La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar in límine la solicitud de antejuicio en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras y a su vez ordenó al Ministerio Público investigar los posibles delitos cometidos por un medio de comunicación al publicar un documento que contiene información testimonial. La decisión ha sido cuestionada por varios profesionales del Derecho que advierten una posible violación en contra de los derechos de la prensa.
Redacción Perspectiva
El fallo emitido por los magistrados de la CSJ, rechaza la acción presentada por Manfredo Marroquín, que buscaba el retiro de inmunidad de la Fiscal General Consuelo Porras por haber destituido a Juan Francisco Sandoval como fiscal y jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
El expediente iba acompañado de una publicación de un medio de comunicación que contenía la declaración del colaborador eficaz, Marco Aurelio Alveño Hernández. El cual por solicitud de la CSJ será investigado.
“Se certifique lo conducente al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de los ilícitos derivados de la publicidad y la utilización como medio de convicción un documento que contiene declaraciones testimoniales dentro del expediente M3542-106-02 obtenida por la FECI, así como cualquier otra acción relacionada con la obtención y divulgación de dicha información dentro de un expediente sumario”, indica la resolución de la CSJ.
La resolución de la CSJ ha sido calificada como una medida polémica y que podría violentar los principios que garantizan el derecho a la libertad de emisión del pensamiento y el libre acceso a las fuentes de información.
Asimismo, varios profesionales del Derecho explican que la investigación solicitada por la corte podría atentar contra la confidencialidad de las fuentes de información, garantizada en la Constitución, y en una serie de convenios internacionales.
