, lo que hay es un uso abusivo de la prisión preventiva -una «cacería», lo llama- por parte de jueces federales que «se acomodan a las circunstancias políticas».
Según el magistrado, estos jueces -la mayoría muy cuestionados- buscan quedar bien con el poder de turno para evitar pedidos de juicio político. No obstante, aclara que no es algo nuevo: en Argentina los jueces suelen investigar a funcionarios hacia el final de sus mandatos o apenas dejan el poder. Y en la mayoría de los casos los acusados salen libres: solo cinco recibieron una condena firme por corrupción en los últimos 20 años.
Tampoco es infrecuente la aplicación de la prisión preventiva: más de la mitad de la población carcelaria del país está presa sin condena. Pero Juliano advierte que la solución a toda esta arbitrariedad podría estar a la vuelta de la esquina: Argentina adoptó recientemente un nuevo Código Procesal Penal que pone las investigaciones judiciales en manos de los fiscales y no de los jueces, como ocurre actualmente en el sistema federal.
Cuando este nuevo sistema acusatorio se implemente en la justicia federal los magistrados perderán parte de su poder, ya que dejarán de ser ellos quienes investigan y a la vez deciden la suerte de los acusados. «La otra solución es implementar los juicios por jurado para casos de corrupción», propone Juliano, quien señala que en la actualidad una sola provincia argentina (Córdoba) aplica esta modalidad, que favorece la imparcialidad.
Fuente: BBC
Fuente Fotográfica: BBC
