El desalojo y la demolición no pueden realizarse sin orden de juez competente, asegura el abogado Giovanni Fratti. Entretanto, Juan Francisco Solórzano Foppa, asegura que «se obtuvo la licencia de demolición», si bien Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, narra que ya se inició un proceso en el juzgado municipal.
Roxana Orantes Córdova
El desalojo e inicio de una demolición en la vivienda habitada por Rodolfo Luna del Pinal motivó atención y debate, al punto de que Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado de la empresa promotora de la acción, fue tendencia en redes hasta la mañana de este miércoles.
Las imágenes de la prensa y las redes indignaron a los lectores, especialmente porque el desalojado es un hombre de 89 años, reconocido coleccionista de arte y ex vicepresidente de la Cámara de Comercio, quien habitó la vivienda durante décadas.
Según la información que se divulgó a través de la familia afectada, más de 20 hombres comenzaron a derribar un muro del inmueble, para después desalojar a los habitantes. Al respecto, Solórzano Foppa afirma:
«Nos sorprendió encontrarlo ahí, porque había una acción de amparo donde se mencionaba que el inmueble estaba deshabitado»
Solórzano afirma que el desalojo y la demolición no transgredieron la ley
Entrevistado por Perspectiva, Solórzano dijo:
«Se obtuvo la licencia de demolición para hacer un proyecto inmobiliario en el lugar. Nunca se hizo ningún trabajo de demolición mientras estuvieron adentro las personas».
Según el abogado, la demolición se encuentra en proceso, autorizada por la Municipalidad de Guatemala. Otra propiedad vecina, también desalojada, obtuvo la autorización en la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, «porque ahí está registrada», señaló.
Solórzano también menciona que ninguna pieza artística sufrió daños. Recalcó que todo se realizó conforme a la ley y enfatiza en que existe un contrato de arrendamiento, incluido en un recurso legal interpuesto por Luna del Pinal, quien en el amparo presentado indicó que no vivía ahí.
«Ya iniciamos un proceso en un juzgado municipal»
Sebastián Siero, el alcalde de Santa Catarina Pinula, explica que hay solicitud de demolición a tres inmuebles. «Nosotros autorizamos uno que es solo la entrada. La casa y la otra vivienda que salieron en redes no los hemos autorizado».
Por ello, indica, iniciaron un proceso en un juzgado municipal, donde la multa por demoler un inmueble sin autorización podría llegar a los Q500 mil.
«Por donde se mire, hay ilegalidades en el desalojo y demolición»
Según Giovanni Fratti, al haber un contrato de arrendamiento entre dos empresas (como en este caso), y cuando existe alguna discrepancia, «para ejecutar el desalojo, primero hay que ganar un juicio de deshaucio».
El habitante del inmueble no había sido vencido en juicio sumario, señala Fratti, quien agrega que por ello existen varios posibles delitos, agravados porque el afectado es un anciano que se acerca a los 90 años.
«Daños, abuso de poder, amenaza, lesiones leves o graves. Al señor lo dejan en la calle sin haberle ganado el juicio. Hay una serie de ilegalidades. Ningún abogado puede entrar en una casa sin orden de juez. No presentó orden, actúa delincuencialmente, supuestamente a nombre de su cliente».
