El proceso electoral que inició formalmente el 18 de enero, presenta varios aspectos inéditos derivados de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y sus reglamentos, aprobados en 2016. Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP); Ricardo Barreno, analista del INCEP y Francisco Ballesteros, analista independiente, expusieron sus puntos de vista para los lectores de Perspectiva.
Roxana Orantes Córdova
Todas las acciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) relacionadas con el proceso electoral de este año se basan en la ley vigente. Los cambios que se realizaron en 2016 a esta normativa son vistos desde dos perspectivas: la equidad en la distribución de espacios publicitarios vs los límites a dos libertades fundamentales, la de expresión y la de contratación.
Tres meses antes de que inicie la campaña, la Corte de Constitucionalidad (CC), no ha resuelto las acciones interpuestas contra la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), por la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CPG). Esto puede implicar que el proceso electoral esté regido por una normativa que Fuentes Destarac calificó como “mal manufacturada”.
Por su parte, Barreno enfatizó en que la elección de 2019 implicará más control sobre las finanzas de los partidos políticos y las relaciones entre estos y los medios de comunicación.
Finalmente, Ballesteros señaló que los cambios impulsados por una bancada mayoritaria y que los ganadores serán los rostros ya conocidos, puesto que los partidos nuevos, con candidaturas poco mediáticas, pasarán desapercibidos.
El proceso que estrenará los cambios a la LEPP
Entre las novedades electorales que derivan de las reformas a la ley electoral, está la Unidad Especializada en Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, que ha motivado dudas y cuestionamientos en algunos sectores, aunque también es bien vista por otros sectores, para quienes el principal foco de corrupción electoral es la relación entre los medios de comunicación y los partidos políticos.
El artículo 220 de la LEPP estableció que la contratación de tiempos y espacios publicitarios para la promoción de partidos, es potestad única del TSE. La literal b de ese artículo, prohíbe a las personas independientes o jurídicas la contratación directa de espacios.
Los reportajes informativos, entrevistas a candidatos, manejo de páginas personales y de partidos, serán analizadas por la inspectoría del TSE, que determinará si la publicación de esos datos constituyó delito de propaganda anticipada o no.
El TSE, único contratista de publicidad electoral, realizará directamente el pago a los medios inscritos y autorizados por el ente electoral, que recibirán el 20 por ciento de la tarifa comercial. El monto de fondos asignados para esta actividad es el 0.5 por ciento del presupuesto recibido por el TSE para el proceso.
La tarifa será promediada según la modalidad de cada medio: escrito, televisivo, nacional, municipal o departamental, por ejemplo. Todo lo relativo a la divulgación e información electoral, será regulado por el TSE.
“El jaque mate es la distribución del tiempo”
Según Francisco Ballesteros, la reforma de 2016 fue promovida y aprobada por una bancada mayoritaria, cuyas figuras ya tenían una imagen fácilmente reconocible por el gran público.
En primer lugar, la tarifa ofrecida por el Estado es apenas el 20% de la establecida. “Esto ahuyentó a las grandes cadenas de televisión y radio, que no mostraron interés. Se reducirá significativamente la capacidad de divulgar ideas”, dijo.
Y agregó: “Se apostó al desconocimiento de candidatos. Se privilegiarán los que ya pueden ser reconocidos a simple vista. Los nuevos y desconocidos, quedan sin posibilidades. La reforma no buscó la equidad y los jóvenes que pretenderán postularse este año, entrarán con una desventaja inicial”.
La libertad de expresión será afectada, puesto que ninguna ideología política podrá ser expuesta a través de los medios. “Los candidatos deberán hacer campaña en espacios públicos, entre grupitos de amigos. Suponiendo que acudan cien y estos se repliquen a quinientos, puede esperarse que alcancen si mucho a 50 mil personas”, señaló.
A esto se suman las limitaciones a la expresión de ideas, en un contexto donde la mayoría carece de información y por ende, el voto se dejará influenciar por la tendencia general.
