Polémico y contestatario, Otto Gómez conversa con Perspectiva sobre la acción de inconstitucionalidad que interpuso contra la FECI.
Roxana Orantes Córdova
El 2 de junio, la Corte de Constitucionalidad aceptó tramitar la acción de inconstitucionalidad presentada por Otto Gómez, cuya biografía está a medio camino entre una película de aventuras y una novela de superación.
En entrevista reciente publicada por un medio escrito, Gómez narró que trabajó como guardia en el Congreso de la República, donde se motivó a seguir estudiando y luego de cursar el Bachillerato por Madurez, siguió acumulando títulos académicos hasta llegar al Doctorado.
Involucrado en una disputa familiar que lo llevó a ser demandado por violencia contra la mujer, Gómez fundó la asociación civil llamada Voces de Jun Achí, que promueve los derechos masculinos.
Según comenta, su accionar como litigante le ha valido más de una campaña negra, ridiculizaciones mediáticas e incluso un atentado y acciones que podrían considerarse de intimidación.
En su cuenta de Twitter, Gómez escribió: “El desafío llamado FECI no es para destruirme sino para fortalecerme…”
¿Qué lo motivó a interponer la acción de inconstitucionalidad?
Son varios motivos y tienen antecedentes. Viendo el carácter inconstitucional de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), interpuse una acción de amparo contra Jimmy Morales, para que dicha comisión fuera retirada del país.
En esos días, un grupo de agentes de la comisión mencionada intentó secuestrarme.
La acción no fue tramitada, pero Morales decidió no renovar el contrato con la CICIG pocos días después.
¿Por qué consideró que la CICIG era inconstitucional?
El acuerdo debió ser aprobado en el Congreso, y la comisión de Relaciones Exteriores a la que llegó, entonces presidida por Zury Ríos, quien con el voto de 13 diputados logró que dicho acuerdo no recibió el dictamen favorable.
La ley se violentó al no llevarlo a otra comisión legislativa y presentarlo para una opinión consultiva en la Corte de Constitucionalidad (CC), a la que se hicieron tres preguntas, mas ninguna cuestionaba la legalidad del Acuerdo 35-2007, que fue ratificado por el Ejecutivo.
Esto me llevó a presentar una acción de inconstitucionalidad de carácter general contra el acuerdo de la FECI.
¿Cuál es su objeción al acuerdo que estableció la FECI?
Como abogado, estoy obligado por la ley a gestionar que se vele por el cumplimiento de la Constitución Política de la República, como establecen los artículos 135 (incisos A y B), de la Constitución y el 16 del Código de Ética de los abogados.
En el acuerdo que creó la CICIG se menciona que debe haber una fiscalía especial para colaborar con esa entidad, con calidad de fiscalía de sección y orientada a combatir los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, así como hechos cometidos por funcionarios que integren estructuras generadoras de impunidad, cuya función terminaría una vez terminada la gestión de la CICIG.
Pero en Guatemala no existen tipos penales para esto y por otra parte, si no existe la comisión, no debería existir esta fiscalía creada para colaborar con ella.
Entonces promuevo la acción para determinar que FECI es ilegal y surgen una serie de ataques en mi contra. Se me ha ridiculizado, incluso abogados ansiosos de lograr algún protagonismo. Se me ataca por los clientes a los que he defendido (la familia Rottman, el Taquero, Anabella de León y otros) y se ha llegado a decir que Sandra Torres está detrás de mí porque uno de los tres firmantes de la acción fue su abogado.
¿Cómo fue el atentado en su contra?
La prensa lo dio a conocer como un incidente confuso. Un carro me chocó, lo alcancé para que me pagara los daños y me dispararon ocho balazos que me provocaron discapacidad.
Se ha dicho que fui responsable de atacar al otro automovilista, que pateé su vehículo, pero yo resulté baleado. No tuve protección del Estado ni del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.
¿En qué fase está su acción actualmente?
Recientemente me dieron el acuerdo de la FECI y se dio un incidente que pudo ser un seguimiento con vehículos, aunque logré evadirlos. Estamos a la espera de que se señale audiencia para una vista pública presencial y a partir de ahí, hay 20 días para que la CC dictamine.
Aunque considero que el acuerdo es inconstitucional, cabe la posibilidad de que pesen más las presiones externas. Hay varias embajadas, medios de comunicación y organizaciones interesadas en esto.
¿Cree que hay campañas mediáticas articuladas para posicionar ciertos temas?
Los periodistas siempre se amparan en segundo párrafo del artículo 35 de la Constitución, pero este no les da carta blanca para difamar y mentir. Un ejemplo muy reciente es el de las vacunas rusas.
La embajada rusa ya informó que no hubo robo, que las vacunas llegarán a Guatemala y que ahí está el dinero. Esto se enmarca en un movimiento que busca incitar a la opinión pública para los siguientes delitos tipificados en el Código Penal: sedición (artículo 387), incitación pública (artículo 389), actividad contra la seguridad interior de la nación (numerales 1 y 4 del artículo 390) y terrorismo (391).
