Día de la Tierra, 22 de abril. Jordán Rodas anuncia que promoverá la aprobación del Tratado de Escazú, mientras el director ejecutivo de ACDEPRO, Horst Spitzke, comenta que dicho tratado está vinculado con algunas leyes que, de ser aprobadas, amenazarán seriamente la protección del medio ambiente.
Roxana Orantes Córdova
Día de la Tierra, la conmemoración durante la cual el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, expresó en sus redes sociales que promoverá que el Congreso apruebe el Acuerdo de Escazú, considerado redundante por algunos ambientalistas, ya que repite las normativas existentes en Guatemala en materia ambiental.
Otra opinión, como la de Spitzke, gestor ambiental que cuenta con la certificación ISO 14001, que Guatemala ratifique el acuerdo sería fatal y está en concordancia con tres leyes que amenazan la frágil institucionalidad ambiental del país.
Iniciativas cuestionadas
Las iniciativas de ley con los números 6021,6054 y 6055, pretenden que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se convierta en un super ente, encargado de todas las actividades que actualmente están a cargo del CONAP, OCRET e INAB.
Tales normativas también absorberían o dirigirían las funciones de todos los comités encargados de proteger los cinco principales lagos de Guatemala. Además, una de estas leyes pretende extender una licencia petrolera que fue otorgada ilegalmente en 2010, en plena reserva de la Biosfera Maya.
Más de cinco comunicados condenaron todos o algunos de estos proyectos de ley. Lo interesante es que se oponen desde posiciones variadas: ACDEPRO, grupo que defiende la propiedad privada; Red de Forestería Comunitaria de Guatemala Utzche´, ONGs que trabajan en la cuenca de los lagos y muchos más.
Spitzke: «para mí, es un amarre con el Tratado de Escazú»
Horst Spitzke expresa que sería fatal si el MARN se encargara de dar directrices a todos los entes que actualmente realizan la gestión medioambiental. Según comenta, el MARN no solo es un ministerio desfinanciado, sino ha demostrado que no cumple su función a cabalidad.
Para Spitzke, el MARN ni siquiera implementa campañas de información o educación sobre el tema ambiental. «Partamos del manejo de desechos desde el hogar. No existen campañas educativas para esto, que podrían estar a cargo de dicho ministerio».
La vigencia de dichas normativas implicaría un control burocrático absoluto del ministerio sobre los actuales entes, lo que llevaría a multas, sanciones e incluso pretensiones de resarcimiento, señala el entrevistado, quien agrega:
«Mi posición es de cero tolerancia a la corrupción. Y otorgar esas competencias al MARN, generará corrupción. Para mí, estas propuestas de ley son un amarre con el tratado de Escazú, que pretende llevar el tema ambiental hasta las últimas consecuencias y motiva confrontación entre las ONG´s pro desarrollo y las ONG´s que fomentan la conflictividad».
Spitzke concluye:
«No vamos a avalar normativas que no permiten el desarrollo y terminarán de ahuyentar las inversiones en el país, afectando a la economía en general y sin ningún efecto positivo para el ambiente».