“Se dice que todos tendrán la misma oportunidad, pero la posibilidad de colocar seis vallas en todo el país y sobre todo, el jaque mate es la distribución de tiempo. Veinte segundos al aire ni siquiera alcanzarán para presentar el nombre del partido, el candidato o una canción”. Al parecer, la votación será por manadas, como en los setentas, cuando se votaba por los símbolos reconocidos, como “la estrella blanca con fondo verde”, concluyó.
Preocupante retardo de la CC
“Básicamente me preocupa que se realice un sufragio sin certeza jurídica. Las libertades de información y pensamiento son la base de la impugnación presentada ante la CC, que está pendiente de resolverse”, dijo Fuentes Destarac.
Según el presidente de la CGP, también es motivo de alarma que la autoridad electoral tenga potestad de inscribir o no a un candidato por haber aparecido en un medio de comunicación social. “Las personas resultan vulneradas en libre emisión de pensamiento y en el derecho a elegir y ser electo”, afirmó.
“No sé si la CC va a resolver antes de que la campaña inicie (en marzo). No hacerlo sería una irresponsabilidad”, comentó.
Recientemente, el diputado Leocadio Juracán, quien ocupa una bancada en Convergencia, se postuló para otra curul con Winaq. Consultado sobre si Juracán puede ser señalado de transfuguismo, considerando que esa palabra define a quien pasa de un partido a otro, Fuentes Destarac afirmó:
“La LEPP deja esto a la interpretación. Sería la CC la indicada en decidir si a este caso puede aplicarse el transfuguismo tal como está definido en la normativa vigente. Ese es el problema de dejar normas ambiguas”.
Y concluyó: “Es una reforma mal hecha, que protege a unos y complica a otros. Seguirá causando problemas, derivados de una mala manufactura”.
Implicaciones positivas
“Una de las implicaciones es que habrá más control sobre las finanzas partidarias y su relación con los medios. Se priorizará y ordenará el tema, para garantizar una mejor distribución de los tiempos y espacios informativos, de una forma más equitativa”, afirmó Ricardo Barreno.
Según esta opinión, la reforma permitirá una mayor construcción de ciudadanía, a partir de que las organizaciones políticas tendrán que orientar su gasto y su atención a generar propuestas de cómo abordarán los diferentes temas del desarrollo: salud, educación, medio ambiente y migraciones, entre otros.
Para el TSE se plantearán varios desafíos, dijo Barreno. Entre otros, la voluntad que puedan tener las organizaciones políticas y el nivel de coordinación del ente electoral y los partidos.
Otro desafío es que el país entrará al proceso electoral con una situación institucional compleja, donde las entidades que deben colaborar con el TSE tienen sus propias agendas, que es necesario unificar. Por un lado, el MP, con una complicada situación; por otro el Ministerio de Relaciones Exteriores, que pareciera responder más a una confrontación directa con actores internacionales que de cara al proceso; la Contraloría General de Cuentas con sus propios problemas. Es necesario que todas estas instituciones se “pongan en sintonía” del próximo evento electoral, dijo.
Las grandes debilidades de los partidos políticos, que si bien debieran ser un importante referente en temas democráticos, se organizan en torno al interés del rédito electoral y se orientan cada vez más hacia el modelo de franquicia, es probablemente uno de los desafíos más complejos.
Según Barreno, los cambios en la LEPP obligarán a los partidos a enfocarse más hacia la construcción de prácticas y ejercicios democráticos: capacitaciones, fortalecimiento ideológico, democracia interna.
Idealmente, debería lograrse un proceso que no se limite a la competencia entre partidos, sino que sea para la construcción de ciudadanía, que se encuentren mejores cuadros y donde los ciudadanos presten mayor atención a las candidaturas del poder local y el Congreso.
“La última legislatura nos enseñó los alcances reales que tienen para frenar o generar desarrollo sostenible”, concluyó.
